“Muchos desplazados aún no confían en el proceso de paz”

Las víctimas ahora están en el centro de las negociaciones en La Habana. No sólo porque el 12 de agosto se comenzará a discutir el punto cinco de la agenda entre el gobierno y las FARC, que trata precisamente sobre víctimas, sino que se está escogiendo quiénes conformarán las delegaciones que representarán a los 6.6 millones de colombianos que han padecido directamente la guerra.

De esos millones de personas, el 87 % han sido desplazados para un total de 5,7 millones de personas afectadas por este flagelo. Colombia es el país en la región con más víctimas del desplazamiento y el segundo en el mundo después de Siria, según el más reciente informe de la ONU y el Consejo Noruego de Refugiados (CNR).

Si se logra reparar a los desplazados, la gran mayoría de las víctimas dejarían de estar en condiciones vulnerables. ¿Cómo les serviría entonces un eventual acuerdo del proceso de paz? Martin Gottwald, representante adjunto del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), explica este asunto desde su mirada internacional.

Martin Gottwald: El gran reto entonces era la invisibilización pues el gobierno no los llamaba desplazados sino migrantes económicos. Hace 20 años, el conflicto estaba más que todo en el interior del país. Cuando aparecieron los paramilitares, la guerra se agudizó en las zonas fronterizas y muchos colombianos cruzaron los límites internacionales para sobrevivir.

M. G.: En 2014 hay nuevas dinámicas de violencia en Colombia. Las víctimas de los grupos armados no estatales muchas veces no pueden decir qué les pasó porque el grupo los amenaza de muerte si declaran. Entonces no se registran como víctimas y no aparecen en las estadísticas oficiales. Cuando el gobierno dice que las cifras están bajando, no necesariamente corresponde a la realidad en el terreno.

M. G.: Hoy tenemos la trampa del posconflicto pues se corre el riesgo de que con la firma de una negociación se presuma que no hay desplazados ni violaciones de derechos humanos, de que se sugiera que con un acuerdo de paz con las FARC se acaba la violencia en Colombia. Eso no es lo que la realidad nos muestra pues varios informes de derechos humanos revelan un panorama de violencia urbana que sigue deteriorándose. 

M. G.: Lo más fácil es quitarles las armas a los combatientes de esa guerrilla y lo más difícil es reintegrarlos a la sociedad civil. Por ejemplo, muchos de los que trabajaban para las guerrillas en el Salvador y Guatemala, después de firmar la paz se afiliaron enseguida a grupos criminales. Eso es lo que hay que evitar en Colombia.

M. G.: Suponiendo que las FARC, o por lo menos gran parte de esa guerrilla, cesen sus operaciones, se desocuparían vastos territorios. Por ejemplo, casi la totalidad de Guaviare. Eso no es suficiente porque hay otros grupos armados que siguen buscando el control territorial, disputándose el mercado de productos ilícitos, y es muy probable que ellos entren. 

M. G.: Que en seguida de la posible desmovilización, el Estado haga una presencia importantísima junto a la comunidad internacional, que es un árbitro que asegura que se respeten los derechos humanos. 

M. G.: Es que estén por ejemplo el Ministerio de Educación y las autoridades de salud. ¿Por qué un grupo armado ilegal recluta a un niño? Porque no hay un colegio, no hay otras posibilidades de ingreso económico o no hay proyectos psicosociales tan simples como una cancha de fútbol. No sólo el Estado es agente de cambio sino la sociedad civil en general. Esto, más la seguridad porque no me sirve el colegio que hay a 100 metros de mi casa si me matan en el camino.

M. G.: El 50 % de los desplazados del país viven en los cascos urbanos. Muchos de ellos quieren quedarse en las ciudades e integrase. Muchos otros, que están en el campo y en otros países, quisieran retornar. El problema es que los estudios que ha hecho ACNUR con esa población revelan que ellos no tienen la confianza de que este acuerdo de paz pueda generar un mejoramiento de su seguridad y su economía. Recuperar esta confianza tomará tiempo y no es cuestión de meses sino de años. Si tú hablas con un desplazado en Colombia o un refugiado que está en otro país, te das cuenta de que ellos no están convencidos de estas negociaciones.

M. G.: Faltan políticas públicas que permitan que las mismas víctimas participen. En Guatemala, por ejemplo, los refugiados negociaron con el gobierno las condiciones de retorno y reubicación. Es una buena práctica que se puede aplicar acá. 

M. G.: Colombia es uno de los países más impresionantes en marcos legales y políticas públicas para proteger a los desplazados. Eso no existe en muchos países del mundo. En Siria, por ejemplo, no hay una Corte Constitucional que le diga al presidente: tú estás violando los derechos humanos. Aquí hay un trabajo admirable en cuanto a autos y sentencias que ha obligado al gobierno a revisar sus políticas públicas y a asegurar que sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva. La situación mejorará en la medida que el Estado asegure el acceso a todos los derechos. Confío en  que eso sí se puede lograr en Colombia dada la buena voluntad del gobierno de cambiar la situación.