MOE pide al Congreso de la República no aprobar reforma a la Procuraduría

Creación da cargos no determinados que incrementan la burocracia y otorgamiento de facultades a jueces o a funcionarios, lo que concentra el poder para realizar allanamientos e intervenir las comunicaciones son algunos de los puntos alrededor de los cuales, la Misión de Observación Electoral-MOE advierte que incluye el proyecto de reforma a la Procuraduría General, por lo que pide al Congreso de la República no aprobarlo.

La propuesta legislativa ya ha desatado polémica en Colombia. Fue presentada en conjunto por la Procuraduría y el Ministerio del interior, como respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del excalcalde de Bogotá Gustavo Petro, alrededor del cual dijo que solo “con condena, por juez competente, en proceso penal”, se pueden imponer sanciones de inhabilitación o destitución a funcionarios electos popularmente.

La MOE señala que el proyecto estaría en contravía con lo señalado por la corte de derechos humanos.

De acuerdo con lo señalado por la Misión de Observación Electora, la iniciativa legislativa “concentra en la Procuraduría facultades de investigación y sanción de destitución, suspensión e inhabilidad contra todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos o no popularmente”.

Para la MOE, es motivo de preocupación que el proyecto busque “convertir a los procuradores en jueces, quienes tendrían el poder de abrir investigaciones, y de ser el caso, sancionar e inhabilitar a funcionarios.”

Alejandra Barrios, directora de la MOE, expresó que “este diseño no responde a lo solicitado por la CorteIDH, toda vez que pese a que el proyecto otorga facultades jurisdiccionales, estas se mantienen en una institución de carácter administrativo, y no son trasladadas a un juez penal”.

La directora de la MOE agrega que dichas facultades “se mantienen en un órgano cuyo titular tiene un origen político, debido a que es elegido por el mismo Congreso de la República, lo que no brinda las garantías de independencia e imparcialidad necesarias”.

¡Ojo!

Aún más preocupante para la MOE es que en la propuesta legislativa se estarían autorizando “interceptaciones de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos; así como vigilancia y seguimiento de personas y hasta retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones”.

Para la MOE, con el proyecto hay alto riesgo de afectación del principio democrático y de los derechos políticos de los ciudadanos.

Burocracia en medio de ajuste de gastos

Otra de las preocupaciones que expresa la MOE es el incremento de la burocracia en entidades del Estado, haciendo uso de esta iniciativa, en una coyuntura en la que, por el lado de las menguadas finanzas públicas, se habla de ajustes y austeridad en el gasto con recursos del Estado, los cuales provienes de los impuestos de los colombianos.

“Haciendo uso de la iniciativa legislativa, presentan al Congreso de la República proyectos de reforma legal que en el marco de la modificación y ampliación de sus funciones, aumentan sin mayor justificación, su planta de personal. Generando con ello un incremento en la burocracia de la entidad, sin presentar estudios sobre el impacto fiscal y sin brindar información sobre el número de cargos a contratar. Esto en medio de la mayor crisis económica en la historia republicana de Colombia”.

No es una ley ordinaria

En conclusión, desde la perspectiva de la MOE, “este proyecto de ley afecta el núcleo esencial del derecho a la participación política en Colombia. Razón por la cual, su trámite no corresponde al de una ley ordinaria, sino al de una ley estatutaria”.

El hecho de que el proyecto de ley tenga adjunto un mensaje de urgencia presidencial, reduce el debate alrededor de su contenido, que no es tan simple como se pretende mostrar. “La deliberación amplia y suficiente en un tema crucial para la democracia colombiana es necesaria”, enfatiza la MOE.