“Denuncio un montaje criminal a la vista”: exfiscal Néstor Humberto Martínez

Este domingo, en un comunicado de prensa, el exfiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez Neira dijo que hay “un criminal montaje a la vista” en su contra, por las chuzadas a personas vinculadas al proceso de paz. Dichas interceptaciones fueron denunciadas este domingo por Daniel Coronell en su columna en SEMANA.

“En el marco de una investigación criminal en curso, desde el año anterior la Fiscalía General de la Nación tiene evidencias probatorias que, desde la cárcel la Picota de Bogotá, un grupo de personas investigadas y judicializadas durante mi gestión, gestaba una conspiración contra el suscrito, apelando inclusive a falsos testimonios”, dice el exfiscal en el comunicado.

En su Facebook Live, el columnista aseguró que en el comunicado de Néstor Humberto Martínez "habla mucho y dice poco. Lo que está diciendo es que muestre la orden escrita sobre las interceptaciones. Obviamente orden escrita no va a haber. Y segundo, dice que él no ha hablado con esos funcionarios que lo denuncian. ¡Nadie dice que él ha hablado!. Ellos mismos dicen que le hacían llegar los informes a la dirección del CTI". 

Vea el Facebook live de Daniel Coronell

El ex fiscal había dicho en su escrito que “las pruebas revelan de que en las mismas cárceles se contactaba a exfuncionarios de la Fiscalía presos por corrupción, para que a través de falsos testimonios involucraran en actividades ilícitas al propio fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, a manera de retaliación por las investigaciones adelantadas. Fallaron en los primeros intentos”.

“Ahora se ha venido a saber, gracias al artículo de Daniel Coronell, que “un fiscal y un técnico del CTI, presos por las chuzadas ilegales”, habrían declarado ante una autoridad –que no se identifica- que “negociadores y facilitadores del proceso de paz con las Farc fueron ilegalmente interceptados durante los diálogos” y me atribuyen tal conducta. Como se lo declaré a Coronell, ese señalamiento es absolutamente falso y criminal. Pero además es torpe y manifiestamente contraevidente”, afirma el exfiscal general.

Sobre lo que señalan sus antiguos funcionarios, que dicen que dio la orden para dichas chuzadas, el exfiscal afirma que se trata de “una mentira con cara de delito, porque no puede existir un solo documento que así lo pruebe y porque no distingo ni me he reunido con los autores de la “declaración firmada”, por lo cual ellos no tienen conocimiento directo de nada y no pueden hacer esa afirmación”.

“Es decir, no pueden ser testigos del hecho sobre el que declaran, por lo que su aseveración es insostenible. Para fortuna de la verdad el sistema de interceptaciones de la Fiscalía es inmodificable y guarda trazo exacto de todo lo acontecido”, afirma el exfiscal.

En otro aparte del comunicado, Martínez Neira dice que no es cierto que le hayan sido entregadas las interceptaciones de los negociadores y facilitadores del proceso de paz.

“Esta afirmación también es absolutamente falaz. Nunca he oído una conversación de los facilitadores y negociadores del proceso de paz. El general Pérez podrá corroborar que tal versión es completamente falsa, porque NUNCA recibí nada de él en estas materias”, señala en su comunicado.

El exfiscal también negó que haya ordenado intercepar plataformas de mensajería como WhatsApp y Facebook. “Se trata de una mentira del tamaño de una catedral, porque hasta mi retiro de la Fiscalía esta no tenía capacidades para intervenir esta clase de mensajes de texto, por lo cual es un imposible técnico de lo que se me acusa. Además jamás impartí una orden de esta naturaleza a la DIJÍN, como podrá confirmarlo el director de la época, General Vargas”, dice el exfiscal.

Para Daniel Coronell, las explicaciónes de Martínez son "supremamente precarias". Agregó que "ese tono en la explicación produce más sospechas que tranquilidad". 

Esta es la columna completa en la que Daniel Coronell denuncia estas chuzadas: 

¿La paz chuzada?
De acuerdo con los detenidos exfuncionarios, fueron ilegalmente interceptados Humberto de la Calle, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva Durán y los asesores jurídicos de las Farc.

Un fiscal y un técnico del CTI, presos por chuzadas ilegales, aseguran en una declaración firmada que negociadores y facilitadores del proceso de paz con las Farc fueron ilegalmente interceptados durante los diálogos. Según los antiguos funcionarios, el entonces fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, dio la orden y recibía los resultados de las chuzadas.

Las afirmaciones provienen del exfiscal especializado Fabio Augusto Martínez Lugo, quien trabajó en la Fiscalía por más de 20 años, y del antiguo agente del CTI Luis Carlos Gómez Góngora, jefe de una de las salas de interceptación en el búnker. Los dos están presos por chuzadas ilegales a miembros del sindicato de Avianca y a funcionarios de la multinacional Enel, que sostenía una controversia multimillonaria con el Grupo de Energía de Bogotá.

De acuerdo con la versión de los detenidos exfuncionarios, fueron ilegalmente interceptados el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, el senador Iván Cepeda, la exsenadora Piedad Córdoba, el exministro Álvaro Leyva Durán y los abogados Diego Martínez y Enrique Santiago, asesores jurídicos de las Farc para la negociación.

En su declaración los exfuncionarios afirman que “inicialmente se efectúa interceptaciones de voz, de los abonados celulares del senador Iván Cepeda, la exsenadora Piedad Córdoba y el exconstituyente Álvaro Leyva Durán, a través de la sala de interceptaciones CIAN ubicada en el bunker de la Fiscalía General de la Nación, coordinada por Luis Carlos Gómez Góngora; los analistas de esta sala efectuaron el monitoreo y análisis de las conversaciones obtenidas; las interceptaciones de datos (mensajería, WhatsApp, Facebook, Messenger, correos electrónicos) estuvieron a cargo por orden del Fiscal general, por la DIJIN de la Policía Nacional”.

Ellos aseguran que la información ilegal llegaba al escritorio del fiscal general: “Los resultados de los análisis de las interceptaciones, eran entregadas al señor Fiscal General de la Nación, al doctor Néstor Humberto Martínez; esto se hacía a través del señor Brigadier General ® Luis Alberto Pérez Alvarán, director nacional del CTI.”

Llamé y le envié un mensaje de texto al general Pérez Alvarán para conocer su posición frente a estos señalamientos. Desafortunadamente, hasta la hora de cierre de esta columna, no había contestado.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez me respondió en estos términos: “Esa afirmación es absolutamente falsa y criminal. Durante mi administración se puso al descubierto una red ilegal de chuzadas y se actuó con contundencia ejemplarizante, por convicción y porque no tengo rabo de paja. A los que iniciaron con la especie de que chuzábamos a periodistas como usted, los denuncié penalmente. Nunca he oído una conversación de las personas por las que me indaga. Y no distingo a los funcionarios presos que usted menciona”.

Los funcionarios presos aseguran que es posible probar testimonial y documentalmente que estas interceptaciones ilegales existieron y dicen que deben ser citados a declarar:

María Consuelo Rincón, investigadora del CTI y analista de la sala CIAN.

Freddy Sánchez Tibambre, jefe de la sección de control telemático del CTI.

El general Luis Alberto Pérez Alvarán.

Raúl Cruz, director nacional de investigaciones del CTI

Mauricio Grajales Bolívar, fiscal 85 de derechos humanos de Medellín. Según los declarantes un proceso por el homicidio de un profesor, a cargo de este fiscal, fue usado para incluir los números que se interceptaron ilegalmente.

Las abogadas Consuelo Parra y Lina Sierra, quienes habrían actuado como apoderadas judiciales o delegadas de miembros del Clan del Golfo.

Algunos de los presuntamente interceptados: Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva Durán y Diego Martínez.

Ellos mismos: Luis Carlos Gómez Góngora, jefe de la sala CIAN del CTI y Fabio Augusto Martínez Lugo, antiguo fiscal 5 de la Unidad Nacional Antiterrorismo.

Ellos insisten en que “se efectuaron vigilancias y seguimientos en el país y en el exterior de los negociadores de paz mencionados, orden cumplida por el grupo de la DIJIN, por disposición del mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira quien recibía informes diarios de las diligencias adelantadas”.