JUSTICIA
La historia de recontra espionaje en la Ñenepolítica
A la Ñeñepolítica le salió otra pata: la Fiscalía sostiene que dos de los investigadores encargados de las interceptaciones estaban chuzando a sus compañeros de la Dijín. La contraparte dice que es una maniobra para desviar la atención.
Otro nudo le surgió al enredado caso de la Ñeñepolítica. La Fiscalía capturó a dos investigadores de la Dijín que formaron parte del equipo que hizo las famosas interceptaciones al ganadero guajiro José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández. Esas escuchas, más de 60.000, han estado rodeadas de gran pólemica. En primer lugar porque la Fiscalía no las empleó judicialmente, sino que permanecieron engavetadas hasta que el abogado Miguel Ángel del Río Malo las reveló a la opinión pública.
Muchas de esas interceptaciones evidencian que el Ñeñe hizo jugadas irregulares para mover plata y votos en el norte del país a favor de la campaña de Iván Duque en 2018. Los audios conocidos indican que Hernández mantenía múltiples contactos con alcaldes y gobernadores y hasta con oficiales de alto rango de Policía y Ejército. Pero, al mismo tiempo, el personaje era un charlatán y, lo más grave, afrontaba varios procesos por servir de testaferro al narco y contrabandista Marquitos Figueroa y por supuestamente ordenar un asesinato. El enigma del Ñeñe quedó lapidado el 2 de mayo de 2019 cuando cayó muerto víctima de un asalto en Brasil.
Esa noticia dejó fríos a los investigadores de la Sijín que le seguían la pista de tiempo atrás. Un mes después, las autoridades aplicaron la extinción de dominio a decenas de sus propiedades evaluadas en más de 1,2 billones de pesos. Esta semana, después de una gran polémica, la Fiscalía escuchó en declaración vía teleconferencia a Claudia ‘Caya’ Daza, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Álvaro Uribe y protagonista de varias llamadas interceptadas al Ñeñe. Daza, por consejo de su abogado, guardó silencio frente a cada interrogante de la Fiscalía. Después de eso vino la sorpresa colateral del caso: la captura de dos investigadores.
Se trata del intendente jefe Wadith Miguel Velásquez y del mayor Yeferson Fabián Tocarruncho, jefe del grupo de investigación de homicidios de la Dijín. La Fiscalía los acusa de haber agregado información falsa al relato de un testigo y de esa manera incorporar cinco líneas telefónicas interceptadas dentro del caso contra el Ñeñe Hernández. Sorprendentemente, las líneas implicadas eran las de compañeros suyos de la Sijín.
Las autoridades piensan que el mayor Tocarruncho sospechaba que algunos de sus hombres habían robado en un operativo en Cali. Pero en lugar de abrirles investigación formal habría decidido desatar una operación de contraespionaje ilegal al hacer que interceptaran sus teléfonos desde el radicado contra el Ñeñe, con la asistencia del investigador Velásquez.
La Fiscalía los acusa de haber agregado información falsa al relato de un testigo y de esa manera incorporar cinco líneas telefónicas interceptadas dentro del caso contra el Ñeñe Hernández.
El fiscal Daniel Hernández solicitó la captura de ambos y, al cierre de esta edición, se preparaba para imputarles cuatro cargos: falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de redes de comunicación.
El abogado Del Río descubrió las interceptaciones que dieron origen a la Ñeñepolítica cuando trabajaba en el caso del crimen del joven Óscar Rodríguez, presuntamente asesinado por orden del Ñeñe. Este penalista afirma que la Fiscalía, antes de la llegada de Francisco Barbosa, ignoró deliberadamente esas comunicaciones y que ahora tiene la estrategia de viciar su legalidad para hacerlas inútiles en cualquier caso.
“Están utilizando a dos policías honestos para contaminar el evento de la Ñeñepolítica que les explotó en la cara”, dice. El abogado recusó a Barbosa ante la Corte Suprema alegando que por su cercanía con el presidente Duque no ofrece garantías. Por su parte, el fiscal general se ha negado a apartarse, dice que dentro de sus competencias no está la de investigar al jefe de Estado y que los fiscales que instruyen los expedientes gozan de autonomía. Del Río asumió la defensa de los dos agentes capturados y considera los últimos acontecimientos una maniobra para desviar el foco de la Ñeñepolítica.
SEMANA consultó al despacho del fiscal general y altos asesores afirman que en el búnker no hay interés alguno en afectar la legalidad del cúmulo de interceptaciones de la Ñeñepolítica. Según estos, el enredo es tal que deben arrancar desde cero y eso implica limpiar las propias entrañas de la investigación. “Eso estamos haciendo”, dicen.
