Negociación con el Tuerto Gil será usada para llevar a juicio al exfiscal Bermeo

La situación judicial del exfiscal Carlos Bermeo tiende a complicarse. En la frustrada audiencia de acusación que se llevó a cabo este lunes en los juzgados especializados de Bogotá, la Fiscalía destapó una nueva carta que jugará en contra del exfuncionario de la Jurisdicción Especial de Paz que fue capturado luego de recibir 40.000 dólares por debajo de la mesa. Quien le pone el anzuelo es un agente encubierto de la DEA que logra concretar una cita en un hotel al norte de Bogotá a la que también asiste el político santandereano Luis Alberto ‘el Tuerto‘ Gil. La investigación del ente investigador dice que el dinero se desembolsó para "arreglar” procesos penales y administrativos mientras que la defensa de Bermeo insiste en que no está claro para qué recibió el fajo de billetes. 

Pero a la defensa del exfiscal le apareció un lío en el camino. El Tuerto Gil, su copartidario en el polémico partido Opción Ciudadana, admitió que la reunión y el pago del dinero tuvieron fines ilegales y que por tanto es responsable de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho. La negociación se cerró mediante la figura de preacuerdo, lo que implicaría que Gil tendría que pagar cuatro años y cinco meses de prisión; en cuanto un juez le dé la bendición y emita sentencia, el Tuerto Gil solicitará casa por cárcel. 

Aunque aún falta que la negociación sea legalizada por un juez de control de garantías, la Fiscalía desde ya anunció que una vez se profiera sentencia en contra del exsenador el expediente servirá como prueba en el juicio del exfiscal Bermeo. 

En medio de este panorama, los abogados del exfiscal Bermeo se la jugaron por pedir una nulidad a su proceso. Ellos argumentan que el juez competente para conocer del caso de Bermeo es el Tribunal Superior de Bogotá y no un juez especializado, ya que como fiscal de apoyo II de la JEP tiene un fuero especial que le da la ley. 

Este punto sí puede desatar una peligrosa pelea para el proceso. Según el delegado del Ministerio Público, la ley estatutaria de la JEP dejó claro que el regimen de juzgamiento que le aplica al director de la Unidad de Investigación y Juzgamiento de la JEP y a sus fiscales es el mismo que le aplica para sus pares en la justicia ordinaria. Es decir, están a disposición de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. 

No obstante Bermeo es un fiscal de apoyo, por lo que el representante de la Procuraduría precisa que su regimen de juzgamiento debería ser el mismo que el de un fiscal delegado ante jueces penales de circuito, cuya competencia para el juzgamiento la tiene el Tribunal Superior de Bogotá. "Se asemeja desde el punto de vista salarial y administrativo", indicó al comparar el cargo de Bermeo en la justicia ordinaria. 

"La Procuraduría reconoce que sobre el punto hay controversia, y se impulsa a creer que la defensa del exfiscal puede tener razón", enfatizó el delegado del Ministerio Público. En medio de esta discusión, la Fiscalía intervino para advertir que los hechos por los que está siendo procesado Bermeo ocurrieron antes de la firma de la ley estatutaria de la JEP, por tanto, estas reglas de juzgamiento no aplican. 

La pelea quedó plantada y será el Tribunal Superior de Bogotá el que resuelva quién tiene la razón. Por lo pronto, las pruebas que anunció la Fiscalía para llevarlo a juicio parecen complicarle aún más su situación.