Muerte de Ana María Castro: los últimos avances del caso

Tras entregarse a las autoridades en la tarde del lunes, la Fiscalía General de la Nación le imputó este martes a Paul Naranjo el delito de feminicidio agravado por la muerte de Ana María Castro Romero, ocurrida en marzo de 2020 en el norte de Bogotá. Naranjo se entregó en compañía de su abogado y en cumplimiento de una orden de captura que corría en su contra hace más de un mes. Sin embargo, Naranjo no aceptó los cargos.

De acuerdo con el ente investigador, Naranjo y Julián Ortegón, quien fue previamente imputado por el mismo delito, serían los responsables del deceso de la joven de 21 años de edad, que habría sido arrojada de un vehículo en movimiento.

En la audiencia de imputación realizada este martes, la Fiscalía presentó el material probatorio contra los dos hombres, que incluye testimonios, audios y videos de seguridad del día de los hechos.

El fiscal manifestó que Naranjo conducía el vehículo del que supuestamente fue lanzada Castro, acción que habría provocado minutos después su muerte. El delegado del ente investigador reiteró que los testimonios ubican en el lugar, fecha y hora del feminicidio al hombre con un agravante adicional: la omisión de socorro.

Adicionalmente, señaló que las pruebas son el argumento fundamental en la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra tras considerar que representa un peligro para la sociedad y el proceso.

En la audiencia, el abogado John Cadena, apoderado de Naranjo, le pidió a la Fiscalía reconsiderar la imputación en contra de su cliente por considerar que los hechos investigados se relacionaban más con un homicidio culposo agravado.

El apoderado afirmó, además, que no estaba de acuerdo con la afirmación de la Fiscalía de que su cliente represente un peligro para la sociedad y que, por ello, fuera necesaria la imposición de una medida de aseguramiento.

Posteriormente, la juez de control de garantías procedió a preguntarle a Naranjo si aceptaba los cargos imputados.

Tras solicitar un receso para discutir la situación, Naranjo y su defensa rechazaron los señalamientos de la Fiscalía y además advirtieron que se opondrán a la medida de aseguramiento. Señalaron que, durante todo este proceso, Naranjo asistió a las citaciones de la Fiscalía y colaboró con la justicia, por lo que no existe riesgo de fuga.

No obstante, la Fiscalía señaló que Naranjo se encontraba prófugo de la justicia luego de conocer la orden de captura que fue emitida en su contra, el mismo día que se conoció la detención de Julián Ortegón.

Cabe recordar que Ortegón, el otro hombre imputado, fue capturado en días pasados en el norte de Bogotá y fue presentado posteriormente ante un juez de control de garantías. Tras revelar el material probatorio en su contra, que incluyó algunos antecedentes de violencia intrafamiliar o violencia de género, la jueza consideró oportuna la solicitud del fiscal del caso de enviarlo a una cárcel.

Entre los argumentos para decretar la medida de aseguramiento contra Naranjo está la evidencia basada en testimonios, de que en la madrugada de los hechos a Ana María Castro se le quedó el celular en el vehículo del hombre y ese equipo no fue entregado a las autoridades.

Para el fiscal del caso, el celular hubiese servido como prueba fundamental dentro del todo el proceso. El delegado insistió que el teléfono móvil era relevante por la información que pudiese contener, como mensajes y llamadas de la víctima, tal vez con la evidencia del estado de indefensión en que se encontraba.

“Tenemos la declaración de un vigilante que escuchó cuando vio llegar a Paul Naranjo en compañía de otro hombre, que de acuerdo con la investigación sería Julián Ortegón, manifestar qué hacían con el celular de aquella, refiriéndose al equipo celular de propiedad de la víctima, Ana María Castro”, señaló el fiscal del caso.

Del celular al final no se supo nada, solo lo que quedó consignado en las declaraciones de varios testigos que afirmaban que el equipo lo dejó la víctima en el vehículo de Naranjo y que nunca llegó a la Fiscalía para hacer los análisis forenses correspondientes.

No descartaron indemnización

Durante la audiencia, la defensa de Naranjo insistió en que los que los hechos investigados por la Fiscalía y que vinculan a su cliente están más cerca de un homicidio culposo en circunstancias de agravación, por la omisión de socorro, que de feminicidio agravado.

En diálogo con SEMANA, el abogado advirtió que si se producía la modificación del delito imputado ellos podrían plantear una aceptación de cargos y, por tanto, llegar a una indemnización económica a través del seguro que tendría el vehículo comprometido en la investigación. Subrayó que esa indemnización solo podría darse con la modificación de la imputación, pues si se mantenía el feminicidio ninguna aseguradora asumiría ese proceso de reparación.

La propuesta fue rechazada por el fiscal, que mantuvo el delito de feminicidio. Tras la negativa del ente acusador, el abogado no interpuso más recursos.

Según informaron fuentes del proceso a SEMANA, con la imputación de cargos, la estrategia de la defensa estaría más cerca de una negociación posterior a través de un preacuerdo o un principio de oportunidad entre la Fiscalía y Naranjo.

La Fiscalía, además de mantenerse en la imputación de cargos por este delito, por el momento, no ha manifestado intención alguna de llegar a una negociación con los ahora judicializados. El fiscal del caso le dijo a la jueza de control de garantías que tienen todo el material probatorio en contra de Ortegón y Naranjo, para llevarlos a juicio.