¿Nacen fuerzas similares a los colectivos chavistas en Colombia? Generales (r) se despachan contra el Gobierno Petro por beneficios judiciales a integrantes de la primera línea

Los más de 30 años de servicio en la Policía y haber tendido que enfrentar el llamado estallido social y los graves delitos que cometieron miembros de la primera línea, por los cuales están detenidos, les da autoridad a los entonces comandante de la Policía de Bogotá, el general (r) Eliécer Camacho y al director de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, general (r) Fernando Murillo, para hablar con propiedad de la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de darle beneficios judiciales a integrantes de este grupo.

SEMANA habló con los dos altos oficiales y coincidieron en que quienes están privados de la libertad no eran manifestantes, sino presuntos criminales que deben responder ante la justicia por sus actuaciones delictivas durante el llamado estallido social.

Sobre las personas que fueron detenidas por la Fiscalía, hay pruebas contundentes en su contra. “Desafortunado, como dice todo el mundo, que hoy estén dejando en libertad a estas personas y darles el título de gestores de paz”, dijo el general Fernando Murillo, exdirector de la Dijín.

“El trabajo técnico y de investigación es sólido, algunos ya han llegado a acuerdos con la Fiscalía y han revelado los nombres de quienes fueron los autores de los hechos criminales; eso fue justamente lo que permitió las órdenes de captura en contra de estas personas”, agregó el oficial en retiro Murillo.

Dijo que lo que lograron evidenciar las investigaciones, en su momento, es que sí hubo toda una preparación para “delinquir como lo hicieron el 18 de abril del 2021. No estamos hablando de personas inexpertas, estaban preparadas para generar torturas, homicidios, extorsiones, hurtos y acciones que están enmarcadas dentro del concepto de terrorismo”, señaló el general Murillo.

De igual manera, el oficial le respondió al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha mencionado que en algunos casos se exageró por parte de la Fiscalía al imputar el delito de terrorismo a algunos de los detenidos.

Sobre esto señaló que “está muy claro desde la parte estratégica cuando se analizaron los eventos, como los sucedidos en Cali, Bogotá, Neiva y Pasto, de que todas las actividades que se estaban haciendo desde el ámbito criminal estaban coordinadas y financiadas por grupos al margen de la ley, incluso narcotráfico. Esto no fue de manera espontánea, hubo una planeación para deslegitimar las instituciones (…) se evidenció al ELN y disidencias de las Farc, hay pruebas en los procesos judiciales que hubo mano del narcotráfico que financió las actividades criminales, no las protestas que es diferente”, añadió.

Así mismo, el general Murillo se fue de frente en contra de la excarcelación de quienes tienen procesos judiciales por haber vandalizado el país en dicha época. “No se debería haber tomado esa medida como estrategia, porque esas personas le tienen que responder al país desde lo judicial”, arremetió.

Para el general Murillo, quienes posiblemente reciban el beneficio judicial no cuentan con los perfiles para ser gestores o voceros de paz, como los ha postulado el Gobierno.

“Gestor de paz es una persona o una figura pública que se busca que tenga preparación y esté formada para ser un conciliador, que pueda unir al país, que pueda ayudar a disminuir los hechos de violencia, y eso lo hace una persona que tenga reputación, hoja de vida, que esté formada para cumplir con esa alta dignidad, pero el punto de vista que se está dando desde el Gobierno nacional no lo entiendo; no sé cómo un muchacho de estos llegaría a unir a la sociedad, a una comunidad, a hablar de no actuar con violencia, ser tolerante. No sé cómo un muchacho de estos lo pueda hacer”, atizó el general Murillo.

¿Colectivos chavistas en Colombia?

Por su parte, y en una misma línea a lo manifestado por el exdirector de la Dijín, declaró el general Eliecer Camacho, quien se mostró en desacuerdo con la decisión del Gobierno de darle beneficios a quienes cometieron graves casos de violencia durante las protestas del llamado estallido social.

“En Bogotá se presentaron actividades coordinadas que no tenían que ver con las marchas, ya tenían ingredientes importantes de violencia, se tomaron sitios para afectar el transporte, afectar a la Policía, en Usme, en el portal de Kennedy, entre otros. Usaban los barrios aledaños para lanzar bombas incendiarias, instalar guayas; el portal de Suba fue afectado por estos delincuentes que realizaban actividades delictivas. La intención siempre fue buscar la desestabilización de la ciudad, salían con la intención de crear caos durante dos meses seguidos”, manifestó el oficial en retiro.

“Siempre buscaron la manera de agredir a policías, quemaban buses, entidades para provocar a los policías, esa era siempre la intención, victimizarse para hacer ver una policía violenta y violadora de derechos humanos, para eso usaban las redes sociales, para desprestigiar a la institución”, agregó.

Así mismo, indicó que no se pueden olvidar los casos en los que integrantes de la primera línea amenazaban con hacerle daño a los niños que se disfrazaran de policías.

“Querían abusar de las manifestaciones para hacer sus actuaciones presuntamente delictivas. Ahí había personas que tenían liderazgo como alias 19, cuando se ordenó que torturaran a un joven porque creían que era un policía”, explicó el exalto mando policial, agregando que para la época hubo una sólida investigación.

“Hay que recordarles a los ciudadanos que no fue casualidad, no fue que la Policía sacó unas personas que estaban protestando pacíficamente; es porque hubo toda una investigación en la que se evidenció que había un concierto y actividades presuntamente criminales que buscaban afectar a los ciudadanos o las propiedades de la ciudad, pero, pues hay casos emblemáticos y no sobra recordarlos: el asesinato del capitán Solano, asesinado en cumplimiento de su labor; el ingeniero que fue degollado con un cable que fue instalado en Kennedy por los violentos; 700 policías resultaron afectados y a algunos de ellos los intentaron quemar vivos con las bombas incendiarias”, recordó el general Camacho.

Incluso el general cuestionó al Gobierno, que insinuó que la Fiscalía había sido exagerada al imputar en algunos casos el delito de terrorismo a los detenidos. “Ellos (Gobierno) cómo van a deslegitimar las decisiones de la Fiscalía y los jueces, eso es hasta falta de respeto, eso tiene audiencias de judicialización, cada uno de esos delitos tienen unos elementos para poderlos tipificar; terrorismo no solo es el que ubica un vehículo con explosivos, el generar ese caos como las papas explosivas, tratar de quemar un bus con pasajeros, eso es terrorismo, no es un simple vidrio de un bus roto, fueron conductas graves”, dijo.

“No son presos políticos. Ellos mismos decían que no eran parte de ningún grupo político, que eran jóvenes que luchaban porque estaban en desacuerdo con las políticas del Gobierno, es falso que se diga que eran presos políticos. Todas las actividades las hicieron programadas, coordinadas, personas que están hoy en cargos importantes llegaban en la noche a motivar a esos jóvenes a seguir sus actividades de violencia, a atacar a los policías, marchando y gritando groserías contra la policía, a ellos también se les debe investigar”, señaló el general.

Pero el oficial en retiro fue más allá y lanzó una alerta a la opinión pública sobre si estos beneficios a integrantes de la primera línea es el posible inicio al modelo de los colectivos chavistas que operan en Venezuela.

“Hoy están tratando de pagar las promesas que les hicieron en su momento, buscando su libertad y utilizarlos en algunos propósitos enmarcados dentro de lo que se denomina la paz total, pero también para la creación de otros grupos (…) nosotros tenemos un ejemplo en Venezuela que se denominan colectivos que se prestan para el control ciudadano, y eso sería grave, porque para eso están las instituciones, la Policía y el Ejército”, señaló el general Camacho.

“Fácilmente, cualquier ciudadano podría pensar que esa sería la intención, ellos lo están vendiendo y mostrando como gestores de paz, ojalá ese proceso de resocialización salga bien, pero con esa cantidad que está mencionando el Gobierno de más de 100.000 personas, en el futuro podemos tener problemas en el control social; hoy no hay claridad sobre las funciones de esas personas y sobre el pago que recibirán de un millón de pesos”, dijo sobre su apreciación y la alerta respecto al modelo venezolano.

Sobre este punto, el general Murillo recordó su experiencia con una propuesta similar, que según él no salió muy bien. “Yo tuve la experiencia en el Valle del Cauca siendo comandante, donde en uno de los municipios se estaba buscando bajar la violencia, en el homicidio específicamente, y desde la Gobernación se tomó la iniciativa de coger a algunos grupos de pandillas, financiar programas a estas personas, pero que en últimas desde la Policía, desde inteligencia, se identificó que estas personas estaban usando los recursos para conseguir armas y para seguir actuando criminalmente. Ojalá esta vez no pase lo mismo”.

Recordaron los oficiales que la Policía hoy cuenta con cerca de 120.000 integrantes, un número similar al de los gestores de paz que piensa nombrar el Gobierno nacional.