Reclutamiento forzado
Misión humanitaria de la Defensoría y Cruz Roja permitió entrega de dos menores indígenas en poder de disidencias de las Farc
Los dos mejores de edad se encontraban en poder de la columna Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia.
Un grupo humanitario integrado por la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Diócesis de Tumaco y la Oficina del alto comisionado para la Paz, logró rescatar a dos adolescentes de 14 y 16 años pertenecientes a comunidades indígenas del norte del Cauca, que estaban en manos de disidentes de las Farc.
Los dos menores de edad se encontraban en poder de la columna Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia, tras enfrentamientos armados con la columna Franco Benavides perteneciente al Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las Farc, facción por la que, al parecer, habrían sido reclutados forzosamente en su comunidad en el norte del Cauca.
La misión humanitaria los recibió en una zona rural del piedemonte costero nariñense, activó los procedimientos de protección de sus derechos con el apoyo del CICR y los entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y el posterior regreso a sus familias.
La Defensoría del Pueblo expresó que mantiene dispuestos sus canales humanitarios y su experiencia de mediación para facilitar el retorno seguro de todas las personas que se encuentran en poder de grupos armados ilegales.
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Finalmente, la entidad reiteró su llamado enfático para que los grupos armados ilegales dejen por fuera del conflicto armado a los menores de edad, quienes son sujetos de especial protección constitucional.
Casos de reclutamiento forzado
La Defensoría del Pueblo alertó que, desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022, se reportaron 155 casos de reclutamiento, 30 de ellos durante 2022, “lo cual permite corroborar que los menores de edad siguen siendo algunas de las principales víctimas de los grupos armados, como ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas”.
Los departamentos donde más se han presentado casos son: Caquetá (37), Cauca (25), Arauca (16), Nariño y Putumayo (10 cada uno), Tolima y Antioquia (9 cada uno), Norte de Santander, Meta y Amazonas (5 en cada uno), Chocó (4) y Vaupés y Córdoba (3 cada uno).
De acuerdo con la Defensoría, de las 34 alertas tempranas emitidas durante 2022, en 31 de ellas se advierten riegos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Córdoba, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Atlántico.
De igual forma, en las alertas tempranas emitidas también ha advertido riesgos de confinamiento de comunidades. Esto genera “afectación al derecho a la educación y la deserción escolar, aumentando el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes”.
“Claramente, hay un subregistro de los casos de niños, niñas y adolescentes reclutados en todo el país, pero en los casos conocidos, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a unir esfuerzos interinstitucionales y humanitarios para salvaguardar con urgencia la vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidades, quienes siguen siendo víctimas del accionar de los grupos ilegales”, indicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Para contrarrestar el flagelo, la Defensoría implementó un botón de registro de casos para que las defensorías regionales alerten en tiempo real.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, también alertó que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y bandas delincuenciales en el país persiste y ha aumentado.
De acuerdo con cifras del Ministerio Público, “se presentó un aumento del 23 % en el número de los niños, niñas y adolescentes en programas de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando de 180 niños y niñas desvinculados por grupos al margen de la ley en el año 2021, a 220 beneficiarios en materia de protección durante el 2022″.
De igual modo, el organismo también advirtió que los menores de edad que pertenecen a pueblos étnicos también han sido afectados de manera “desproporcionada” por este flagelo. Según el Registro Único de Víctimas en Colombia, 68 indígenas y 28 afrocolombianos han sido víctimas entre 2021 y 2022, “dando cuenta de la persistencia de la violencia en sus territorios y los impactos de este delito”.
