Nariño, en medio de la guerra contra las disidencias y el narcotráfico

En octubre se cumple un año desde que el presidente Juan Manuel Santos lanzó oficialmente la más grande ofensiva contra el crimen organizado en el suroeste del país.

Desde Tumaco, Nariño, el mandatario explicó el ambicioso plan en la lucha contra el narcotráfico y sus coletazos, "se reorganiza la fuerza pública, se unen unidades que estaban dispersas y se le da un mando a una Fuerza de Tarea que va a estar a cargo de un mayor general y tiene unos planes específicos de lucha contra el delito y la criminalidad", dijo el mandatario.

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En efecto, ese día surgió lo que se conoce como el Plan Atlas, que es una mega operación ofensiva integrada por 9.800 uniformados del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Policía, que trabajan articuladamente en 10 municipios de ese departamento: Tumaco, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán y Santa Bárbara. En esa zona se concentran las 40.000 hectáreas sembradas con coca, según el reporte sobre cultivos ilícitos de 2017.

La tarea de esos uniformados es combatir la delincuencia y el crimen organizado que se fortaleció en esa región del país desde que las Farc dejaron las armas y se acogieron al acuerdo de Paz impulsado por el presidente Juan Manuel Santos. Se había pronosticado en estudios y análisis de seguridad, que a esos territorios llegarían nuevos actores armados y así ocurrió.

Desde el año pasado aparecieron en esa zona del país por lo menos once grupos armados ilegales, algunos alimentados por disidentes de las Farc y otros sencillamente migraron hacia uno de los santuarios cocaleros. Fue entonces cuando el país comenzó a escuchar de atrocidades criminales y nuevos verdugos con los alias de Guacho, David, Sábalo o Cachi.

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El más reciente acto de barbarie sucedió este miércoles 11 de julio cuando tres investigadores del CTI de la Fiscalía que se transportaban en una camioneta en la vía que une a Tumaco con Pasto, fueron emboscados, ultimados a tiros e incinerados.

Las víctimas fueron los técnicos en explosivos Wíllington Alexánder Montenegro Martínez, de 43 años; Yair Alonso Montenegro Galíndez, de 29 años; y Douglas Dimitry Guerrero Medina, administrador financiero de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, quien tenía 38 años.

Las autoridades creen que detrás de esa emboscada está la mano criminal de alias Guacho y en ese sentido apuntan las 14 capturas e incautación de material de guerra y comunicaciones que confirmó en la mañana de este jueves 12 de julio el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

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Guacho es también señalado del asesinato de una pareja de comerciantes ecuatorianos, secuestrados en la frontera y cuyos cadáveres fueron hallados en zona rural de Tumaco. A ese macabro hallazgo se sumó que desde el 22 de junio fueron recuperados los tres cuerpos sin vida del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, también secuestrados y ejecutados por órdenes de Guacho.

Para rematar, la semana pasada una misión humanitaria de la ONU alertó sobre el desplazamiento de 432 afrocolombianos que viven en los consejos comunitarios asentados en los municipios de Maguí Payán y Olaya Herrera, fronterizos con Ecuador. Según el informe de la ONU, dicha emergencia humanitaria se presentó desde el 4 de julio a raíz de enfrentamientos armados entre grupos disidentes que se disputan el control territorial por las rutas del narcotráfico.

En medio de esas noticias agobiantes, el gobernador encargado de Nariño, Édgar Insandará, hizo un balance del problema de inseguridad en su departamento y no dudó en calificar de infructuosa la arremetida militar de la operación Atlas, por tardía e ineficaz en materia social. “llegaron tarde, cuando ya los grupos estaban armados y posicionados, por lo tanto lo que hacen ahora es un control”, explicó a esta revista el gobernante.

Añadió, que si a ese problema se le suma la falta de inversión social, se entiende por qué el problema se atomizó, “la gente sigue sin oportunidades, la erradicación manual de coca se estancó por el riesgo de las minas y la sustitución de cultivos ilícitos está en pañales”, concluyó tras explicar que es infructuoso convencer a un campesino que deje la coca para sembrar plátanos, “cuando ni siquiera hay vías para sacar las cosechas y hacerlo en lancha por agua le cuesta un ojo”.

Lo absurdo de todo ese panorama desolador en Nariño es que el problema ya estaba advertido. Un informe publicado por las fundaciones Paz y Reconciliación y la Iniciativa Unión por La Paz, así lo pronosticó desde septiembre del año pasado. Incluso, dicho informe lo titularon Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en diez municipios, los mismos que hoy están asediados por la violencia.

Ariel Ávila, investigador que trabajó en ese informe y experto en temas de seguridad y conflicto armado, fue más allá al considerar que las autoridades requieren con urgencia un plan de contrainteligencia para mitigar las fugas de información que impiden la mayor efectividad en las operaciones contra el crimen.

Ávila y tres fuentes consultadas por este medio coincidieron al asegurar que hace apenas una semana hombres de la Fuerza de Tarea Hércules estuvieron cerca de capturar a Guacho, pero se les escapó.

Lo que sí es un hecho es que el nuevo dolor de cabeza para las autoridades y los habitantes del Pacífico nariñense son tres temidos disidentes de las Farc. Alias Guacho, que lidera el frente Oliver Sinisterra; alias David, que es el comandante de las Guerrillas Unidas del Pacífico y alias Sábalo, un temido exjefe del frente 29 de las Farc, que comanda otro grupo disidente.

El orden público en esa zona del departamento es tan difícil, que solo allí se cometen un poco más de la mitad de los 332 homicidios registrados este año en Nariño; es decir el 59 por ciento. Para no ir muy lejos, el martes 10 de julio tres personas fueron asesinadas en un mismo hecho en Policarpa y hasta la fecha Tumaco suma 147 crímenes, o sea el 44 por ciento de toda la región.

Otro dato que revela la difícil situación es que aún sin conocerse los datos oficiales del nuevo monitoreo de cultivos ilícitos, las autoridades estiman que solo en municipios como Leiva, El Rosario y Cumbitara, el incremento fue del 300 por ciento.

En defensa de los diez mil uniformados que hacen parte de la operación Atlas que se coordinan a través de la Fuerza de Tarea Hércules, hay que aclarar que ellos tienen la obligación de proteger un área de 18.000 kilómetros cuadrados, 294 kilómetros de frontera, 187 torres de energía y 123 kilómetros de oleoductos.

Y pese a semejante extensión, este año suman logros como la captura de cinco hombres claves de Guacho y redadas contra sus familiares; la incautación de 62 toneladas entre cocaína y base de coca; la destrucción de 23 laboratorios. Además, desactivaron 771 explosivos, 338 minas antipersona y 4 toneladas de explosivos.

Todo ello sin contar que incautaron 346 armas de fuego, 254 granadas y 31.105 cartuchos de munición de diferente calibre. Con ese despliegue militar y resultados contundentes, pocos entienden que la región siga convertida en el nuevo santuario del crimen organizado.

Quizás la explicación más simple la arroja el mismo informe que advirtió el problema: es de las pocas zonas cocaleras del país que además de tener cultivos ilícitos, está inundada de laboratorios y ríos que facilitan llevar la droga hasta el mar Pacífico. Sumado a ello, buena parte de la población aún no cuenta con una alternativa para remplazar el narcotráfico como su fuente de ingresos.