Miserables: impactantes audios revelan que el Clan del Golfo usó niños en paro armado sometiéndolos con drogas

El fuego consumía los camiones y otros vehículos que no acataron las restricciones del paro minero en el Nordeste antioqueño. Marzo de 2023 fue un mes de angustia y zozobra en la región por cuenta de la presión del Clan del Golfo, según lo dijeron las mismas autoridades. Muchos de los que generaban las llamaradas y llegaban a destruir el trabajo de los transportadores eran menores de edad. Los mismos que desconocían que, desde hace varios meses, un grupo de investigadores de infancia y adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) les estaban siguiendo la pista.

Todo surgió por cuenta de las 17 muertes de adolescentes que se dieron en Vegachi, Antioquia, en los últimos tres años. Es una cifra alarmante para un municipio que tiene unos 10.000 habitantes. Investigadores de la Policía de diferentes regiones llegaron a la zona preocupados por la situación. Temían que la niñez estuviera siendo instrumentalizada por grupos al margen de la ley, y no estaban lejos de la realidad.

El personal de inteligencia llegó completamente caracterizado, el solo hecho de que alguien sospechara que era uniformado le ponía precio a su vida. Ofrecían hasta 5 millones de pesos por cabeza. Esa es la razón por la que quienes participaron en la misión solían camuflarse con facilidad. Todos llegaron con un rol diferente: eran mineros, comerciantes y servidores públicos. Desde sus personajes pudieron observar, durante más de cuatro meses, la dinámica que se manejaba en la región y lo miserables que son los cabecillas del Clan del Golfo con los más pequeños para atraerlos a su cadena criminal.

A las afueras de los colegios siempre estaba a quien apodan la Reina, una mujer transgénero de 23 años que con los encantos de la dulzura femenina atraía a niños y adolescentes. Les ofrecía “dulces” que terminaban siendo sustancias psicoactivas. Ahí arrancaba el camino que conduce directo al infierno. La Reina era una ficha clave para la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo, con injerencia en el Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca. Ella enviciaba a los niños de 8 años en adelante y luego articulaba para que cuando los menores quisieran más y no tuvieran con qué pagar, los cabecillas financieros negociaban y les ofrecían pertenecer a su organización a cambio de drogas. Toda la información reposa en la decena de folios que tiene la Fiscalía, con la que argumentan la investigación.

Una vez la Reina entregaba sus presas, iba tras otra carnada: los comerciantes. Se paraba a las afueras de los negocios, averiguaba números de contacto, nombres de los dueños y pasaba la información para que fueran blanco de extorsión. Mientras tanto, a los niños que ya eran consumidores y que nunca tuvieron la oportunidad de conocer un radioteléfono, la organización criminal les entregaba uno que funciona punto a punto para que se ubicaran en lugares estratégicos, como zonas altas (montañas), o a la entrada y a las afueras del municipio para que informaran a la estructura qué movimientos observaban en el pueblo. Eran los campaneros.

Al cumplir los 12 años de edad, en adelante, llegaban a ocupar los rangos de placeros: a quienes les daban la responsabilidad de expender el microtráfico. Les entregaban una bomba, como llaman el kit de 50 bolsas de marihuana, 50 de bazuco y 50 de perico; por cada bomba, el menor tenía que responder por aproximadamente 1.500.000 pesos. Suelen distribuirse en zonas boscosas, una estrategia a la que le apuesta el grupo delincuencial para evitar la extinción de dominio del terreno en el que infringen la ley. Las primeras semanas suele marchar bien el negocio, pero existen dos pecados capitales, como ellos mismos al interior de la organización criminal los bautizaron, que ponen una lápida sobre los menores en caso de ser tentados. El primero es que consuman el producto y no lo paguen, y el segundo, que entren droga de contrabando, es decir, de otro grupo que no tenga el aval del Clan del Golfo. Esas fueron precisamente las causas que incrementaron los homicidios en los menores de edad.

A los más “comprometidos” les daban armas. Niños de 13 años en adelante con pistolas y revólveres que consiguen en el mercado negro, pero ellos no solo ejecutaban la labor de sicariato sino que además, a algunos, como en el caso de Sayayín*, de 15 años, le daban la libertad de ordenar muertes. Ajusticiaban por temas relacionados con el microtráfico y también a quien se negara a pagar una extorsión. Sayayín es visto en su entorno como un héroe, de hecho, los niños del barrio lloran y salen corriendo detrás de él cada vez que las autoridades llegan a requerirlo pretendiendo restablecer sus derechos.

El Clan del Golfo ha hecho que el sueño de muchos pequeños sea pertenecer a la organización y que luego se enfilen al ala militar del grupo criminal, porque sienten que así tienen poder para intimidar a la población y seguridad para su familia. En medio de la investigación se desarrolló el paro minero; fue allí cuando se evidenció la participación de los menores que son utilizados como carne de cañón por los cabecillas del grupo criminal. En interceptaciones y audios de mensajería instantánea se evidencia que los organizadores de la revuelta dan órdenes para que los jóvenes hagan parar a toda la región. “La idea es apretar ese comercio para que cierre; hoy no las quisieron creer, mañana sí vamos a apretar con ganas”, se escucha en uno de los mensajes que está en poder de las autoridades.

El coronel Juan Pablo Cubides, director de la Dipro, confirmó que el reclutamiento de menores por parte del Clan del Golfo se incrementó durante la pandemia. Hay soportes de que en la región del Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca 73 menores han sido instrumentalizados por esa organización, afectando a habitantes de alrededor de diez municipios, entre ellos, Vegachí, Yalí, Remedios, Segovia y Yolombó. En este último, un menor de 9 años murió por cuenta de la presión que ejercieron en el paro minero; el niño, que completó ocho días con fiebre en su casa, no pudo ir a un hospital porque no había paso en la vía. Cuando logró transportarse presentó un paro cardiorrespiratorio que le arrebató la vida.

Lo que llama la atención es que líderes políticos de Vegachí estarían apoyando estas tragedias que afectan a los más inocentes, como se logró determinar tras meses de seguimiento. La concejala Adiela Agudelo, de 57 años y que completaba dos periodos ejerciendo control político, representando al Partido Liberal, sería coordinadora financiera del Clan del Golfo, pues en contra de ella hay material probatorio en el que la identifican como el canal para que los menores de edad fueran usados en la comisión de delitos.

Se estima que la subestructura criminal recibe ganancias mensuales de más de mil millones de pesos por cuenta de extorsiones y narcotráfico, entre otras rentas ilegales.

Recientemente, un centenar de policías ingresó al municipio y, en una acción distractora, lograron dar uno de los golpes más fuertes en la región: capturaron a la concejala, a alias la Reina ‘y a otras 12 personas. Además, encontraron a nueve menores de edad y realizaron dos imputaciones tras efectuar diez allanamientos de manera simultánea. Pero varios de los menores que habrían participado en los homicidios siguen en libertad porque la ley es más laxa con ellos. Y por el nivel de conciencia que ya tienen a los 15 o 16 años, es difícil restablecer sus derechos por voluntad propia; desde muy niños los manipularon y ahora prefieren huir para continuar siendo víctimas del sistema perverso que maneja la delincuencia.