La papa caliente que le cae a Néstor Humberto Martínez

En medio de una prolongada controversia, Néstor Humberto Martínez fue elegido como nuevo fiscal general de la Nación. La polémica obedeció a que él es tal vez el abogado con más relaciones en el mundo del poder que ha tenido Colombia en mucho tiempo.  Esos nexos le dan un conocimiento del país que pocos tienen, pero también lo expone a críticas por los posibles conflictos de interés que podría tener ejerciendo el segundo cargo más poderoso del país.

Néstor Humberto Martínez ha estado en todo, tanto en el sector privado como en el público. Su bufete de abogados es uno de los más prestigiosos del país y entre sus clientes se encuentran prácticamente todos los pesos pesados del poder económico nacional: Sarmiento, Ardila Lülle, Santo Domingo, Gillinski, Carlos Mattos, azucareros, etcétera. Y en el Estado pocos han tenido tantos cargos importantes como él. Ha sido superintendente Bancario, miembro de la junta del Banco de la República, ministro de Justicia y del Interior, embajador y superministro. En esa larga trayectoria de más de 30 años en el servicio público, tiene la particularidad de haber trabajado con los últimos seis presidentes de Colombia, menos Álvaro Uribe.

Paradójicamente, Uribe puede llegar siendo el mayor chicharrón que le toque en la primera etapa de sus funciones. Una ventaja que tiene la elección de Martínez es que es un conciliador en un país polarizado. Uno de los mayores problemas que Colombia tiene en la actualidad es que está dividido en dos bandos radicales y aparentemente irreconciliables alrededor del proceso de paz: el de Uribe y el de Santos. A esto se suma que los seguidores del ex presidente se consideran víctimas de una persecución judicial que ha intensificado aún más esa pugnacidad. El nombre de Martínez dejó tranquilo a los dos bandos. Como se sabe, siendo superministro ha sido el único alto funcionario del gobierno de Santos que le tendió un puente a Álvaro Uribe. Después de una visita de cortesía se refirió a él como un “patriota”.

El problema es que los chicharrones del uribismo son muchos. El principal es Santiago Uribe, el hermano del expresidente. Este ha sido acusado de ser uno de los fundadores de la temida organización los Doce Apóstoles. También se le señala de haber participado en el homicidio de un conductor de bus en Antioquia. Periodistas de investigación han hecho extensos reportajes alrededor de la posible veracidad sobre el tema de los Doce Apóstoles. El caso se basa fundamentalmente en un testimonio del mayor Juan Carlos Meneses Quintero, comandante de Policía de Yarumal, quien ha buscado beneficios judiciales por cuenta de declarar en contra de Uribe. Meneses se había fugado a Venezuela pues tenía en su contra una circular roja de la Interpol, ya que un fiscal de derechos humanos lo buscaba para que respondiera por el delito de homicidio agravado.  

En enero de 2014, se entregó a las autoridades en espera de lograr un acuerdo y un mejor tratamiento de la Fiscalía para su situación. Este no se materializó pues hay dudas no solo sobre su motivación, sino sobre su credibilidad como testigo, las cuales podrían ser invocadas para archivar el proceso. En todo caso, la anterior Fiscalía ordenó su captura y hay gran expectativa sobre cuál será la posición de la nueva administración.

Otro caso delicado es el de los hijos del expresidente. Ellos han sido objeto de gran controversia por cuenta de los negocios que han hecho que los han convertido en pocos años en empresarios muy prósperos. Tomás y Jerónimo en todo momento han puesto la cara para dar las explicaciones que les ha pedido la justicia. Al igual que en el proceso de su tío, hay un testigo, el Chatarrero, que quiere salpicarlos a cambio de beneficios.

Hay algunas facturas irregulares que están siendo investigadas, pero ellos mismos habían denunciado al contador que presuntamente las hizo. En todo caso, esa investigación es menos complicada que la de Santiago, pues si bien es innegable que el apellido los ha favorecido en negocios, también es cierto que los ha desfavorecido frente a la Fiscalía. Nadie se hubiera interesado tanto en el ente acusador por unas facturas irregulares si no fuera porque ellos son los hijos del expresidente. Hasta el momento, ese organismo no ha encontrado evidencias de que ellos hayan violado la ley penal y por eso no tienen ninguna investigación formal en su contra.

El tercer caso es el de Óscar Iván Zuluaga y su hijo David. Ambos están relacionados con el hacker Andrés Sepúlveda, quien montó una operación de espionaje cibernético para desprestigiar la campaña de Juan Manuel Santos en la última elección presidencial. Zuluaga padre ha cambiado de versión sobre el tema. Inicialmente manifestó no conocer a Sepúlveda, posteriormente recordó haberlo saludado en una ocasión, pero ante la evidencia en un video de media hora sentado al lado de él terminó con la teoría de que se trataba de un infiltrado de la campaña de Santos en la de él. En todo caso, el excandidato del Centro Democrático no ha sido objeto de ninguna investigación ni está en peligro de ser imputado en cargos de ninguna naturaleza.

La situación es más complicada para su hijo. A pesar de tener en el momento 24 años, Óscar Iván cometió el error de designarlo representante legal de su campaña y en esa condición es responsable de todo lo que sucediera en esta. Como el hacker compró alguna información y Zuluaga hijo era el gerente, todos los pagos que se le hicieron a Sepúlveda quedaron a su nombre. Él aún no tiene un proceso formal en su contra, pero el problema es que su compañero en estas actividades era Luis Alfonso Hoyos, quien sí está imputado y se voló. David, quien es reconocido como un académico brillante, hasta ahora se ha presentado en todos los llamados que le ha hecho la justicia. El problema es que no es automático diferenciarlo a él de Luis Alfonso Hoyos cuando trabajaban en equipo.

Lo que sucede con el episodio del hacker es que todo lo que se ha dicho básicamente es verdad, pero se ha exagerado la gravedad del mismo.

Sepúlveda sí obtuvo ilegalmente alguna información que podía ser clasificada como confidencial, pero que en su mayoría podía ser encontrada en internet. Además de esto, él era bien dado a inflar sus resultados y vendérselos como espectaculares a sus jefes, David Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. Pero el trasfondo de toda la operación de espionaje era desacreditar al proceso de paz de Juan Manuel Santos, aunque al fin y al cabo eso no era tan clandestino pues era la bandera oficial del uribismo en esa campaña.

Darle la dimensión de espionaje como si se tratara de la bomba atómica en la Guerra Fría tiene algo de desproporción.  Se trataba más bien de guerra sucia en medio de una campaña polarizada y la guerra sucia siempre ha sido parte de las campañas presidenciales. Para confirmarlo, no es sino ver las cosas que se dicen ahora Hillary Clinton y Donald Trump.

Por último se podría citar a Luis Carlos Restrepo. Este al igual que los anteriores ha sido acusado de delitos gravísimos por hechos que merecían menos. La falsa desmovilización del bloque Cacica Gaitana tenía algo de montaje para venderle a la opinión pública el éxito de los programas de reintegración del gobierno Uribe. Por otra parte, Restrepo, cuya función era negociar con criminales, no había hecho la selección de esos “desmovilizados” pues esa responsabilidad había sido del Ejército. En todo caso, en ningún momento se trataba de traficar armas que fue uno de los delitos que se le imputaron y que le podrían costar muchos años de cárcel. Lo que sí enfrenta es el hecho de haberse volado ante la posibilidad de una condena de hasta 20 años.   

Lo anterior no significa que los uribistas procesados sean inocentes. Indudablemente se cometieron excesos, algunos de los cuales deberían ser sancionados. Pero no se puede negar que también se cometieron excesos por parte de la justicia que dejaron la impresión de que esta se aplicó con selectividad. El reto para el nuevo fiscal de enderezar esa situación no será nada fácil.