Los narcos le hacen conejo a la extradición

Los narcotraficantes en Colombia encontraron una fórmula para escapar de la extradición, burlar a las cortes estadounidenses y eludir la justicia colombiana. La forma es ingeniosa y efectiva: a cambio de una gruesa suma de dinero, el capo capturado compra documentos y bases de datos que certifican que pertenece a una comunidad indígena. Ese artilugio termina convertido en una especie de pasaporte a la impunidad.

Este modus operandi tiene como escenario las montañas del Cauca y preocupa a las autoridades en Washington, especialmente al Departamento de Justicia. También ha llamado la atención de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, agentes de la DEA y altos funcionarios de la Fiscalía General de Colombia. El tema ha provocado, incluso, choques entre los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El nuevo negocio encontró el escenario ideal en lo que se conoce comúnmente como la justicia indígena. Esta nació oficialmente gracias a la Constitución de 1991, que reconoció la autonomía de las comunidades ancestrales. Cada una de ellas maneja un sistema propio para aplicar castigos. Los indígenas más organizados, los del Cauca, tienen guardia, asesores jurídicos y lugares para privar de la libertad a los sancionados, llamados centros de armonización. Sin embargo, unos pocos inescrupulosos integrantes de los cabildos indígenas, junto con abogados, encontraron en esa autonomía una mina de oro.

El mecanismo

El primer paso de estas mafias consiste en conseguir el ‘cliente’. Una vez la Policía, la Fiscalía y la DEA capturan a esos narcos, entran en acción los llamados ‘abogados del cabildo’. Ellos merodean principalmente en los alrededores de cárceles en Cali, Popayán y Tumaco, donde hay comunidades indígenas, y permanecen detenidas muchas personas vinculadas al narcotráfico.

Se trata, en efecto, de abogados que, por intermedio de guardianes del Inpec o de los defensores de los detenidos, les ofrecen un certificado firmado por una autoridad indígena que acredita que el delincuente aparece en el censo de algún resguardo. Si aceptan esta parte del trato, el valor puede oscilar entre los 30 y 50 millones de pesos.

“El suscrito coordinador del Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior hace constar que: Consultando el sistema de información de indígenas de Colombia se registra el resguardo indígena en las bases de datos de esta dirección. Consultando el último auto del censo sistemático aportado en el resguardo indígena se registra el señor (identificado con nombre y cédula)”, dice uno de estos documentos en poder de SEMANA.

Una vez obtenido este formato, los ‘abogados del cabildo’ acuden ante los jueces ordinarios. Presentan ese documento y argumentan que quien aparece en él forma parte y tiene arraigo en la comunidad indígena. Alegan que, independientemente del delito, deben quedar recluidos en un centro de armonización dentro de un resguardo, con lo cual muchos consiguen salir de la cárcel.

Para evadir la extradición, grandes capos han intentado colarse en el proceso de paz de los paras y en la JEP. Ahora se camuflan como indígenas.  

“La situación es realmente absurda porque se ven casos de delincuentes capturados que claramente no son indígenas y los hacen pasar por tales. Es tan ridículo como si un tipo de 2 metros, ojos azules y pelo rubio aparece como nativo indígena caucano”, explicó a SEMANA un oficial del SIU de la Dijín, una unidad élite que trabaja con la DEA en la persecución de narcos.

SEMANA consultó varios testigos directos de este fraude, quienes afirman que algunos delincuentes, una vez los libera la justicia ordinaria y salen de las cárceles del Inpec, nunca llegan a las celdas indígenas, sino que se hospedan temporalmente en casas de madera en los resguardos. Esas viviendas aparecen de la noche a la mañana dotadas de wifi, televisión, ventiladores y sala de visitas. Según el tiempo de estadía en el resguardo, pagan entre 50 y 200 millones de pesos.

“Es una especie de competencia desleal, nos han quitado clientes. Mientras que nosotros buscamos en derecho, por ejemplo, una medida de aseguramiento domiciliaria, los ‘abogados del cabildo’ ofrecen a los clientes sacarlos a la calle con papeles falsos”, indicó a SEMANA un jurista que prefiere ocultar su identidad por seguridad. Entre los clientes que él perdió, se encuentra un narco que lo buscó por asesoría legal, pero prefirió contratar a un ‘abogado del cabildo’, y ni siquiera tuvo que pasar mayor tiempo en el resguardo, pues pocas semanas después ya caminaba por las calles de Cali.

Édgar Aguilar es un abogado de extraditables que se mueve principalmente entre Medellín, Bogotá y Cali. Él le aseguró a SEMANA que ha rechazado los ofrecimientos que estas mafias le han hecho en la cárcel de Cali para que convenza a sus clientes de comprar el certificado que los acredite como indígenas.

Este asunto tiene muy preocupadas a las autoridades estadounidenses, pero no es desconocido en Colombia. De hecho, la Fiscalía tiene varias investigaciones abiertas por lo que llaman “los colados en la jurisdicción ancestral”.

Lo que han encontrado es escandaloso. Algunos gobernadores indígenas se han prestado para condenar falsamente a capos, una maniobra con la que sacan del juego cualquier otro requerimiento de la justicia ordinaria. Una vez profieren su sentencia –que puede ir desde unos latigazos, un tiempo en un cepo o unos pocos años en el resguardo–, los jueces de la república ya no pueden condenar a ese delincuente por los mismos delitos.

La Fiscalía también ha encontrado casos de certificados fantasma que aparecen repentinamente en los censos electrónicos del Ministerio del Interior y luego desaparecen.

Es decir, si un juez quiere verificar que el nombre de quien aparece en los certificados en el papel que le presentan realmente corresponde a un indígena, puede consultar esa base de datos del ministerio, en la cual están registrados la mayoría de los aborígenes del país. Esta mafia carga subrepticiamente ese nombre durante un tiempo mientras se realiza el cotejo, y, una vez esto ocurre, lo borran.

El caso más reciente de esta estrategia ocurrió hace pocas semanas cuando la Fiscalía abrió una investigación por el caso de un narco guatemalteco capturado en el Pacífico, quien, sin ningún pudor, presentó ante un juez un certificado físico que lo acreditaba como indígena del Cauca. Por un error no alcanzaron a cargar en el sistema su nombre antes de la consulta, por lo cual la trampa quedó al descubierto.

Ricardo Carriazo, director de Antinarcóticos de la Fiscalía, le aseguró a SEMANA que antes quienes querían acogerse a la jurisdicción indígena tenían que llenar muchos requisitos, pero ahora las reglas se han vuelto laxas. “Recientemente, en un caso nos tocó demostrar con interceptaciones, análisis de celdas y la ubicación de la línea que el delincuente nunca se había movido ni cerca del cabildo. Y gracias a ello, el juez negó el cambio de sitio de reclusión a un resguardo como pretendía”, dijo el funcionario, uno de los más preocupados con lo que está sucediendo. Porque hay muchos casos.

Los colados

Como en el anterior, la Fiscalía tiene que realizar muchas veces un esfuerzo doble para convencer a los jueces de que los capos colados no son indígenas reales para evitar que los trasladen a resguardos y eventualmente se fuguen. Sin embargo, las mafias detrás de estos millonarios negocios no se dan por vencidas y acuden a todas las herramientas que permite el sistema. Incluso, llevan sus procesos hasta la Corte Suprema de Justicia.

Sorprendentemente, cuando vía tutela o apelaciones el proceso escala hasta la máxima instancia de la Justicia, esta no siempre ataja los goles de estos falsos indígenas. Esto ha desencadenado un enfrentamiento entre los magistrados que se oponen a este conejo a la justicia y aquellos que por diferentes motivos permiten que estas situaciones prosperen.

No hace mucho, una determinación favorable en uno de esos casos causó un gran malestar en las autoridades de Estados Unidos, lo que terminó en un altercado entre los dos Gobiernos que no trascendió a la opinión pública.

Ocurrió en 2018 cuando el magistrado Eyder Patiño rechazó el pedido de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de un hombre capturado dos años antes en Colombia y solicitado por enviar droga a Estados Unidos. El togado argumentó que la justicia indígena ya lo había condenado por ese delito a una pena de diez años en un resguardo. Poco después de esta decisión le revocaron la visa a Patiño. Cuando esto se conoció, el magistrado dijo que esa medida obedeció a que algunas de sus posiciones jurídicas habían “resultado incómodas en algún sector de la opinión”.

En 2018, el magistrado Eyder Patiño proyectó el fallo que negó la extradición de un narco, argumentando que lo había condenado la justicia indígena. La Embajada de Estados Unidos protestó fuertemente esa medida.

Ese episodio no solo dejó en evidencia la preocupación del Gobierno estadounidense. También se convirtió en el antecedente de enfrentamientos en la corte por estos casos de colados. El último de estos ocurrió el pasado 9 de julio por cuenta del fallo de una tutela que favoreció los intereses de un narco. Esa decisión provocó el salvamento de voto de cuatro magistrados que hicieron duros cuestionamientos a sus cinco compañeros que votaron a favor.

Esta discusión interna tiene que ver con que la corte negó la solicitud de extradición de un capo conocido con el alias de Don Rodrigo, pedido por el Distrito Este de Texas, y condicionó su entrega a la Justicia estadounidense a que pagara primero una condena de siete años en el centro de armonización del resguardo La Laguna Siberia, en Cauca.

Este caso se remonta a julio de 2019 cuando ese narco, llamado Darly Sánchez, cayó en manos de la ley después de varios años de persecución y trabajo de inteligencia de las autoridades colombianas y la DEA. Ese personaje se movía por las trochas de Cauca, siempre acompañado de un pequeño ejército de escoltas. La Justicia estadounidense lo buscaba por poseer varios laboratorios de producción y enviar al menos una decena de cargamentos de más de 4 toneladas de droga que salieron en lanchas rápidas desde las costas de Colombia y Ecuador hacia Centroamérica, con destino final Estados Unidos.

Con este certificado, un narco pasó por indígena para evadir la solicitud del Distrito Este de Texas.

Entre las pruebas recolectadas en su contra, había varios testigos y decenas de horas de interceptaciones de las llamadas en las que negociaba los cargamentos. El acervo probatorio en su contra era contundente e implicaría una condena mínimo de 20 años de prisión en Estados Unidos.

Sin embargo, en una jugada hábil, el capo buscó al gobernador indígena Andrés Almedras y le confesó que estuvo al frente de varios viajes de cocaína entre 2014 y 2016. La justicia indígena lo encontró responsable por los delitos de “desarmonización del territorio en actividad ilícita de concertación de personas para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Lo condenaron a siete años de cárcel, que debía pagar en un resguardo. Los cinco magistrados tuvieron en cuenta esa condena para negar la extradición, argumentando que primaba la justicia indígena.

“Contrario a lo expuesto por la mayoría (de los magistrados) en el concepto, la pretensión del requerido fue la de instrumentalizar a la justicia indígena (…). No se probó que el requerido esté o haya estado integrado efectivamente a la comunidad aborigen en ejercicio de sus creencias y principios”, dice uno de los apartes de salvamento de voto de los magistrados Patricia Salazar, Luis Hernández, Hugo Quintero y Fabio Ospitia.

Estos cuatro magistrados de la Corte Suprema suscribieron un duro salvamento de voto por un caso de un narco colado como indígena. Calificaron el hecho de burla a la justicia. 

Estos cuatro togados resaltaron otro hecho que ponía en evidencia la trampa. Durante décadas, el capo estuvo ausente del censo indígena y, repentinamente, en 2019, el año de su captura, apareció con un certificado expedido por el Grupo de Registro del Ministerio del Interior. Además, les resultaba claro que Don Rodrigo intentó sabotear el requerimiento de los norteamericanos al conseguir una sentencia de la jurisdicción indígena, como lo dejaron consignado en su salvamento de voto.

Solo un mes antes de este caso, el 9 de junio, otro proceso también había causado roces en la corte y preocupación entre las autoridades por la existencia de este carrusel para escapar de la justicia. Esta vez de la colombiana.

Se trata del caso de Jaiver Patiño, un narco capturado el 16 de febrero de 2019 cuando llevaba 85 kilos de cocaína en su carro. Un juez lo condenó a diez años de cárcel. Instauró una tutela ante otro juez, que posteriormente llegó al Tribunal del Valle, en la que argumentó ser indígena y, por lo tanto, su derecho a ser enviado a un resguardo. En esas dos instancias rechazaron la petición porque los jueces consideraron evidente que se trataba de una artimaña.

Esta tutela llegó a la corte hace dos meses y allí, sorprendentemente, le dieron la razón y lo enviaron al resguardo indígena nasa Cerro Tijeras, en Suárez, Cauca. Nuevamente, la magistrada Patricia Salazar se opuso por considerarlo una burla. Para ella, el rastro del fraude era contundente. Primero, Patiño apareció en el censo indígena solo en 2019 cuando lo capturaron. Segundo, el certificado que lo acredita como indígena trae el nombre de Javier y no de Jaiver, y lo firma Rubén Cuetía, un integrante del resguardo que no es representante legal o jurídico, y, por tanto, carece de autoridad. Tercero, Patiño nació en Leiva, Nariño, una comunidad distante y sin nexo étnico con los indígenas del resguardo en el Cauca al que decía pertenecer.

Un tema conocido

Hernando Chindoy, representante del pueblo inga, y Ferley Quinayas, consejero del Cric, reconocen el problema de los colados y aseguran que están adelantando las investigaciones dentro de su jurisdicción. “No acolitaremos estas conductas”, dice Quinayas.

Estos son solo unos pocos ejemplos de lo que ocurre con este nuevo modelo de trampa para eludir la justicia. Sin embargo, el tema no es desconocido dentro de las propias comunidades. Ferley Quinayas, miembro del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), le confirmó a SEMANA que han detectado un aumento de denuncias por casos en los que han querido abusar de su jurisdicción. “No acolitaremos ese tipo de conductas. Si hay autoridades que hayan caído en esta estrategia, tendremos que investigar y sancionar”, dijo.

“Hemos sido críticos con esa situación. Sabemos que hemos sido permeados por esta situación, pero también hay factores externos que quieren desequilibrar el movimiento indígena. Pero esos casos que han llegado a nuestros oídos están en investigación”, agregó el consejero Quinayas.

“Son 127 cabildos que están a cargo de nosotros para apoyarlos en la parte jurídica, consulta asistencial, litigio… Sabemos que hay personas con cierto nivel económico, narcos y exintegrantes de las Farc, que se aprovechan de algunas personas en los cabildos. Estas a su vez están abusando de la facultad de las comunidades indígenas”, afirmó a SEMANA Nelson Cucuñame, integrante del equipo jurídico del Cric. No obstante este reconocimiento, manifiesta que la justicia indígena mantiene intacta su función y está comprometida con adelantar trabajos conjuntos con la Fiscalía, la rama judicial y el Gobierno para superar las debilidades.

Hernando Chindoy, representante del pueblo inga de Colombia, le reconoció a SEMANA que la jurisdicción indígena efectivamente tiene algunas debilidades que terminan capitalizadas por algunos integrantes inescrupulosos. “Infortunadamente hay casos. Nosotros hemos buscado el fortalecimiento jurisdiccional, somos claros en que los derechos son para los indígenas, población que ostenta esta calidad, los pueblos ancestrales que guardan esta identidad”, indicó.

Lo cierto es que, para ponerle freno a este carrusel de disfrazar narcos y delincuentes como indígenas, las propias comunidades deben aplicar controles más estrictos. Sin embargo, no solo es una responsabilidad de los cabildos. De hecho, lo que resulta más preocupante de esta situación es que, a pesar de las evidentes trampas para burlar la justicia, muchos de estos narcos consiguen salirse con la suya en instancias superiores, como los jueces y la propia Corte Suprema de Justicia.

El narco que intentó burlar cuatro jurisdicciones

Un gobernador y un exconsejero indígena fueron sancionados por fraude en el caso de Segundo Villota.

Para evadir la extradición, Segundo Alberto Villota tejió una cadena de falsedades que puso en aprietos a funcionarios, abogados y hasta autoridades indígenas. Lo capturaron en septiembre de 2015, requerido por cortes de Florida y Texas como lavador de plata del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos. Cuando la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición en abril de 2016, Villota ejecutó su primer engaño.

Ante un juez de Popayán aceptó cargos por rebelión y se coló en los listados de excombatientes de las Farc. Con estas cartas intentó reclamar la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero el plan quedó al descubierto por la confesión de varios implicados. Aún están pendientes de resolver las investigaciones contra fiscales y abogados que participaron del montaje. Cuando este plan naufragó, el 17 de agosto de 2018 llegó a la JEP un indígena que se identificó como gobernador y representante legal del cabildo de Miranda (Cauca), resguardo La Cilia o La Calera.

El hombre entregó un acta de sanción contra Villota por “desarmonizar y desequilibrar el territorio ancestral” como guerrillero de las Farc. La sanción era del 25 de junio de 2018 y venía firmada por la junta directiva del pueblo indígena. Así se materializó la segunda parte del engaño, pues los abogados de Villota alegaron que, si un acta de la jurisdicción indígena, que tiene validez de decisión judicial, lo acreditaba como guerrillero, la JEP también debía hacerlo. Pero este narco puro generaba sospechas, así que la JEP confrontó a los firmantes del documento para verificar su autenticidad y se llevó otra sorpresa.

SEMANA supo que varios miembros de la junta directiva del cabildo admitieron haber firmado con engaños. Hay un gobernador y un exconsejero sancionados como responsables de elaborar el documento, que quedó anulado. La oportuna pesquisa evitó que este narco evadiera la extradición, por lo que saldrá en los próximos días hacia Estados Unidos.

Así funciona la jurisdicción indígena

Desde hace muchos años ha habido intentos por aprobar una ley que permita coordinar las dos jurisdicciones para evitar situaciones que limiten derechos, pero no ha sido posible.

La Constitución de 1991 reconoció la autonomía de las comunidades indígenas para aplicar su justicia. Cada pueblo en Colombia tiene su sistema propio para sancionar las conductas ilícitas. Los más organizados, los pueblos del Cauca, cuentan con guardia y centros de armonización (foto) para privar de la libertad a los sancionados. Cuando una autoridad conoce de una conducta que desarmoniza a la comunidad, comienza un proceso de investigación. Para ello, pueden apoyarse en la justicia ordinaria, por ejemplo, para hacer interceptaciones, levantamientos de cuerpos y órdenes de captura.

El sistema funciona con mucha celeridad, toman públicamente las decisiones de manera oral y tienen en cuenta la opinión de la comunidad y de las víctimas. Consideran las sanciones como remedios, que pueden ir desde el fuete y el cepo hasta penas de 60 años ante crímenes de extrema gravedad. Trasladan a los sentenciados de alta peligrosidad a las cárceles del Inpec. Como los indígenas no cuentan con recursos propios, se valen del apoyo institucional para fortalecer su actividad. Actualmente, impulsan un proyecto para construir un centro de armonización único que cubra la demanda de todo el suroccidente del país. Desde hace muchos años ha habido intentos por aprobar una ley que permita coordinar las dos jurisdicciones para evitar situaciones que limiten derechos, pero no ha sido posible.