Narcotráfico con disidencias de Farc y carteles mexicanos, motivos para extradición de hermano de Piedad Córdoba

Pese a haber resultado electa como senadora por el Pacto Histórico, movimiento del candidato a la presidencia Gustavo Petro, la congresista Piedad Córdoba no pasa un buen momento y los ojos de la justicia están puestos sobre ella y algunos de sus familiares, entre ellos, su hermano Álvaro Córdoba Ruiz, quien fue detenido en 4 de febrero en Medellín con pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos. Un tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo solicita por los delitos de concierto para delinquir para enviar cocaína y concierto para usar y portar armas de fuego.

De acuerdo con el indictment (solicitud de extradición), no es solo Córdoba quien es pedido por la justicia de este país, las dos personas que fueron capturadas con él, Álvaro Alfonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio, también son solicitados por la justicia de este país, bajo los mismos cargos. Según el documento, los tres sería socios y operaban como una especie de intermediarios para el envío de cocaína.

El asunto, según señala el documento, es que Córdoba, Jaramillo y Palacio eran supuestamente los encargados de establecer relaciones con las disidencias de las Farc, en este caso las que comanda alias Gentil Duarte, para a través de ellos enviar la mercancía a carteles mexicanos, con los que también se habría reunido y acordado los negocios, para mandar la droga a Centroamérica y, desde ahí, hasta Nueva York.

El espinoso asunto tiene un trasfondo político en Colombia. Piedad Córdoba acaba de ser nuevamente electa como senadora y aunque el jefe político de su partido Gustavo Petro reconoció que las acusaciones en su contra eran graves, por sus relaciones con el denominado testaferro del régimen de Nicolás Maduro, Álex Saab, se mantuvo en la lista y ocupará una curul en el Senado.

La solicitud de extradición de Álvaro Córdoba Ruiz ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia que tendrá que evaluar el material probatorio para tomar la decisión de si avala o no la extradición, pero, en caso de que la Corte tarde en tomar la decisión o que los abogados de Córdoba la logren dilatar, la última palabra no la dictará el presidente Iván Duque, que debe firmar la extradición, sino quien lo reemplace en la Casa de Nariño que, de acuerdo con las encuestas publicada por SEMANA, estaría entre el mismo Gustavo Petro o Federico Gutiérrez.

Sobre la acusación contra Álvaro Córdoba Ruiz, según el indictment, fueron grabados de forma legal por agentes de la DEA que realizaron un entrampamiento, se hicieron pasar por narcotraficantes y lo grabaron cerrando un negocio en la ciudad de Medellín.

El agente Matthew S. Passmore, uno de los que declaró ante la justicia de ese país, confirmó que establecieron un acuerdo con Córdoba y sus socios para conseguir cocaína en Colombia y Venezuela y que el alcaloide cumpliera la ruta a Centroamérica, para pasar a Estados Unidos.

Para cerrar el negocio, Córdoba les habría dado cinco kilogramos de cocaína de alta pureza, justamente para que los compradores verificaran su calidad. Esta transacción se habría realizado en diciembre, y por esta pequeña muestra le fueron pagados 15 mil dólares.

De acuerdo con el indictment, las acusaciones no solo son argumentadas en los testimonios de los agentes de la DEA, están soportadas con grabaciones de los diferentes encuentros que se realizaron para cerrar los negocios de tráfico de cocaína.

Desde hace más de un año, las agencias antidrogas de Estados Unidos tenían en la mira a esta poderosa organización narcotraficante cuyos tentáculos llegaban hasta las disidencias de las Farc en Colombia, comandadas por Gentil Duarte. De manera silenciosa avanzaron en la recopilación de pruebas para armar el organigrama de esta red, en la que surgió un personaje que llamó la atención, se trataba de Álvaro Córdoba Ruiz.

Entre las primeras evidencias encontradas descubrieron que este cartel no trabajaba solo, estaba articulado con las disidencias de las Farc y los carteles mexicanos. Paso a paso, fueron armando la cadena de tráfico de drogas hasta encontrar quién era el enlace entre los narcotraficantes y las disidencias.

Mediante seguimientos en distintas ciudades del país, las autoridades de Estados Unidos hallaron la pieza clave del negocio criminal: Álvaro Córdoba, quien manejaba un bajo perfil, según fuentes judiciales de ese país. Era el encargado de conseguir la droga con la organización del disidente Gentil Duarte, con quien había establecido los contactos desde hace más de un año. Él habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín.

Una vez se concretaba la compra de la cocaína por medio de Córdoba, las disidencias de las Farc se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico, en tres puntos claves: Tumaco (Nariño), Cauca y Buenaventura (Valle). No fue fácil para las autoridades dar con este eslabón, porque manejaba un perfil distinto al habitual de los narcotraficantes, que acostumbran a estar rodeados de lujos.

Por el contrario, Córdoba pasaba desapercibido y prefería hacer los contactos en lugares discretos y personalmente. Por obvias razones, evitaba hablar de estos temas por teléfono y solo lo hacía para concretar algunos encuentros.

Fuentes desde ese país señalaron que negociar con armas puede ser incluso más grave que el tráfico de drogas, pues puede vincularse con delitos de terrorismo por estar relacionado con una organización armada catalogada como tal. Así califica Estados Unidos a las disidencias de las Farc. De comprobarse su responsabilidad, las penas por este delito pueden ir entre los 40 y 60 años de prisión.

En poder de la corte de Nueva York, además de los informes de los agentes encubiertos, aparecen otros testimonios de personas que terminaron colaborando y entregando información confidencial, detallada y puntual de los lazos y los tentáculos de esta organización, que logró sacar e introducir en las calles de Estados Unidos miles de dosis de cocaína.

Estas tres capturas no son las únicas que ocurrirán en el marco de dicha operación. Incluso ya tienen identificados a otros miembros, entre ellos los encargados de recibir los cargamentos de droga desde los tres puntos en el Pacífico y camuflarlos en lanchas rápidas con rumbo a Centroamérica. Es ahí donde entran los carteles mexicanos como protagonistas y socios de esta red de tráfico, para cruzar la frontera y llevarlos a Norteamérica.

Después de que las autoridades colombianas recibieron la solicitud de captura con fines de extradición del Gobierno de Estados Unidos, se dieron a la tarea de ubicarlos para hacerla efectiva. Precisamente, fueron detenidos cuando Córdoba, acompañado por Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio, salía de una reunión en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, y se trasladaban en una camioneta blanca.

Al ser capturado, Córdoba se manifestó sorprendido, se declaró inocente e insistió en que no entendía qué estaba pasando. Lo mismo hicieron sus dos compañeros, también pedidos en extradición. Fueron trasladados a la ciudad de Bogotá, donde están detenidos.

“Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, dijo la exsenadora en su momento en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que Colombia está cumpliendo con una petición de las autoridades de Estados Unidos. “Es una orden de captura emitida por un juez de los Estados Unidos contra estas tres personas y cumple todos los trámites legales. La Fiscalía General de la Nación emite una orden de captura para ubicar físicamente a estas personas, la Policía lo que hace es cumplir con ese mandato judicial internacional y ponerlos a disposición de la autoridad competente”, explicó.

El oficial señaló, además, que “a partir de esa orden de captura se ubican a las personas en Medellín, en una zona del sur de la ciudad, y procedimos a ponerlas a disposición de la Fiscalía por delitos de tráfico de cocaína y uso de armas de fuego. El proceso judicial está en otro país; lo que hacemos las autoridades colombianas es ubicar y capturar para que afronten el juicio en los Estados Unidos, en este caso, en el Distrito Sur de Nueva York”.