El pulso que el fiscal les ganó a las Farc

La reunión que sostuvo el fiscal Néstor Humberto Martínez con el secretariado de las Farc el pasado fin de semana terminó resolviendo una de las pujas más díficiles que tenía la implementación del Acuerdo de Paz. Se trataba de un tema no muy conocido por la opinión pública, pero que representa uno de los puntos de honor de ese grupo guerrillero y a su vez un inamovible para el líder del ente acusador.

El eje central de la discusión está en la estructuración de una unidad de investigación contra el crimen organizado al interior de la entidad que para las Farc debería ser autonóma del fiscal y para Martínez debe ser dirigida por él, como jefe de ese organismo. El fiscal había advertido varias veces que esta no podía ser una "rueda suelta" de la justicia transicional.

Aunque no hay fotografías y son pocos los detalles que han filtrado del encuentro, lo cierto es que contrario a cualquier pronóstico Néstor Humberto Martínez se sentó frente a frente con los miembros de la guerrilla y lograron un consenso para prender los motores de las "Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales”.

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Para las Farc el tema es estructural, pues uno de sus mayores miedos al dejar las armas es correr con la misma suerte que la Unión Patriotica en los años 80.  En resumen, el grupo guerrillero quería que existiera una unidad encargada de investigar y asegurar que esto no vuelva a suceder. Consideraba que esta debe ser ‘autonóma’ pues la justicia ordinaria no ha arrojado muchos resultados sobre lo que sucedió con la UP.

El tema finalmente quedó consignado en uno de los decretos que expidió el presidente Juan Manuel Santos, en medio de la maratónica firmatón de las normas necesarias para la implementación del proceso. En este documento, finalmente primaron las tesis del fiscal Martínez, que además en este punto eran respaldadas casi que unanimemente por la comunidad jurídica.

La primera conclusión a la que se llegó es que la unidad no podía ser autonóma. Esto significa en plata blanca que el fiscal, sea Martínez o quien lo suceda pues la JEP durará 15 años mínimo, puede nombrar los funcionarios, reasignar los casos y llevar los procesos a los Comités técnicos legales que ha implementado esta administración.

El segundo punto importante es que quedó claro que esa unidad no tiene la competencia para investigar los crimenes del pasado, sino que debe concentrar sus esfuerzos en los casos que se presenten después de la firma de la paz.

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En ese punto, el fiscal hizo una precisión y es que ésta es la única formula para garantizar que las Farc no tengan ventajas frente a otros actores del conflicto armado. Es decir, que mientras todas las investigaciones de ese grupo guerrillero irían a la JEP, a los militares y los terceros por la via de esa unidad los investigaría la justicia ordinaria.  

Autonomía: un pulso largo

Las conclusiones del decreto, sin embargo, no serán pacíficas en la guerrilla. De hecho ese grupo ya anunció que propondrá una reforma constitucional para volver a intentar la conformación de esa unidad como ente autonómo. El senador Alexander López del Polo Democrático había incluido una disposición similar en otra norma que se tramita en el Congreso sobre el monopolio de las armas y que tiene también la finalidad de proteger a quienes se desmovilizan.

El pulso por este tema data desde la misma firma del primer Acuerdo de Paz. En el tercer punto se estableció que la Unidad Especial de Investigación tendría como misión escudriñar en el accionar de las organizaciones responsables de homicidios, masacres y violencia sistemática contra las personas que participen en la implementación. Allí quedó claro que esa unidad gozaría de “autonomía”.

En ese primer acuerdo, de casi 300 páginas que se redactaron en La Habana, se acordó que el director de la unidad tendría una autonomía funcional y administrativa. Con ella, podía para nombrar los fiscales, para reasignar casos, llevar a cabo comités técnico-legales sin la ingerencia del fiscal general y “hacer justicia” frente a lo que ocurrió en el pasado con el paramilitarismo, los agentes del Estado y los terceros que financiaron el conflicto armado. Es decir, todo lo contrario a lo que dice hoy el decreto que firmó Santos.

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De entrada Néstor Humberto Martínez dejó claro que esa propuesta era "inconstitucional". Entre otras cosas, porque la Carta Política de 1991 en el artículo 251 estableció en cabeza del fiscal general el principio de “unidad funcional y jerárquica”.  En el segundo acuerdo la propuesta se matizó, y el fiscal podía nombrar a los funcionarios pero debía someterse a un listado que enviaba el grupo guerrillero. El decreto tampoco contempla ese escenario.

Martínez hizo una rueda de prensa el martes en la tarde para explicar que: "la Fiscalía considera fundamental si se quiere avanzar y preservar esa defensa de la vida y la integridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que esa Unidad Especial no sea una rueda suelta. De llegar a serlo se privaría ese propósito de política pública de la capacidad institucional que tiene la Fiscalía para asegurar sus derechos".

A su juicio, es clave que esta nueva dependencia quede adscrita a su despacho directo ya que la Fiscalía como tal viene haciendo un trabajo "muy importante en la judicialización de aquellos que han afectado a los líderes sociales. Tenemos una tasa de imputación inédita del 42 % en la lucha contra esos sectores victimarios que afectan la paz en los territorios".

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El fiscal se refirió al crimen de Víctor Segundo Castillo, uno de los siete hombres que venía liderando la desmovilización de más de un centenar de milicianos de las Farc en Tumaco. "A estas alturas el suceso que ocurrió en ese municipio del pacífico, lo tenemos claramente identificado de tal manera que el país va a conocer la autoría del responsable".

Sobre la "liposucción” que enfrenta la Fiscalía señaló "que si la Unidad Especial asume con ese caracter monopolizado (...) estaríamos renunciando a la existencia de más de 4.500 fiscales que tiene la institucion en estos momentos. Toda esta capacidad,  más la investigativa no se puede sustituir por una única unidad".

Las medidas del decreto

La lista de de acciones que contempla el decreto firmado por el presidente es larga. A la Unidad Especial de Investigación se suma: el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Cuerpo Élite en la Policía, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Programa Integral de Seguridad para las Comunidades en los Territorios y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

En ese contexto, el Gobierno ya puso a funcionar una comisión de seguimiento a casos de agresiones a defensores de derechos humanos, encabezada por el ministro del Interior, en la que participan varias entidades de seguridad y justicia. Sin embargo, uno de los temas que más ruido ha generado es que el Gobierno sigue parado en la raya de que no encuentra un patrón común en los asesinatos, basado en la investigación que provee la Fiscalía.

Han dicho que no hay una conexión entre los diferentes casos ocurridos en todos los lugares del país y, por lo tanto, no ven un plan de exterminio. Aún así, tanto la ONU como sectores de la sociedad civil han llamado la atención sobre la necesidad de hacer una lectura más cuidadosa del contexto en que se han dado estos casos.