Negociación secreta

Mientras los colombianos ya estaban resignados a un recrudecimiento de la guerra, surge una posibilidad sin precedentes de cambiar radicalmente el rumbo del conflicto. Esta vez para bien.

En medio de un gran sigilo, el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, cinco obispos, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y los principales jefes de las autodefensas llevan un mes trabajando en un acuerdo que podría terminar con la desmovilización de los paramilitares.

Pese al absoluto hermetismo con que el gobierno ha manejado este asunto, SEMANA conoció que en cuestión de días, Carlos Castaño anunciará a los colombianos un cese del fuego por dos meses. Este sería el primer resultado concreto de las tres cumbres secretas que han sostenido las partes hasta el momento.

El último de estos encuentros, que fue convocado y liderado por Castaño y Mancuso, concluyó a las 4 de la tarde del pasado miércoles en una finca del jefe paramilitar a una hora de Montería, Córdoba. Allí pulieron, durante dos días y sin descanso, las bases de un eventual acuerdo entre gobierno y paramilitares, que arrancaría con el silenciamiento temporal de los fusiles.

La negociacion

La primera cumbre fue hace un mes cerca de Puerto Salgar, en el corazón del Magdalena Medio. En ella participaron los 15 hombres más importantes de las autodefensas. Durante todo un día discutieron la fórmula para acercar al gobierno a un diálogo de paz. Aunque hubo diferencias de criterios y roces internos, concluyeron que por encima de todo, había llegado la hora de buscar una negociación definitiva.

Si bien meses atrás la Iglesia venía abonando el terreno, los paramilitares consideraban que no estaban dadas las condiciones para una negociación seria. Sólo el cambio de gobierno y el nombramiento del siquiatra Luis Carlos Restrepo como consejero de Paz, les dio la confianza para escuchar a los prelados y formular alternativas.

En esta primera reunión interna los paramilitares acordaron adelantar la negociación en tres grupos: el del centro, el del sur y el del norte del país, liderado por Castaño y Mancuso.

Todos estaban de acuerdo que lo más difícil sería convencer al gobierno de Alvaro Uribe de que los escuchara. Fue, entonces, cuando acudieron a la Iglesia para que les sirviera de puente con Luis Carlos Restrepo, el hombre que -como lo dice su último libro- está obsesionado por alcanzar la paz "con métodos políticos, pero con cautela de terapeuta".

La cumbre de Las Changas Pocos días después, el 12 de noviembre, antes de las 7 de la mañana, entraron por una polvorienta carretera varias camionetas a una finca en la vereda Las Changas, al norte del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño.

Delegados de todos los jefes paramilitares del país junto con Castaño y Mancuso recibieron a Luis Carlos Restrepo y a los cinco jerarcas de la Iglesia que acudieron al encuentro.

Hacía un calor insoportable. Pero la frase con la que Castaño y Mancuso recibieron a sus visitantes bajó la temperatura y la tensión del encuentro, que se prolongó hasta después del mediodía. "Estamos dispuestos a acabar con la organización", les dijeron, tan pronto se acomodaron.

Después, como si se tratara de un taller de integración empresarial, cada uno de los delegados de los jefes paramilitares explicó por qué estaban allí y puso sobre la mesa sus propuestas e inquietudes frente a una eventual desmovilización.

El Alto Comisionado de Paz se limitó a escucharlos. Los obispos, por el contrario, fueron mucho más activos. Les propusieron concentrar las tropas en determinados sitios del país y promover la erradicación de los cultivos de coca en las zonas de influencia paramilitar, como puntos clave de un acuerdo.

Aunque hubo varias propuestas, fue en esa reunión en la que los paramilitares plantearon, por primera vez, un cese unilateral del fuego como regalo de Navidad, que se extendería por dos meses mientras se consolidan las bases de un pacto más integral de desmovilización.

De ese encuentro, los paramilitares salieron más confiados en la posibilidad de una negociación con el gobierno. "Restrepo es un estratega que llega con un cronograma completamente definido. Se preocupa por los resultados y no por aparecer en las noticias. Y además ayuda que sea sicólogo porque sabe escuchar", le dijo a SEMANA un miembro de las autodefensas que participó en esa reunión.

En esta segunda cumbre, por ejemplo, Restrepo les habló de la necesidad de dialogar sobre los errores que han cometido y de las responsabilidades personales que debe asumir cada uno. Se mencionó, incluso, que confesaran sus delitos para poder abrir las puertas al indulto o a la amnistía.

Los paramilitares y los obispos le propusieron al gobierno que estudiara la posibilidad de conseguir una financiación internacional para el sostenimiento de los combatientes de las autodefensas, una vez comience el proceso de desmovilización.

La reunión terminó después del mediodía. Cada delegado viajó a su zona a contarle a su jefe de bloque lo que se había hablado en la reunión. Los obispos volvieron a sus diócesis y Restrepo regresó a Bogotá, sin que nadie se percatara de la puerta que acababan de abrir hacia una eventual reconciliación.

El siguiente paso que acordaron fue convocar a una próxima reunión en 20 días para afinar los detalles.

Paralelamente a las primeras reuniones, Mancuso se dedicó a mover los hilos de la alta política. En un exclusivo club, al norte de Bogotá, el jefe militar de las autodefensas se reunió con congresistas amigos. A plena luz del día, como si se tratara de un almuerzo cualquiera de trabajo y no una cita con uno de los hombres más buscados por la justicia, Mancuso comenzó por explicarles por qué Castaño -y él mismo- habían decidido no entregarse a la justicia estadounidense. Luego, les pidió a los legisladores su apoyo para encontrar una fórmula jurídica de perdón para sus delitos que no exigiera reconocerles un estatus político. "Si esa ley finalmente sale, estaría prácticamente listo el 70 por ciento del proceso de paz", aseguró a SEMANA el asesor de uno de los jefes paramilitares.

Una esperanza

Un eventual acuerdo de desmovilización del paramilitarismo sería la primera posibilidad que se abre para evitar la inminente colisión entre la guerrilla y el gobierno, que amenaza con producir un baño de sangre en el país. Tanto el presidente Uribe como las Farc se sienten muy sólidos militarmente y las dos partes están dispuestas a demostrar su fortaleza antes de llegar a una mesa de negociación. Este pulso costaría inevitablemente decenas de miles de muertos.

Con este acuerdo se despejaría el principal obstáculo que tuvo el proceso de paz de Andrés Pastrana que fue la exigencia de las Farc de que se eliminara militarmente a los paramilitares como un prerrequisito para avanzar en forma seria en la negociación.

Eso era imposible en ese momento. En primer lugar porque varios sectores de la opinión pública no tenían confianza en el Ejército y creían que los paramilitares eran necesarios para defenderse de la guerrilla. Con Alvaro Uribe en el poder esa impresión ha cambiado. El país cree en el Presidente y en las Fuerzas Armadas.

Hace dos años muchos ganaderos en Córdoba no concebirían ir a su finca sin estar protegidos por las autodefensas. Hoy, en cambio, estarían más dispuestos a dejar su seguridad en manos de la Fuerza Pública. Ese cambio de percepción permite que sea políticamente aceptable que la primera negociación sea con los paramilitares y no con la guerrilla. Y eso facilita mucho la posibilidad de una negociación real posterior con las Farc y el ELN.

Antes, el paramilitarismo tampoco tenía ningún incentivo para desmovilizarse antes que la guerrilla. Ahora tiene dos. Uno, que el paramilitarismo cree en el Ejército de Uribe y en su capacidad para evitar que la guerrilla se tome el poder. El segundo, que esa negociación implica que no irán a la cárcel ni serán extraditados porque serían indultados o amnistiados (ver recuadro). No se podría ver una desmovilización de los paramilitares con la espada de Damocles de la extradición pendiendo sobre la nuca de Castaño y sus hombres. Más cuando con la reciente captura de los paramilitares en Costa Rica por parte del FBI los gringos demostraron que con ellos la cosa es en serio.

Dado que la tenaza del Tío Sam contra la cúpula de las autodefensas se ha venido estrechando por sus vínculos con el narcotráfico, Castaño puede suponer que en la medida en que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, necesite oxígeno en su infructuosa lucha contra Osama Ben Laden, nada le quedará más fácil que echar mano del terrorista que le queda más cerca, él. También que con el nuevo gobierno la persecución es más dura y la cárcel o la tumba son posibilidades más reales.

Castaño sabe que un indulto colectivo no es fácil y por eso cree que le iría mejor si logra entrar en un paquete de negociación más amplio. De hecho, el mismo Luis Carlos Restrepo en el libro que lanzó la semana pasada Más allá del terror, dice: "El perdón debe cobijar a todos los actores de la guerra. Aunque es una medida global, debe aplicarse sin embargo de manera individual, exigiendo como requisito mínimo la confesión del hecho o algún tipo de reparación pública. No puede ser un indulto colectivo".

Lo que se gana

Con la desmovilización de los paramilitares ganaría el gobierno, pero sobre todo ganaría el país.

Gana el gobierno porque es mejor luchar contra uno que contra dos. Y además, porque una vez desmovilizadas las autodefensas se volvería mucho más fácil negociar con las Farc. Sobre todo cuando los paramilitares fueron el palo en la rueda de la negociación entre el gobierno y las Farc durante la administración Pastrana.

Y gana el país. No sólo porque la estrategia de guerra de los paramilitares ha sido el uso sistemático del terror contra la población civil sino porque nada debilita tanto a las instituciones como la existencia de esta fuerza armada paralela e ilegal enarbolando supuestamente las mismas banderas que el Ejército.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Un acuerdo como este tiene que superar problemas de credibilidad en tres frentes, comenzando por la comunidad internacional.

Si bien a Uribe le conviene sacar adelante esta negociación no le va a quedar fácil venderla al mundo. Castaño y sus hombres son un símbolo de la barbarie de la guerra colombiana. Con la Corte Penal Internacional recién sacada del horno y en medio de una cruzada contra el terrorismo, es difícil explicarles a la comunidad internacional -así como a muchos colombianos que han sido víctimas de su brutalidad- que hombres que han cometido crímenes de lesa humanidad no tendrán que pagar por ellos. Si con la salida de Gilberto Rodríguez Orejuela hubo tal escándalo, qué será con un indulto a Castaño y a su gente.

Esto es aún más difícil para Uribe que durante su campaña a la Presidencia fue visto por varios sectores en el exterior como el candidato de los paramilitares. Esta imagen se ha superado en gran parte pero las sospechas subsisten. No sería interpretado de la misma forma, por ejemplo, si Lucho Garzón fuera el presidente a cargo de esta negociación.

Este acuerdo, entonces, encontrará seguramente resistencias sobre todo en Europa donde el fenómeno paramilitar despierta grandes pasiones. Estados Unidos sería más pragmático, sobre todo si, como parte del acuerdo, las autodefensas promueven la erradicación manual de cultivos ilícitos, como lo ha prometido Castaño en varias oportunidades. Y si, además, le enciman rutas e información valiosa para perseguir el narcotráfico.

A nivel nacional, no es de extrañar que los colombianos sean muy escépticos y quieran ver con sus propios ojos una fila de por lo menos 8.000 hombres entregando en vivo y en directo sus respectivos fusiles. Si los paras, como en su momento lo hicieron las Farc, argumentan que se desmovilizarán pero que guardarán sus armas, el acuerdo carecerá de toda credibilidad.

Para convencer a los colombianos, y de paso a las Farc, se requiere una veeduría internacional que garantice que la desmovilización es cierta y no una movida meramente táctica o cosmética.

El acuerdo también se vendría al piso si Uribe no garantiza que el vacío que dejen los paras en los territorios que hoy controlan no será copado de nuevo por el fusil guerrillero. La presión sobre el gobierno para que esto no suceda será enorme y no es muy claro cómo va a responder Uribe, dadas las restricciones presupuestales y el tiempo que le toma a una institución como el Ejército crecer en hombres y entrenar nuevos mandos.

Por último se necesita que los combatientes crean que si se desmovilizan tendrán un futuro. Es decir que no los va a matar la guerrilla y que tendrán una opción de vida. Este punto es uno de los más difíciles. Serían más de 10.000 hombres, con baja preparación, proclives al gatillo y la delincuencia, y acostumbrados a ganarse dos salarios mínimos mensuales. No son claros los incentivos para la mayoría de estos jóvenes acostumbrados ya al poder de su fusil y contaminados, muchos, por el narcotráfico.

La pregunta es si parte de estos paramilitares desmovilizados terminarán engrosando los 100.000 soldados campesinos que pretende reclutar el gobierno de Uribe en los próximos años. Y las consecuencias que esto traería sobre la legitimidad de su política.

Queda claro, entonces, que para lograr este acuerdo es necesario transitar por un camino lleno de espinas. Un sendero difícil, pero necesario.