ORDEN PÚBLICO
Nadie los recuerda
De tanto hablar de los secuestrados políticos y militares, el país no registra el drama de los centenares de civiles que, en muchos casos, ya están muertos.
Alberto García, 12 años secuestrado; Camilo Restrepo, ocho años secuestrado; Francisco Rojas, siete años secuestrado; Rolfe Armando Ramírez, 12 años secuestrado. La lista es más larga y el tiempo de cautiverio en algunos casos es media vida. A pesar de esto, sufren su drama en medio de la indiferencia de la sociedad porque son civiles, gente del común, y no han formado parte del grupo de políticos y militares secuestrados de los que el país se entera cada cierto tiempo. Sus historias no han sido primera página, a pesar de que muchos de ellos están en manos de las Farc, el ELN o los paramilitares, que hicieron del secuestro extorsivo una fuente importante de financiamiento.
En varios casos sus captores recibieron el pago, pero ni siquiera así los devolvieron a la libertad. Muchos murieron en cautiverio o fueron asesinados, pero sus victimarios jamás siquiera llamaron para dar la ubicación de sus restos. Mientras que los casos de Íngrid Betancourt o del sargento Pablo Emilio Moncayo eran seguidos segundo a segundo por medios nacionales e internacionales, la vida de ellos y de sus familias se detuvo en el tiempo desde el momento en que se los llevaron.
Cuando el pasado 26 de febrero las Farc anunciaron que dejarían libres a los diez policías y militares que llevan secuestrados hasta 13 años, y por primera vez en su historia aseguraron que abandonarían la práctica de secuestrar civiles, hubo un respiro general. "(...) a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (retenciones de personas) en nuestra actuación revolucionaria", rezaba el comunicado de esta guerrilla. Pero poco a poco han ido saliendo del anonimato otros desgarradores casos. Nadie, por ejemplo, da razón del sargento Luis Hernando Peña, que al parecer fue fusilado durante su secuestro por los insurgentes.
Además, las Farc aún no han aclarado cuántos secuestrados en realidad tienen en su poder. Tampoco han dicho cuántos han muerto en cautiverio ni han confirmado a cuántos van a devolver vivos o muertos. Esa es una de las razones por las que es difícil calcular cuántos secuestrados hay en el país. La Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa (antigua Fondelibertad), que supuestamente maneja datos oficiales de secuestros en Colombia, dice que hoy en Colombia hay 97 personas secuestradas. La ONG País Libre, dedicada exclusivamente al tema de la extorsión y del secuestro, dice que desde 2002 hasta el año pasado permanecían en cautiverio 405 personas, y que 104 murieron mientras estaban privadas de su libertad. Y la Fundación Nueva Esperanza de los Secuestrados tiene 725 casos en su lista desde 1995 hasta el año pasado.
Lo cierto es que el secuestro extorsivo es uno de los delitos que más ha traumatizado al país. Por eso, su fin absoluto es una de las condiciones exigidas por el presidente Juan Manuel Santos para sacar la llave de la paz.
Un hecho muy difícil porque cada vez aparecen más casos de gente que no sabe dónde están sus seres queridos. SEMANA reunió a seis familias de secuestrados que llevan hasta 12 años en cautiverio. Sienten angustia cuando su caso pasa de fiscal en fiscal, sin que haya respuesta. Y aunque en Colombia hay muchos esfuerzos en pro de la libertad de los secuestrados, aquí también se sienten aislados. Citan como ejemplo la Caravana por la Libertad que impulsó Herbin Hoyos a finales del año pasado. "Vimos que él recorrió el país, pero sin el apoyo popular. Es como si el secuestro no tuviera dolientes más que nosotros", dice la mamá de uno de los plagiados.
El secuestro en Colombia ha movilizado a millones. Prueba de ello es la marcha del 4 de febrero de 2008 que nació en las redes sociales, con respaldo de casi todos los sectores del país. Hubo manifestaciones multitudinarias de la sociedad contra este delito. Pero a partir de esta fecha, las familias de los cautivos anónimos sienten que el país no ha vuelto a reaccionar como debería ser para un delito de semejante gravedad.
De la mano de la periodista y comunicadora social Viviana Esguerra, que desde hace cuatro años lidera la campaña Los queremos vivos o muertos, buscan incansablemente, en las cárceles, en los desmovilizados, en la Fiscalía, en los medios y en el gobierno, quién les dé razón o quién los ayude a encontrar a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos.
La esperanza de verlo vivo
A la 1:30 de la tarde del 4 de octubre de 2004, Daniel Velásquez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Javeriana, salió de su casa en Chapinero, en Bogotá. Nunca llegó a la universidad. Sus padres, Julia y Lisandro, lo buscaron sin descanso y solo cuatro años después tuvieron noticias del joven cuando las autoridades les confirmaron que lo tenía el frente 22 de las Farc. Tenía 20 años. “A uno le coge un vacío en el alma que no se llena con nada”, dice don Lisandro, mientras doña Julia se aferra a su intuición de madre: “Daniel está vivo y lo estamos esperando. Aquí hay una familia que lo ama, que lo apoya. Por eso les pedimos a las Farc que no solo lo liberen a él, sino a todos los secuestrados”.