Muerte de anciano en Girardota: la respuesta de una mujer señalada por la familia de su pareja

La disputa sobre los bienes del anciano, enrarece las relaciones entre los hijos de su matrimonio con su compañera sentimental de más de 40 años.

Toda historia suele tener múltiples versiones, diferentes caras y el caso de la muerte de José Vicente Sierra Meza, ocurrida la noche del miércoles 31 de enero de 2018 en su finca de Girardota, cuyo cuerpo fue ingresado a la Unidad Básica del Instituto de Medicina Legal de Medellín horas después, no es la excepción.

Es que según señalamientos hechos por Patricia Sierra, hija de José Vicente, la que puede ser vista como la muerte de una persona mayor debido a múltiples problemas de salud, también podría ser un caso más de negligencia y corrupción en las instituciones de justicia del país. Su principal argumento, según señaló a finales de abril, es que, a pesar de las evidencias y que los forenses determinaron que murió por causas violentas, no ha habido poder humano que logre que la investigación del crimen avance.

Frente a esto el abogado Salomón Polo Díaz, apoderado de Stella Rendón de Aristizábal, compañera sentimental por más de 40 años de Vicente Sierra, señala tajantemente que dichas afirmaciones son inexactas, faltan a la verdad y violan el derecho a la honra y buen nombre de su clienta.

“De acuerdo con la Ley no se puede hablar de crimen mientras no haya al menos una imputación de cargos por un fiscal y además mientras el caso no sea juzgado bajo un debido proceso, según el Código de Procedimiento Penal. La presunción de inocencia es un Derecho Fundamental y la Constitución garantiza el derecho a la intimidad y al buen nombre”. indica.

Según el apoderado, la causa de la muerte aún “está en proceso de investigación” y es un “presunto crimen”. Además, señala, que ante el argumento presentado por la hija de que se trató de una muerte violenta, con base en un “extracto” de un documento del Instituto de Medicina Legal, esta es solo “una hipótesis o sea una probabilidad, no una certeza”, porque “las certezas las establecen las investigaciones fiscales y los jueces”.

Su hija Patricia también ha señalado que en la muerte de su padre “parece haber un interés económico de fondo” y “está seriamente comprometida Blanca Stella Rendón de Aristizábal”, porque, según explican, en sus 86 años de vida y después de mucho trabajo, el hombre logró acumular un buen número de propiedades, entre las que se cuentan fincas, locales y apartamentos en el departamento de Antioquia; además de un millonario capital, cuantificado en ahorros y títulos valores, como resultado de sus negocios.

Pero para el abogado Polo estas afirmaciones no tienen base legal y “responden más bien al interés de los hijos de José Vicente de que se declare jurídicamente indigna Stella, hoy anciana de 81 años, que fue su compañera durante más de 40 años, y así lograr despojarla de la herencia destinada para ella en su testamento”.

En este punto, dicho profesional señala que primero hay que analizar el “tinglado testamentario” cuestión propia de los juristas especializados en la materia y las intenciones que hubiere tenido el testador respecto de su compañera sentimental y de sus hijos.

Para este abogado, el testamento de José Vicente fue hecho bajo la legalidad y en plena conciencia, pues según él, el propio José Vicente tuvo que defender a Stella “en varias ocasiones cuando fue agredida verbalmente por Patricia, en la propia residencia de la pareja, la que cual fue adjudicada a José Vicente por liquidación de sociedad conyugal en 1972, ya que este aproximadamente desde 1970 ya estaba separado por las vías de hecho de la madre de sus cuatro hijos”.

En los señalamientos hechos a los medios de comunicación Patricia señaló retraso en la investigación de la muerte de su padre, ante esto Polo dice que este “ha sido impulsado por la misma Patricia, lo cual puede observarse en la Resolución de la Fiscalía General de la Nación 585 del 18 de Marzo de 2021, en la que, según dice, “se advierte la existencia de factores externos al proceso que podrían impedir el curso normal de la investigación, que además pueden poner en riesgo el ejercicio independiente de los funcionarios en el desarrollo de sus actividades dentro de las indagaciones y la necesidad de asegurar una diáfana aplicación de la justicia, apartándola de toda sospecha o suspicacia”.

En los últimos tres años y 3 meses el proceso ha pasado por cuatro fiscales. “Y ahora por solicitud de Patricia ha sido trasladado a la Fiscalía de Bogotá”, dice Polo. Corresponde a la autoridad judicial entonces pronunciarse ahora sobre la disputa generada entre las partes contendientes que de una u otra manera se disputan los bienes del señor José Vicente Sierra.