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NACIÓN

Por autorizar salida de exguerrilleros del país, llamado a juicio verbal exsecretario de la JEP

La Procuraduría General de la Nación citó a Néstor Raúl Correa a proceso verbal por haber permitido que ocho excombatientes del grupo armado salieran de Colombia. Según el Ministerio Público, lo hizo cuando ya las funciones que le había otorgado la ley de forma transitoria habían cesado.

9 de octubre de 2018

Este martes, la Procuraduría General de la Nación llamó a audiencia verbal al ex secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa Henao, por autorizar la salida del país de ocho excombatientes de las Farc, cuando ya habrían cesado las funciones que le había otorgado la ley de forma transitoria.

Néstor Raúl Correa fue nombrado por las Naciones Unidas como el primer alto funcionario en integrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y como secretario de este organismo tenía como función estructurar y dejar funcionando administrativamente la justicia creada en el marco del proceso de paz con las Farc.

El 3 de abril de este año anunció que renunciaría a la JEP por razones desconocidas en ese momento.

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Las hipótesis que se manejaron entonces estaban asociadas con tensiones entre Correa y los magistrados de la jurisdicción especial por asuntos administrativos relacionados con las instalaciones en donde comenzarían a trabajar los magistrados y la contratación del parque automotor para el traslado de los mismos. Mientras los magistrados pedían camionetas blindadas para su seguridad, la secretaría les dio temporalmente automóviles Renault Logan modelo 2018.

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Sin embargo, Correa se puso en el ojo del huracán mediático cuando se supo que la JEP había brindado permisos y autorizaciones para salir del país a varios excombatientes de las Farc beneficiados con las leyes de amnistía e indulto, de las cuales él habría sido el directo responsable. Por lo que fue denunciado de manera disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, para que esta definiera si el exsecretario se extralimitó o no de sus funciones.

En este documento pueden observarse los beneficiados por los mencionados permisos:

Denuncia Néstor Correa by on Scribd

Este martes, el ente de control llamó a audiencia verbal a Correa Henao. La razón por la que el ente de control cita a Correa es por haber autorizado la salida del país en específico de ocho excombatientes de las Farc, cuando ya no contaba con funciones para hacerlo.

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El exsecretario por ley tenía competencia para desempeñar funciones jurisdiccionales hasta el 15 de enero de 2018, dado que las Salas de Justicia de la JEP ya empezaban a funcionar. Sin embargo, “siguió aprobando salidas del país de excombatientes que se acogieron a esa jurisdicción especial, con lo que habría podido incurrir en extralimitación de funciones”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

Los permisos sobre los que Correa Henao deberá dar explicaciones corresponden a los de Luis Ermides Bocanegra Olmos, quien el 18 de enero de 2018 recibió el visto bueno para salir del país entre el 30 de enero y el 30 de mayo, rumbo a España; y Hugo Ancizar Pérez Muñoz, quien fue beneficiario de dos aprobaciones. Una concedida el 1 de marzo de 2018 para viajar entre el 5 y el 30 de marzo a Ecuador y otra previa, que no tiene fecha, para viajar entre el 1 y el 20 de febrero. Sobre estas dos peticiones no existen soportes escritos.

Así mismo, por los casos de Fernando Arellán Barajas, quien el 8 de marzo de 2018 recibió autorización para salir del país entre el 23 y el 29 del mismo mes rumbo a Islas Margarita (Venezuela); Andrés Mauricio Zuluaga Rivera, quien el 22 de marzo recibió el visto bueno para viajar del 4 de abril al 14 de mayo de 2018, a España; Gustavo Joanis Bedoya Matinés, el 23 de marzo le aprobaron viajar del 26 al 30 de mayo; a Israel Alberto Zúñiga Iriarte el 2 de abril de 2018 le concedieron autorización para ir a Ecuador entre el 2 y el 5 de abril, y Pastor Lisandro Alape Liscarro, a quien el 2 de abril le autorizaron un viaje que comenzaba ese día y terminaba el 5.

Según el ente, “con su proceder, el investigado violó varias normas de la Constitución, la ley y el Código Disciplinario Único, entre las que se destaca una transgresión del principio de moralidad que debe abrigar la función administrativa, pues es claro que a los servidores públicos les está prohibido ejercer sus funciones en forma contraria a la prevista en la ley”.  Su falta fue calificada como grave a título de dolo. La fecha de la audiencia será fijada en los próximos días.