NADIE SE SALVA

El columnista Enrique Santos Calderón lo describió en un breve pero fulminante párrafo, en su columna "Contraescape" del jueves 7 de mayo: "En la misma semana muere por una bala perdida el cura párroco de un pueblo del Valle, son asesinados una concejal de ese mismo departamento y el alcalde de San José del Guaviare, es gravemente herido en atentado el presidente de la Asamblea del Quindío, y una niña de trece años es acribillada en Barrancabermeja a la salida de misa". Aunque parecía suficientemente aterrador el recuento del columnista, el jueves en la mañana quedó demostrado que se había quedado corto: en Medellín, ese día, un sicario de la moto asesinó de siete balazos al cura párroco de Ciénaga, Magdalena.
Pero la racha de malas noticias no paró aquí. Los tres prohombres designados por la Corte para integrar el controvertido Tribunal Especial de Instrucción, que precisamente acababa de crear el gobierno para la investigación de crímenes que causen especial conmoción, dentro de los cuales podría caber cualquiera de los anteriores, anunciaron que rechazaban la designación, por diversas razones.
Así se cerró la semana en la que pareció estar más cerca que nunca la primera gran oportunidad abierta por el gobierno para combatir la impunidad del delito político. Pero también, irónicamente, la semana en la que más víctimas cobró esta modalidad criminal.

HASTA LOS NIÑOS
Más que la cantidad de víctimas, lo que más impactó a la opinión pública fue que esta vez los sicarios hubieran descargado sus armas contra el cuerpo indefenso de una niña.
Faltaba un cuarto para las seis de la tarde del domingo tres de mayo, cuando Sandra Rondón Pinto, de trece años, se dirigía a la iglesia de su barrio en la ciudad de Barrancabermeja en compañía de dos primas. A pocos metros de la heladería donde quince días antes un atentado criminal había dejado heridas a varias personas, entre ellas al pequeño hermano de Sandra, el mismo sicario repitió su hazaña: regresando al lugar del crimen, no le tembló el pulso para disparar siete tiros contra la niña, a quien creía la única testigo que podría reconocerlo. Pero dando muestras de una aún mayor desfachatez, el sicario se acercó al cuerpo herido de la niña, y la remató de dos disparos en la cabeza. Luego abandonó tranquilamente el lugar, de la misma forma como había llegado: a pie.
Barranca no es una ciudad ajena a la violencia. La ha vivido en todas sus expresiones: la guerrillera, la sindical y la política. En los últimos meses han sido suficientemente publicitados hechos de sangre como la emboscada contra los soldados bachilleres; el asesinato de dos dirigentes liberales de Puerto Parra; el crimen contra el diputado de la UP, Leonardo Posada; el atentado contra el concejal libera Santos Rivera de Sabana de Torres, y el sangriento episodio de la heladería. Pero cuando una niña de trece años es asesinada por un sicario, hasta la piel más curtida se estremece. Y los barranqueños se estremecieron.
El resultado fue que un paro cívico que se venía proyectando para mediados de junio por la deficiencia en los servicios públicos, se anticipó. Y se transformó en un paro por el derecho a la vida, que duró 48 horas, a partir de la media noche del martes, hasta la media noche del jueves.
La coordinación del paro corrió por cuenta de una extraña coalición cívico-política. Esta incluía a la UP, al sindicato de la USO, al FILA (la corriente liberal que orienta el senador Horacio Serpa Uribe), a un sector del Partido Conservador, y a un grupo del clero encabezado por el padre Gabriel Ojeda.
Para la indignación que mostraba la población, el paro de Barranca resultó ser de verdad muy cívico, salvo por algunos episodios aislados de violencia instigados por desocupados y pandillas juveniles de la localidad que, como en todos los episodios de esta naturaleza, trataron de pescar en río revuelto. Pero el riesgo que representaron estos agitadores fue eficazmente contrarrestado por el lado menos pensado: el llamado a la no beligerancia lo hizo paradójicamente la dirigencia de la USO, que con ayuda de jeeps de perifoneo comandados por una especie de Rasputín criollo, Rafael Chacón, invitaban a la ciudadanía a no excederse en el consumo de licor, a no irrespetar a las autoridades y a abstenerse de realizar actos violentos. Y en perfecta concordancia con la actitud sindical, las huestes del dirigente liberal Horacio Serpa Uribe hicieron otro tanto, desplazándose de barricada en barricada para tratar de mantener controlada la situación.

UNA FATAL EQUIVOCACION
Como si le faltaran ribetes trágicos al asesinato de esta niña de trece años, las primeras investigaciones arrojaron que, además, el sicario había equivocado su víctima.
Los propios padres de Sandra Rondón le confirmaron al enviado especial de SEMANA que el día en el que fue arrojada la granada en el interior de la heladería, ella no se encontraba en Barranca. Pero como eran muchas las niñas de la edad de Sandra que a esa hora estaban en los alrededores de la heladería, los sicarios probablemente supusieron que la que mayor peligro representaba era la hermana de uno de los niños heridos en el atentado. De todas maneras el afán con el que los sicarios regresaron a recoger el último cabo suelto que creyeron haber dejado con la existencia de una testigo de su crimen, demuestra, a la luz del más elemental tratado de criminalística, que son lugareños, y que con una investigación bien conducida, podrían ser identificados con certeza.
Por lo pronto, el asesinato de Sandra Rondón permanece en la impunidad. El único paso que al respecto han tomado las autoridades es la detención de un individuo que merodeó sospechosamente durante el velorio de la niña, y que fue capturado por la Policía cuando contó que traía un mensaje para el padre de Sandra. Aunque nada indica hasta ahora que el individuo detenido sea culpable, el crimen sí deja muy claro que la guerra sucia traspasó ya la última barrera: la de la vida de los niños.

RONDA AL ALCALDE
Si en el crimen de la niña fue ostensible la desfachatez de los sicarios, en el del alcalde de San José del Guaviare no lo fue menos. Sus victimarios entraron hasta el comedor de su propia casa, donde lo encontraron almorzando en compañía del personero municipal. Y después de acribillarlo de ocho tiros, salieron tranquilamente de la casa.
Que un hecho como este pase inadvertido en cualquier otro lugar, es más probable a que lo haga en San José del Guaviare. Se trata de una localidad de escasas diez manzanas, donde hay 200 soldados, 150 policías antinarcóticos y una docena de agentes del DAS y del F-2. Estas circunstancias hacen prácticamente imposible que allí se cometa un crimen sin que por lo menos se sepa de qué lado vienen las balas.
El asesinato del alcalde del Guaviare, militante de la Unión Patriótica, no fue la excepción. Conocida la noticia de su muerte, no fueron pocos los que la asociaron con una antigua pelea cazada entre grupos de narcotraficantes inmigrantes a esta zona y miembros de los tres frentes de las FARC que operan en la región.
Según pudo establecerlo SEMANA, los enfrentamientos comenzaron desde la época en que tres de las familias que controlan el narcotráfico en el Meta quisieron extender sus operaciones al Guaviare. Allí se encontraron con la fuerte resistencia de las FARC. Estas no solo tienen sus propios arreglos con los cultivadores lugareños, sino que llegaron a considerar demasiado riesgosa la transformación de una actividad que hasta ese momento era eminentemente artesanal, en un emporio de la droga rodeado de modernas pistas de aterrizaje, que no lograrían evadir la atención de las autoridades.
En este tire y afloje por el control de la zona, se produjeron las primeras bajas. Pero mientras las familias de narcotraficantes representan un blanco identificable, refugiadas en lujosas fincas cuya ubicación todo el mundo conoce, los guerrilleros están desplazándose permanentemente, lo que los hace menos ubicables como blanco. Ante esta desventaja, los narcos optaron por cobrarles las cuentas a las FARC en cabeza de quienes consideran que son sus agentes políticos: los miembros de la Unión Patriotica.
Los lugareños aseguran que los sicarios contratados por los narcotraficantes del Guaviare son entrenados por militares de la región. Esta denuncia es precisamente la que hizo con nombres propios en rueda de prensa, el viernes, el ex candidato de la UP, Jaime Pardo Leal, y que tanta ampolla ha levantado en la opinión pública.

LA PAVA DEL TRIBUNAL
Los asesinatos de la niña Sandra Rondón y del alcalde de San José del Guaviare José Miguel Rojas Parrado, habrían constituido las primeras investigaciones de los recién nombrados miembros del Tribunal Especial de Instrucción, de no haber sido porque este Tribunal nació con pava.
No acababa de salir del horno el decreto que lo creó, cuando ya los juristas, en gavilla, lo estaban denunciando por inconstitucional. Pero cuando la opinión pública parecía haber llegado al consenso de que, aunque cojeaba jurídicamente, el tribunal era absolutamente defendible desde el punto de vista político, vino su segundo gran traspiés: los que fueron llamados por la Corte Suprema para integrar el Tribunal no quisieron ser los escogidos.
El primero en declinar el nombramiento fue John Agudelo Ríos. Aunque adujo razones personales, es fácil establecer que los verdaderos motivos de su negativa son de índole política. La creación del Tribunal Especial forma parte del paquete de medidas con las que el actual gobierno se ha comprometido públicamente a modificar de manera radical el manejo que el anterior gobierno le dio al proceso de paz. Mal podria alguien que, como John Agudelo, gerenció el viejo estilo, comprometerse tan de frente con el nuevo.
El segundo en decir que no fue el ex canciller Carlos Lemos Simmonds. Sus razones, también calificadas como personales, radicaban en su escasa experiencia jurídica y su compromiso de tiempo completo con la actividad periodística.
El último en bajarse del tren fue el abogado penalista Eduardo Umaña Luna, quien mediante lo que él mismo bautizó una "resolución motivada", adujo para su renuncia una lista de razones jurídicas. La principal de ellas, el hecho de que el decreto elimine una instancia en los procesos de los crimenes que investigaría el Tribunal.
Y mal podría un jurista como Umaña Luna, especializado en la defensa de delincuentes políticos, admitir este recorte del derecho de defensa.
En realidad, encontrar candidatos para integrar este Tribunal, no es fácil. En primer lugar, porque hasta sus más fervorosos defensores lo pensarían dos veces antes de aceptar ponerse de carne de cañón. Es tanta la expectativa que ha despertado este mecanismo del Tribunal Especial, y tanta la zozobra que ha sembrado la actual racha de crímenes políticos que, como gráficamente se lo describiera un observador político a SEMANA, "si quince días después de haberse integrado este Tribunal no se ha establecido claramente la identidad de los asesinos de la niña de Barranca, el país entero les caería encima a sus miembros acusándolos de ineficiencia".
Pero además, ser miembro de este Tribunal es estar sujeto a una absoluta falta de estabilidad. Sobre su operatividad pesan dos espadas de Damocles: la de su posible inconstitucionalidad, y la de su eventual desaparición el día en el que se levante el estado de sitio.
En cualquier caso, la renuncia de los primeros llamados a integrar este Tribunal dejaba una cosa clara: que los próximos nombres que escoja la Corte, muy probablemente carecerán de la talla de los primeros. O dicho en palabras de un agudo observador, "lo más probable es que, por la ley del descarte, esto termine en abogaduchos".

LOS "VIOLENTOLOGOS"
Pero el Tribunal Especial no es la única herramienta que ha puesto en marcha el gobierno para combatir la guerra sucia. A comienzos de este año el ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa, contrató con un grupo de académicos un diagnóstico sobre las causas de la violencia, que incluyera algunas recomendaciones para que el país vuelva a la calma. El hecho es sorprendente por cuanto es la primera vez que gobierno alguno recurre a consultores provenientes, en su mayoría, de la universidad pública. El único antecedente de una comisión semejante se dio en el gobierno de Alberto Lleras, cuando se conformó un organismo del que hacian parte Otto Morales, el padre Germán Guzmán, y Augusto Ramirez Moreno. Pero a diferencia de éste, que tiene un corte eminentemente académico, aquel poseía un claro matiz político.
Nueve profesores universitarios conforman este grupo, coordinado por Gonzalo Sánchez, master en ciencia política de la Universidad de Essex y autor de "Ensayos de historia social y política del siglo XX" y coautor del libro "Bandoleros, gamonales y campesinos". Los otros investigadores son: el antropólogo Jaime Arocha, profesor de la Nacional, Ph.D. de la Universidad de Columbia, autor de "La violencia en el Quindío" y de "Insurgencia, contrainsurgencia, etnodesarrollo violentado en Colombia" el sociólogo Alvaro Camacho Guizado, profesor de la Universidad del Valle, master y Ph.D. en sociología de la Universidad de Wisconsin, coautor del ensayo "La Colombia de hoy"; el antropólogo Darío Fajardo M., director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, master de Berkeley, autor de "Violencia y desarrollo", "Luchas por la tierra en Córdoba y Sucre", "Luchas indígenas por la tierra en el sur del Tolima"; el sociólogo Alvaro Guzmán Barney, profesor e investigador de la Universidad del Valle, candidato al doctorado en The New School for Social Research de Nueva York, autor de "El enclave agrícola en la zona bananera de Santa Marta", coautor de "La Colombia de hoy"; el sociólogo Carlos Eduardo Jaramillo, master en ciencia política y candidato al doctorado de la Universidad de París autor de "Historias y luchas sociales: Ibagué a principios del siglo a abril de 1948" y "El guerrillero del paraíso: general Tulio Varón Perilla", el sociólogo Carlos Miguel Ortiz, de la Universidad del Quindío, autor de "Estado y subversión en Colombia: la violencia en el Quindío, año 50"; Santiago Peláez Valdés, ingeniero, quien está a cargo en la Universidad de Antioquia de una Comisión sobre la violencia urbana en Medellín; el sociólogo Eduardo Pizarro, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, autor de "La guerrilla revolucionaria en Colombia" y "Guerrilla y movimiento sociales". Por sugerencia del grupo y del mismo gobierno, se incluyó en esta nómina al general (r) Luis Alberto Andrade Anaya, quien se ha destacado por ser un estudioso de los conflictos sociales.
SEMANA conversó con cinco de los miembros de esta Comisión, de "violentólogos", quienes anticiparon algunos de los temas que presentará el documento oficial que será entregado al gobierno a finales de mayo.
Para llegar a estas conclusiones, la Comisión tuvo que sortear innumerables obstáculos. En primer lugar, la carencia absoluta de estadísticas oficiales sobre el tema (la Policía Nacional es la única que tiene algún tipo de datos sistematizados). En su mayoría, los archivos oficiales se encuentran comidos por los ratones e inundados de cucarachas. De las cientos de encuestas que fueron repartidas entre organismos oficiales, privados, directorios políticos y ex presidentes, solo se obtuvieron tres respuestas: una del Episcopado (que respondió con un antiguo documento), otra del Incora y la última del presidente Belisario Betancur, que no solo respondió la encuesta, sino que invitó a desayunar a los miembros de la Comisión.
Según pudo establecerlo SEMANA, el documento tratará puntos como el de las diversas formas de violencia existentes en el país, que el gobierno y los medios de comunicación -según los investigadores- han circunscrito simplemente a la guerrilla y al narcotráfico. De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional recogidas por la Comisión, en los últimos años, el 90% de los muertos proviene, no de la violencia guerrillera ni del narcotráfico, sino de la delincuencial. El grupo afirma que existe una confusión en la opinión pública frente a las diversas organizaciones "justicieras" que se han dedicado en los últimos tiempos a asesinar a basuqueros, homosexuales y atracadores, por cuanto se las ha asociado equivocadamente con los grupos paramilitares de carácter político y con la guerra del narcotráfico. El documento también enjuiciará rigurosamente el manejo que el Estado colombiano le ha dado al tratamiento de la violencia. Y una de las recomendaciones que hará en este sentido, es la de que el cuerpo de la Policía retome su carácter civil; que vuelva a cumplir su función social de control de la vida normal y diaria, del ciudadano, y para ello se sugiere que la Policía pase a depender del Ministerio de Gobierno y no del de Defensa, como sucede en la actualidad.
Una de las consideraciones del documento sobre las que se anticipan mayores controversias es la de la relación pobreza-violencia, una ecuación que durante años ha sido aceptada como verdad absoluta en el país, pero que la Comisión revalúa tajantemente. Al respecto consideran su autores que las zonas donde más muertes se registran son aquellas donde justamente hay más movimiento de dinero. En la mayoría de estos casos detrás de cada crimen existe una infraestructura organizativa y económica que difícilmente puede estar en manos de los pobres.
En cuanto a los diversos tipos de violencia, la Comisión considera que sus múltiples formas se retroalimentan, como si se tratara de una inmensa red de vasos comunicantes, lo que agrava aún más el panorama de la convivencia nacional.
Y una de las recomendaciones a las que dan mayor valor es a la de integrar realmente a los medios de comunicación en el proceso de pacificación. En este sentido introducen una novedad: "No habría mejor comisión de verificación que una información verdaderamente objetiva y equilibrada en el tratamiento de las fuentes".
Anticipando las críticas de quienes seguramente consideraran que en muchas de estas interpretaciones los "violentólogos" están descubriendo el agua tibia, uno de sus miembros afirmó a SEMANA: "No queremos ser efectistas. Nuestro propósito sencillamente es el de hacer un diagnóstico, porque creemos que el efectismo es otra forma de propiciar violencia".

EL EPILOGO
Aunque nadie pone en duda el hecho de que el gobierno está con las pilas puestas en su tarea de frenar esta tremenda racha de violencia política, lo que deja en claro esta última semana sangrienta en la que perdieron la vida una niña de trece años, dos sacerdotes y un alcalde municipal, es que la guerra sucia no respeta fronteras: por encima de tribunales especiales y de agudos diagnósticos de académicos especializados en el tema de la violencia, la verdad es que aquí nadie se salva.