Nación
MinTic prorroga suspensión de licitación para proyecto de Escuelas Potencia Digital y dice que hay “transparencia” en ese proceso
La Procuraduría había alertado sobre posibles irregularidades. Esta asciende a un monto de 407 mil millones de pesos.
El Ministerio de TIC compartió un comunicado en el que aseguró que la cartera decidió prorrogar la suspensión de la licitación del proyecto conocido como Escuelas Potencia Digital.
Esa convocatoria pública estaba abierta desde el semestre pasado y la Procuraduría General de la Nación había publicado unas recomendaciones sobre la transparencia de esa iniciativa, asegurando que podían estar en riesgo 407 mil millones de pesos.
“El viernes pasado, el Ministerio TIC tomó la decisión de prorrogar la suspensión de la licitación del proyecto ‘Escuelas Potencia’ por 10 días más, a la espera de la respuesta de la Procuraduría General de la Nación al informe presentado por la entidad, luego de las recomendaciones recibidas por parte del órgano de control. En dicho informe indicamos que no hubo ningún cambio en los pliegos de condiciones de la licitación”, escribió el Ministerio que dirige Mauricio Lizcano en un comunicado.
Ese plan tiene como objeto llevar conexión de internet wifi gratis a 3.082 instituciones educativas de carácter rural, recintos que están ubicados en 401 municipios de 28 departamentos. Si bien se abrió desde comienzos de mayo de 2024, se han lanzado diversas advertencia sobre esta que le han dado largas a la licitación.
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La Procuraduría ya había advertido sobre posibles irregularidades en la convocatoria pública que podrían llevar a que se termine declarando la nulidad del “negocio jurídico” que se celebraría si se entrega esa licitación con los parámetros que están planteados en la actualidad dentro de la convocatoria que está dispuesta en el Secop II.
“El Ministerio TIC reitera su invitación a la Procuraduría a realizar una Mesa Técnica entre las dos entidades, que permita exponer los argumentos técnicos de todo el proceso”, le dijo el despacho de Lizcano al ente de control en la misiva publicada este lunes.
La licitación está trazada por un valor exacto de 407.884 millones de pesos y, en principio, cerraba el 23 de mayo, pero las reiteradas advertencias de la Procuraduría sobre esta, sumadas a las prórrogas efectuadas por el Ministerio, han alargado el proceso.
El proyecto convocó a prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) y a los proveedores del servicio de internet (ISP) a presentar propuestas para instalar dos puntos de conexión en cada una de las instituciones educativas rurales: el primero de ellos al interior de las escuelas para el uso de los estudiantes y el segundo en la parte externa para que la comunidad aledaña tengo conexión a internet.
El Gobierno asegura que “la licitación para el proyecto de Escuelas Potencia digital ha sido un proceso transparente desde el primer momento. El Ministerio TIC agradece a la Procuraduría su acompañamiento, y por eso ratifica su voluntad de realizar un trabajo articulado con esta entidad”.
No obstante, este significa una millonaria suma de dinero que se entregaría a entre uno y cuatro oferentes desde el momento de la firma del contrato y hasta 2026, periodo que se determinó para la ejecución de este esquema.
El cruce de declaraciones entre el Ministerio TIC y la Procuraduría sobre este proceso comenzó en junio cuando el despacho que dirige la procuradora Margarita Cabello alertó sobre el posible cambio en el sentido de los pliegos y condiciones que se habría presentado a partir del anexo de una adenda a la licitación.
“Lo manifestado por los oferentes permite vislumbrar que la lectura integral del pliego de condiciones definitivo, se modificó por medio del documento de respuesta a observaciones, situación que lleva a entender la naturaleza del documento como una adenda, desde la perspectiva de los agentes del mercado participantes y la de este ente de control”, le dijo al Procuraduría a la cartera en una carta proferida sobre este proceso.
Así las cosas, el Ministerio TIC terminó prorrogando una vez más la licitación que, a juicio de la Procuraduría, podría significar un riesgo para los recursos del Estado colombiano.
