SEMANA conoció el documento en el que el Gobierno pide al comité de paro condenar bloqueos y violencia

Una extensa jornada se realizó este lunes, entre los representantes del Gobierno y el Comité de Paro, sin que la reunión permitiera un avance significativo.

En la mesa estaban las 19 peticiones del comité, alrededor de las cuales, el Gobierno respondió.

SEMANA conoció el extenso documento sobre las garantías para el ejercicio de la protesta, que se negociaron entre las partes.

Se trata de 29 páginas en las que se incluyen, una a una, la posición del Gobierno frente a cada petición del Comité.

Dentro de los contenidos a destacar en el documento está la respuesta al que ha sido uno de los puntos más controversiales: ¿Qué es un estado de conmoción interior y por qué un senador le pidió a Duque declararlo en Colombia?

La petición del comité al Gobierno es la de “abstenerse de adoptar cualquier medida de tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos la declaratoria del Estado de Conmoción Interior”.

La respuesta del Gobierno se enfocó en que, “hasta el momento no se ha hecho uso de la figura de conmoción interior y no se hará uso de la misma si no es estrictamente necesario y bajo las condiciones que establece el artículo 213 de la Constitución, esto es: en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía”.

No obstante, pese a reiterar que esa figura “a la fecha no se ha contemplado por el Ministerio del Interior, ni ha sido propuesta por el Gobierno Nacional”, se enfatizó en que “el Presidente de la República no puede renunciar a las herramientas que la Constitución le otorga para garantizar seguridad a los ciudadanos, porque ello implicaría desconocer la Constitución que juró cumplir y defender cuando asumió su cargo”.

Rechazo al abuso policial

Otro de los puntos que el Gobierno respondió al comité es el que pide que “el Presidente de la República, como jefe de Estado, y comandante de las fuerzas armadas, condene de manera explícita y contundente los abusos de la Fuerza Pública”.

En el documento se señala que “en diferentes oportunidades el Presidente ha planteado de manera explícita y contundente su rechazo a los casos de abuso policial y ha solicitado de manera expresa e inmediata a las autoridades competentes que asuman con celeridad las investigaciones necesarias para esclarecer responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes a la luz de la normatividad vigente”.

Sobre la expresión ‘vandalismo criminal’

También se toca el punto a través del cual se pide “ordenar a todas las autoridades públicas que se abstengan de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana, y rectificar públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal”, “terrorismo vandálico”, con que el gobierno nacional y la fuerza pública se refieren a quienes nos encontramos protestando”.

Parte de la respuesta consignada en ese sentido, expresa que: “Rechazar la violencia y el vandalismo no equivale a estigmatizar la protesta, que de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre debe ser pacífica”.

El Gobierno agrega que “ha sido claro y enfático en diferenciar las manifestaciones y protestas pacíficas, las cuales respalda y acompaña, de los actos vandálicos que han sido evidentes y que entre otras han dejado 14 ciudadanos fallecidos en el marco de las protestas, 10 en proceso de verificación, 1 policía fallecido, 802 civiles y 920 policías lesionados. Igualmente se han afectado 313 establecimientos comerciales y hoteles, 427 oficinas bancarias, 1089 vehículos de servicio públicos, 180 estaciones de transporte público, 87 estaciones de servicio de combustible, 91 infraestructuras gubernamentales, 19 bienes culturales, 28 peajes, 88 CAI, 16 estaciones, sub estaciones y distritos de policía, 436 vehículos institucionales de la policía nacional”.

Las garantías son para seguir el diálogo

Al final, se habló de garantías para realizar las mesas de negociación, alrededor de lo cual se lograron avances.

Dentro de las garantías que acordaron está la de mantener toda la disposición y condiciones para que los organismos multilaterales que trabajan en Colombia pueden seguir haciendo su labor. Esto va en línea con la necesidad de poner la lupa sobre el respeto a los derechos humanos.

También habrá participación en la mesa de negociación, de los jóvenes y las diversas ciudadanías movilizadas, que no están representadas en las organizaciones sociales.

Un elemento importante que contiene el documento es que “el inicio del proceso de negociación no implica la suspensión las movilizaciones y protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro o por otros sectores sociales”.

Hay que señalar que se tiene previsto convocar a la mesa para el próximo 20 de mayo a las 7 de la mañana, teniendo en cuenta que hay una nueva jornada de protesta convocada para el 19.