Nada de sanciones tibias: Procuraduría se pronuncia ante propuesta reparadora presentada por las Farc a la JEP

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en La Habana, el país espera las sanciones que se le aplicarán a las Farc por crímenes, secuestros violencia sexual y, en general, por el daño individual y colectivo causado. Este lunes, luego de conocer la propuesta que fue presentada a la JEP (Justicia Especial para la Paz), en la que se incluyen trabajos, obras y actividades con contenido Reparador–Restaurador, la Procuraduría General hizo un llamado para que “se establezcan criterios claros para que los proyectos de sanción propia cumplan con los mínimos previstos en el Acuerdo de Paz”, indicó el Ministerio Público.

El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, si bien dijo que reconocía el avance en algo que es “inédito” y es el hecho de hacer una propuesta para reparar a las víctimas y llegar así a establecer esas sanciones; también advirtió que falta mucho más por lograr. “Aunque existe un documento de lineamientos diseñado por la JEP, el mismo no incluyó criterios fundamentales que permiten hacer que esas actividades reparadoras sean realmente efectivas”, señaló.

Desde tiempo atrás, la Procuraduría venía advirtiendo sobre la necesidad de entrar en la minucia, pues, se hace necesario tener en cuenta criterios como la edad y el daño causado, teniendo en el visor que, “a menor edad de la persona privada de la libertad, hay mayor la lesión al bien jurídico”, dijo en su momento la entidad del Ministerio Público.

Ahora, enfatizan en que “es necesario que se incluyan otros criterios que realmente lleven a que la reparación sea justa. Es así como, señalan algunos tópicos a tener en cuenta, entre los que se destacan.

1. Relación de la actividad reparadora y el daño.

2. Límites sobre los criterios de reparación y restauración.

3. Alcance entre la reincorporación, reparación y reconciliación.

4. Papel de la sociedad civil, las víctimas y el Ministerio Público.

5. Garantías mínimas de sostenibilidad.

6. Articulación con el gobierno nacional y las características mínimas que debe cumplir la restricción de derechos y libertades.

Vacíos que no se pueden pasar por alto

De acuerdo con el pronunciamiento de la Procuraduría, “existen vacíos que hacen más difícil para los intervinientes asumir posturas jurídicas frente a la propuesta planteada por los comparecientes que, en consecuencia, carecen de herramientas y criterios para la formulación de proyectos, por lo que la JEP deberá formular criterios y ajustar los ya presentados, para que sean compatibles con los fines de la sanción propia”.

La entidad del Ministerio Público destaca que, si bien se proponen proyectos novedosos, de impacto y con contenido restaurador, “todavía permanece un alto grado de incertidumbre respecto de la ejecución material de los mismos”.

Sobre restricción de derechos y libertades

En el tema de restricción de derechos y libertades, la Procuraduría estima que deben existir características mínimas a cumplir. Así, “se deben delimitar los lugares de residencia durante el proceso de ejecución de la sanción propia, las condiciones de seguridad que se brindarán, las formas de medición de los tiempos de dedicación, el tiempo mínimo exigido el rol y actividades de la Misión de Naciones Unidas en lo que trata de la verificación del cumplimiento de la sanción propia y cómo esto se complementará con las labores de la Secretaría Ejecutiva”.

Nada de aguas tibias

En su pronunciamiento, la Procuraduría dice que es esencial hacer las claridades mencionadas, de lo contrario, “la restricción efectiva de derechos quedaría reducida a la realización esporádica de actividades, lo que dista de ser una sanción por la comisión de crímenes internacionales”.

A consultar a las víctimas

Uno de los puntos claves que la Procuraduría destaca es la consulta previa con las víctimas, lo que se debe adelantar de manera expedita y rápida, teniendo en cuenta que se trata de un trámite que requiere un proceso de diálogo, de manera que se llegue a establecer “un proyecto de sanción propia que cumpla con fines restaurativos y que encaje con todo el Sistema para la Paz requiere de la interacción entre las partes, intervinientes y la sociedad. Sin embargo, estos deben ser coherentes con criterios de certeza, claridad y eficacia”, concluyó el procurador delegado.