Fallo ordena a representantes afro entregar sus curules

En un máximo de 10 días hábiles los representantes a la Cámara Moisés Orozco y Gustavo Rosado deberán dejar de ocupar las curules que asumieron en el Congreso en representación de la circunscripción afrodescendiente, gracias a un fallo de desacato que acaba de proferir el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

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Esa corporación le ordenó al Congreso de la República cumplir la acción de tutela por medio de la cual el Consejo Superior de la Judicatura había ordenado suspender la ocupación de las curules hace dos años, mientras que el Consejo de Estado resolvía de fondo la validez de la elección.

Cuando la fallecida congresista María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco asumieron sus cargos como legisladores, en representación de la comunidad afro, muchos representantes de ese grupo minoritario pusieron el grito en el cielo.

Para ellos, estos dirigentes se habían abrogado una capacidad de representación que les era ajena, pues la forma como terminaron inscritos en las elecciones del 2014 no podía darse como el resultado del legítimo aval de las comunidades negras.

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Por eso, se interpusieron numerosas acciones judiciales cuestionando la legalidad de la elección como representantes a la Cámara, entre ellas una acción de tutela fallada en el 2014, por medio de la cual se ordenó suspender la designación de ambos parlamentarios, mientras el Consejo de Estado emitía un fallo de fondo.

Esa determinación nunca se hizo efectiva, pero, además, mientras tanto, el Consejo de Estado determinó que los parlamentarios demandados podían seguir aferrados a sus cargos mientras la entidad judicial determinaba si el proceso en el cual resultaron electos era legal o no.

Luego, tras la muerte de la parlamentaria María del Socorro Bustamante, fue reemplazada por Gustavo Rosado.

El ciudadano Heriberto Arrechea, el mismo que convenció al Consejo Superior de la necesidad de suspender ambas curules afro, le pidió al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá hacer efectiva esa decisión.

Y lo consiguió. Al fallar una acción de desacato, ese órgano judicial le ordenó a la Cámara de Representantes hacer efectiva la orden de suspender los efectos de la elección de los congresistas Rosado y Orozco, como en el 2014 lo determinó el Consejo Superior de la Judicatura.

Así las cosas, a parte de la decisión que deja por fuera de la función legislativa a los parlamentarios, este fallo casa un nuevo choque de trenes entre las altas cortes, que esta vez tendrá enfrentados a un Consejo de estado que pugna por la continuidad de los demandados y un Consejo Superior y su Seccional de Bogotá que defienden su salida momentánea.