“Ni da seguridad ni da garantías”, algunos penalistas no estarían de acuerdo con Ley de seguridad ciudadana

En medio de polémicas y en vísperas de las fiestas de Navidad, el Legislativo aprobó el proyecto de Ley de seguridad ciudadana de autoría del Gobierno, que pretende poner en cintura a los delincuentes y a los vándalos que atenten contra los ciudadanos, los uniformados y la propiedad pública y privada.

La discusión generó todo tipo de roces políticos que han sido interpretados por quienes trabajan con la norma. Los abogados Iván Cancino y Francisco Bernate opinaron sobre esta ley. A pesar de reconocer que puede haber buena voluntad, consideran que no arreglaría los problemas de fondo.

“Ni da seguridad ni da garantías para proteger, que es el fin que uno miraría en una Ley de seguridad ciudadana”, aseguró Iván Cancino. El abogado afirmó que lo único que hace es enviar el mensaje de que la ciudadanía podría malinterpretar que con un aumento de penas se solucionarían los problemas de impunidad y amenazas.

“En seis y ocho meses que se sigan cometiendo los hurtos, que siga habiendo violencia, lo que va a sentir la gente es una sensación de impunidad más grande de la que siente ahorita. Entonces esos proyectos de ley seguramente son con la mejor intención, pero el resultado es fatal”, comentó Cancino.

El abogado cuestionó que en este tipo de proyectos hace falta rigurosidad para estudiar las verdaderas causas de estas problemáticas. Señaló que ya se preparan demandas ante la Corte Constitucional de la iniciativa.

“Muchos de esos artículos se los va a tumbar la Corte Constitucional. No es terquedad de nosotros los penalistas litigantes, es que ya está probado, la Corte reacciona. (...) El Colegio de Abogados Penalistas ya está haciendo su demanda”, recalcó Cancino.

Sobre algunos puntos en específico, como el de la defensa privilegiada, comentó que ya estaba cubierto por la legislación actual, pero que abriría un boquete para que se puedan cometer delitos con la excusa de la legítima defensa privilegiada. ”Lo que está fomentando es la autojusticia y muchas situaciones muy peligrosas”, dijo el abogado penalista.

En el caso de agresiones a policías, Cancino señaló que ya se protegía al servidor público cuando es agredido. “Aumentar penas y crear delitos no soluciona los problemas del país, no es de ahora, es de siempre”, aseguró.

Por su parte, el abogado Francisco Bernate cuestionó que el proyecto haya surtido su trámite en estos tiempos, por lo que pedía una mayor discusión. “Se trata de un tema sensible y delicado que no debió debatirse en un mes. Tenía que tener un debate más profundo y más participativo, con mas conciencia”, afirmó Bernate.

Aseguró que no hay nada nuevo más allá del incremento de penas y que la ampliación de la legítima defensa y la detención preventiva podrían ser riesgosos en la ciudadanía. En el caso de la defensa por mano propia cuestionó que se integre a vehículos y a comercios porque esto sería priorizar los inmuebles sobre la vida humana. “Considero que es un mensaje negativo”, dijo.

En el caso de las penas a los policías explicó que este tipo de delitos ya se encontraban estipulados con el agravante en el caso de que se comentan a servidor público en el ejercicio de sus funciones, por lo que aseguró que con la modificación lo que podría pasar en el fondo es que haya penas menores por estos hechos.

“Ha existido desde siempre la protección especial del servidor público, es apenas elemental, pero había una lógica y es que el máximo podía llegar hasta 50 años de cárcel, pero se podía llegar hasta los 70 cuando se cometían otros delitos. Ahora siendo el máximo 60, es un estímulo para que los ataques se intensifiquen, se hagan más feroces y se termina exponiendo al servidor, y ya es muy preocupante”, señaló Bernate.