CIDH, la última carta de Musa Besaile antes de ir a la cárcel

El abogado Víctor Mosquera radicará en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, un escrito en el que pedirá la protección de su nuevo defendido, el senador Musa Besaile, a quien la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura.  

Este viernes se completan cuatro días sin que el senador se haya presentado ante la justicia. En las últimas horas, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, manifestó que en la residencia del senador y con autorización de la familia se pudo corroborar que no padece de problemas críticos de salud. Aunque se esperaba que la detención se hiciera efectiva de inmediato, siguen corriendo las horas sin que Besaile haya sido puesto a disposición de la corte.

El abogado Mosquera ofrecerá desde Estados Unidos una rueda en la que sostendrá que cuenta con evidencia suficiente para demostrar que existió una extorsión de parte del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien en nombre del magistrado Leonidas Bustos le habría pedido $2.000 millones al político para frenar una orden de captura.  

Aunque los pormenores del viraje en la estrategia de defensa de Besaile se conocerán solo hasta el viernes, esta decisión de acudir a los tribunales internacionales viene con una posición moderada frente al millonario pago, que en todo caso tuvo como propósito cambiar el rumbo del proceso en la Corte. Ante la justicia colombiana, Musa Besaile se declaró una víctima del delito de extorsión.  

El tiempo juega en contra de las palabras del abogado en Colombia, Julián Quintana, quien fue enfático en señalar que Musa no se estaba escondiendo y que siempre le ha dado la cara a la justicia. El abogado Mosquera, quien entra a jugar en el equipo de la defensa del senador, aseguró que su condición para llevar el caso es que Besaile se entregue a las autoridades colombianas.  

A medida que pasan las horas sin que se concrete la captura, la situación se hace más crítica para el senador de La U, quien aglutina el mayor caudal electoral de ese partido. 

Jugársela por acudir ante la Comisión Interamericana es una estrategia a la que han recurrido un amplio grupo de políticos, de todas las orillas,  que no contentos con las decisiones de la justicia colombiana tocaron puertas por fuera del país.

Así lo han hecho el exministro de salud Diego Palacio, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, los exalcaldes de Bogotá Gustavo Petro y Samuel Moreno. También aparecen los parapolíticos Odín Sánchez, Ciro Ramírez, Miguel Pinedo y Luis Alberto Gil, todos aforados que reclaman el derecho a la segunda instancia.

Del listado, solo en el caso de Gustavo Petro, la Comisión IDH llegó a emitir medidas cautelares para que no pudiera ser separado de la alcaldía de Bogotá, cuando el procurador Alejandro Ordóñez decidió su destitución. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos de manera inédita desacató la medida de la comisión, al considerar que aún tenía instancias que agotar en la justicia interna. Así fue: el Consejo de Estado dictó una medida cautelar que lo devolvió al cargo.

La Comisión es una especie de fiscalía que recibe las denuncias y las estudia. El principal requisito es que en el país se hayan agotado los recursos internos, es decir, que el caso no esté pendiente de una decisión ante la justicia nacional. Por cuenta de las turbulencias políticas y la politización de la justicia en muchos países del continente, cada vez más personas están visitando Washington.  

Sin embargo, financieramente es un organismo que tiene limitaciones importantes. Tiene volumen de más de 6.000 peticiones, y cuenta con un equipo de 12 abogados para analizarlas y tres para determinar si otorgan medidas cautelares. 

Esto hacen que se hagan más lejanas las posibilidades de que el organismo internacional atienda el requerimiento del senador, que está bajo la lupa del máximo tribunal de lo penal en Colombia, ya que en el pasado pudo hacerle el quite a la justicia, que por ahora lo requiere por los presuntos hechos de corrupción, sin embargo, nuevas decisiones estarían por tomarse dentro de su caso por parapolítica, un expediente que la corte ha desempolvado.