Narco ecuatoriano cayó en Colombia al concretar envío de coca; tenía nexos con la disidencia Oliver Sinisterra y Cartel de Sinaloa

Pillado en flagrancia fue capturado Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán, poderoso narcotraficante ecuatoriano que inundaba de cocaína, heroína, armas y explosivos a Estados Unidos, Ecuador y países de Europa y África.

Alias El Gato Farfán fue capturado en Colombia gracias a la articulación de capacidades de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional. ‘El Gato’ fue detenido en la vía Panamericana, en Pasto, Nariño, “donde estaría concretando un negocio ilícito para llevar cocaína a Centroamérica”.

Las autoridades lo señalan de tener nexos con la estructura Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc para adquirir estupefacientes en Valle del Cauca, Cauca y Putumayo. De igual forma, determinaron que mantenía contactos con redes trasnacionales como el Cartel de Sinaloa, en México, y el Clan Devesa, en España, “con las cuales definía rutas para mover cargamentos a Estados Unidos y países de Europa y África”.

“La Fiscalía General de la Nación comunicó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia sobre la captura del ciudadano ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán, quien es solicitado en extradición por una Corte del Distrito Sur de California por cargos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir”, indicó el ente acusar tras el operativo.

De acuerdo con el requerimiento internacional, esta persona haría parte de una organización criminal dedicada al envío de cocaína y heroína, y al tráfico de armas de fuego y explosivos.

Incautan 14 bienes a narcotraficante ‘Jhon 40′

Géner García Molina, alias Jhon 40, se quedó sin nada. En total, fueron diez inmuebles rurales, tres urbanos y un establecimiento de comercio los que fueron ocupadas con fines de extinción de dominio por medio de un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional. Además, le incautaron 2.153 reses.

En la investigación del ente acusador quedó en evidencia que los bienes, avaluados en más de 25.800 millones de pesos, “habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades ilícitas desarrolladas en Lejanías, Mesetas, La Uribe, Puerto Rico, Puerto Lleras, Granada y otros municipios de la región del Ariari, en Meta”.

Las propiedades estaban ubicadas en los municipios de Orocué, en Casanare; Cimitarra, Santander, Tenjo y Suesca, en Cundinamarca; Chinchiná, Caldas; Villavicencio, Guamal, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y Puerto Lleras en Meta.

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que “el origen de las propiedades corresponde a recursos obtenidos de secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y narcotráfico. Por ello fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión”.

Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que se encargará de la administración.

Desmantelan red que creaba falsos expedientes judiciales

Al descubierto quedaron dos servidores del CTI, dos funcionarios de la Unidad de Protección (UNP) y un contratista de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar), señalados de conformar una banda delincuencial que montaba falsos expedientes judiciales para exigirles entre $1.000 millones hasta 4.00 millones a las víctimas en Pasto, Nariño.

La Fiscalía General reveló cómo operaba esta banda, que creaba falsos expedientes por delitos como narcotráfico y testaferrato contra los procesados y sus familiares. De acuerdo con el ente investigador, utilizaban plataformas institucionales, bases de datos, falsas investigaciones, perfiles y presuntas órdenes de captura emitidas por fiscales.

Se trata de los servidores del CTI de la Fiscalía Melvin Domingo Lagarejo Romaña y Alexander Salgado Flórez, los funcionarios de la UNP Carlos Ernesto Guevara Apraez y Víctor Gonzalo Ojeda Moncayo, y Luis Ojeda Guerrero, contratista de la Dimar.

Las víctimas denunciaron que desde julio de 2022 los contactaron para exigirles sumas hasta de $400 millones para desaparecer las supuestas carpetas denominadas ‘trabajos de la Fiscalía’. Estas supuestas carpetas contenían, al parecer, los documentos de las investigaciones contra ellos que, supuestamente, llevaban fiscales de Cali y Bogotá.

Tras una extensa investigación y el recaudo de suficiente material probatorio, la Fiscalía General logró judicializar esta red de corrupción.