Natalia Springer, ahora experta en vivienda de interés social

Natalia Springer creyó que había salido del ojo del huracán. El incondicional y vehemente respaldo del fiscal general, Eduardo Montealegre, a sus actuaciones derivadas de los millonarios contratos que tiene con esa entidad la blindaron, a tal punto que muchos consideran “saludo a la bandera” el anuncio de que se investigarán las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación.

Cuando se conocieron los montos y el objeto de los contratos de Springer con la Fiscalía, varios de los más reputados y reconocidos académicos del país criticaron duramente su metodología y el resultado de las investigaciones presentadas por la contratista.

Tanto ella como Montealegre han intentado defenderse, al señalar que Springer es experta en Derecho Internacional Humanitario, reclutamiento de menores, en los diferentes actores del conflicto colombiano y el crimen organizado.

Sin embargo, lo que hasta ahora era desconocido para la opinión es que tal parece que la analista y su firma, Springer von Schwarzenberg Consulting Services, también resultaron especialistas en Vivienda de Interés Social, urbanismo, control ambiental, manejo de basuras y arquitectura.

Así se desprende de un desconocido y millonario contrato de Springer con la Fiduciaria Bogotá, que administra recursos del Ministerio de Vivienda, un documento al que tuvo acceso Semana.com y que, con seguridad, generará polémica.

También en vivienda

En septiembre del 2013, al interior de la Fiscalía estalló el escándalo por los contratos y los informes que presentaba Springer a la Unidad de Contexto sobre sobre crímenes excepcionales en el marco del conflicto armado, por cuenta de los se cuestionamientos acerca del trabajo de la politóloga.

Y justamente mientras se presentaba en la Fiscalía como experta en conflicto armado, Natalia y su firma recibían otro oneroso contrato por ser “especialistas en Vivienda de Interés Social, arquitectura y urbanismo”, por al menos 1.339 millones de pesos.

La historia de este contrato comenzó el 25 de septiembre del 2013, cuando la Fiduciaria de Bogotá, que participa como “administradora y vocera del patrimonio de vivienda gratuita”, realizó una invitación para la asignación de un contrato. Es decir, no sólo administra dineros públicos, sino también los recursos del programa estrella de la administración Santos: las 100.000 casas gratis.

Según el documento en poder de Semana.com, la Fiduciaria invitó a la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), a la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y a la firma de Natalia Springer.

Según el contrato, tras esperar cuatro días, sólo la firma de la politóloga se presentó con una propuesta de servicio para el programa de vivienda gratuita denominada “proyecto Fénix: de la trampa de la pobreza a la plena autonomía. Consultoría para la promoción del tránsito hacia la prosperidad”. El día 18 de octubre del 2013 el denominado Fideicomiso-Programa de Vivienda Gratuita notificó a Springer que era la ganadora del contrato para el que ella fue la única proponente.

La ajustada cláusula

En otro aparte del contrato hay una llamativa anotación que haría pensar que está diseñado como anillo al dedo para Springer. En la cláusula décimo quinta se habla sobre el equipo de trabajo que el contratista se compromete a presentar para desarrollar el trabajo.

El perfil del coordinador del equipo está descrito como: “un abogado (a) o politólogo (a) o sociólogo (a), con tarjeta profesional vigente; con título de doctorado y/o maestría en derecho internacional humanitario o derechos humanos, con experiencia específica mínima de 10 años en temas relacionados con la implementación de proyectos para el manejo de situaciones complejas, evaluación y gestión de riesgos, estructuración de alertas tempranas sobre modelos multinivel con enfoque matemático y estadístico y epidemiológico y desarrollo de políticas públicas”.

Tal como está descrito, es exactamente lo que contiene la hoja de vida con la que Natalia Springer ha logrado hacerse a millonarios contratos en la Fiscalía.

Llama la atención que entre los requisitos del coordinador del proyecto se pida que tenga doctorado o maestría en Derecho Internacional Humanitario o Derechos Humanos, exigencia que no es muy clara si se considera que se trata de un programa de vivienda.

Al igual que ocurrió con los contratos de la Fiscalía, en este se pedía que la empresa que ganara la licitación tuviera una experiencia mínima de 10 años. La firma Springer von Schwarzenberg Consulting Services fue creada en junio del 2011, es decir, tenía tan solo dos años en el momento de ser contratada para este proyecto.

¿Nuevas aptitudes?

Las cláusulas que contiene el objeto del contrato tienen exigencias que muy pocos sabían que Springer y su firma estaban en capacidad de realizar, pues, como ella misma lo ha dicho en reiteradas oportunidades, su especialidad son los Derechos Humanos, la seguridad y las organizaciones criminales.

Por ejemplo, en la cláusula tercera dice que el contratista debía elaborar un diagnóstico que tuviera como mínimo los siguientes componentes: “convivencia y empoderamiento de los beneficiarios de las viviendas, la educación, salud, alimentación y control ambiental, el manejo de basuras, transporte, administración de equipamientos y espacio público, organización para el manejo de zonas comunes”.

En otro aparte se dice que el responsable deberá identificar “el potencial urbanístico de los proyectos a nivel de espacio urbano y las características arquitectónicas de las viviendas”.

Otro de los compromisos de Natalia con el contrato era “diseñar, ejecutar y entregar una plataforma digital con acceso vía internet y capacidad para atender un número ilimitado de usuarios simultáneamente que permita dar seguimiento, monitorear a todo nivel la puesta en marcha y el funcionamiento del proyecto Fénix. Esta plataforma está diseñada para interactuar con el usuario bajo una interfaz gráfica amigable y de fácil utilización…”.

Pero hay más. En la cláusula novena, que estipula el valor del contrato, hay dos cifras completamente diferentes. En letras dice que se pagará la suma de “Mil trescientos treinta y nueve millones noventa y nueve mil novecientos noventa y seis pesos colombianos moneda corriente”. Sin embargo, a continuación aparece otra cifra encerrada entre paréntesis “($ 1.399.999.996)”. Hay una diferencia de 60 millones de pesos y no es claro cuál de las dos se le pagó a Springer.

El contrato se firmó cuando el actual ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, escasamente llevaba pocos meses al frente de esa cartera. Henao se ha caracterizado por ser uno de los ministros estrella del gabinete Santos y ha liderado con total éxito el programa de entrega de casas gratis.

De hecho, la próxima semana, Henao entregará la casa número 100.000 cumpliendo la meta gubernamental. Sobre Henao nunca habido cuestionamiento alguno y, por el contrario, son muchos los que alaban su capacidad de trabajo y su gestión.

¿Quién pagó?

Sobre el contrato firmado por la Fiduciaria (que administra los dineros públicos) y Springer, el ministro Henao le aclaró a Semana.com que su cartera no intervino en la licitación y el Ministerio de Vivienda no suscribió el mismo.

Si bien el proceso de selección del contratista corría por cuenta de la Fiduciaria, un funcionario de Minvivienda cumplía la labor de chequear los perfiles de los oferentes.

¿De dónde salió la plata para pagarle a Springer? El ministro aseguró que de dos fuentes: El ministerio y el Departamento de Prosperidad Social. Semana.com también contactó a Carolina Lozano Ostos, representante legal de la Fiduciaria, quien firmó el contrato. Aseguró que no podía referirse al tema porque había una cláusula de confidencialidad con los clientes.

Al igual que ocurrió con la Fiscalía, nadie sabe a ciencia cierta si los informes de Natalia en el Ministerio de Vivienda sirvieron para algo. Lo cierto es que este nuevo contrato evidencia que Natalia Springer no sólo era experta en seguridad y conflicto, sino también en vivienda para los más pobres.