‘Narcochofer’ que cayó con cocaína en un carro de la UNP sigue haciendo explosivas revelaciones: habría sido informante de la DEA y la Policía en caso Matamba

El nombre del conductor Manuel Antonio Castañeda, quien fue capturado con un cargamento de cocaína rumbo al Cauca en una camioneta de Unidad Nacional de Protección (UNP), asignada al esquema de seguridad del exsubdirector de la entidad Ronald Rodríguez Rozo, se está convirtiendo en una ficha clave para dar aportes a investigaciones en curso.

Castañeda se ha encargado de revelar datos que recaen en otras situaciones de atención oportuna, como lo fue la fuga de Alias Matamba en el primer trimestre de este año. Entre sus declaraciones figuran miembros del Gaula de la Policía.

SEMANA conoció el relato del ‘narcochofer’ en el que también se hace mención de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y una denuncia del exsubintendente de la Policía.

A los pocos días de que el conductor trasportara a alias Matamba, de acuerdo con sus palabras, se contactó con funcionarios de la embajada de Estados Unidos, agentes de la DEA y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Para comprobarlo, dice, guarda copias de correos y oficios.

De igual modo, el hombre también asegura que se reunió con oficiales de la Policía Antinarcóticos que le practicaron pruebas de polígrafo que corroboraron su testimonio. Lo mismo sucedió con los agentes de la DEA.

Asimismo, el exsubintendente de la Policía sostiene que llegó a un acuerdo con la DEA y la Fiscalía colombiana a cambio de protección para él y su familia. Su misión era infiltrarse en la organización y aportar información sobre la red criminal que estuvo detrás de la fuga del narcotraficante y ayudar con su localización para capturarlo.

El acuerdo, dijo Castañeda, no se cumplió porque finalmente alias Matamba fue abatido durante una operación policial en Bolívar, Santander, a finales de mayo pasado.

“No dejaremos a los protegidos de la UNP sin carros”: Alan Perlman, contratista de la entidad

Las últimas semanas no han sido fáciles para Alan Perlman, representante legal de la firma Neorenting SAS, una de las empresas contratistas más reconocidas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que presta sus servicios de carros blindados y convencionales a esa entidad desde 2015.

El contrato de su empresa con la UNP terminó el pasado 2 de noviembre con una transición de 30 días más para hacer el empalme con el nuevo contratista de su zona, JC VECTOR, pero según Perlman, ese nuevo contratista no tenía los vehículos para prestar el servicio.

“En aras de garantizar la vida de los protegidos y continuar trabajando, la entidad nos pidió el favor de que siguiéramos prestando el servicio, ya que se iniciaron los procesos de incumplimiento a este contratista”, sostuvo Perlman.

Perlman asegura que han venido de prórroga en prórroga, pero que el próximo 25 de diciembre vencen esos contratos definitivamente.

“A menos de una semana de acabarse el contrato, el contratista (JC VECTOR) no ha puesto los carros. Dependemos de la entidad, hoy en día estamos prestando el servicio, ya que ellos no tuvieron cómo”, dijo el representante de Neorenting.

Lo que no es claro, según Perlman, es hasta cuándo estarán prestando el servicio, pues dependen de la gestión de la entidad y de su departamento jurídico frente al contratista que incumplió.

“Van a pedirle al contratista que nos ceda el pago, ya que los vehículos son nuestros. Nosotros siempre hemos creído en el país y lo seguiremos haciendo porque esa es nuestra misión en este momento. Vamos a colaborarle a la entidad, vamos a colaborarle al país para que este programa de protección siga fluyendo”, aseguró Perlman.

En entrevista con SEMANA, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, sostuvo que el gran talón de Aquiles de esa entidad es el alquiler de los vehículos blindados y convencionales, y reveló que la llegada de nuevos contratistas fue traumática y peligrosa, pues una de las empresas salientes que tenía que hacer empalme amenazó con “apagar” los 25 vehículos arrendados. Lo hizo con cuatro, entre los que se encontraban los de dos expresidentes, por lo cual se abrió un proceso sancionatorio.

“Estamos buscando adquirir una parte de la flota (1.000 vehículos) bajo el sistema de renting o de compra. Si es compra, sería bajo la modalidad de gobierno a gobierno o en sociedad con el Ministerio de Defensa, bajo la lupa de Colombia Compra Eficiente”, reveló Augusto Rodríguez.