Ni los contratos para bodegaje se salvaron de la corrupción en Fonade

En agosto de 2017, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) contrató los servicios de bodega y archivo con una empresa que se ganó el negocio en un proceso –en criterio de la Fiscalía– ilegal, sin el lleno de los requisitos establecidos en la ley de contratación pública. Por esas irregularidades, el ente acusador imputó cargos a tres personas.

El contrato en mención tenía como objeto garantizar el bodegaje, la custodia y la actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo del Fonade. Se entregó a una empresa que, según la investigación, no cumplió con los requisitos definidos en la convocatoria y además no entregó la póliza para la firma de ese contrato; aun así, terminó ganando.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Elsy Mireya Pinzón Barrera, asesora jurídica de una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado de la República; a Héctor Mario Amar Gil, exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), y a Héctor José García Santiago, exrepresentante legal de una empresa de servicios informáticos”, dijo la Fiscalía.

El contrato fue firmado luego de una convocatoria privada, incumpliendo lo establecido por la ley, con apenas tres oferentes; dos quedaron fuera, según la Fiscalía, tras identificar que los términos del contrato, las características, la experiencia y la capacidad de la empresa contratante fueron modificados para asegurar la adjudicación.

“Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los supuestos involucrados el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado por los investigados”, explicó la Fiscalía.

El contrato adjudicado tuvo un valor superior a los 1.000 millones de pesos y el contratista logró desarrollarlo a pesar de las irregularidades que fueron identificadas por la Fiscalía. Entre los imputados se encuentra una funcionaria del Senado que forma parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Armando Benedetti.

La funcionaria del Congreso, que ahora fue imputada, apareció en otro hecho investigado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), donde se identificaron giros internacionales superiores a los 1.700 millones de pesos que prendieron las alertas, al establecer que el sueldo y los activos de esa funcionaria no eran compatibles con el manejo de millonarios recursos a su nombre.

“Asimismo, se conoció que el proceso contractual se hizo por convocatoria privada, al que fueron invitados tres oferentes, aspecto contrario a lo definido en la Ley 80 de contratación pública”, señaló el ente acusador tras cumplir con la imputación de cargos que también incluyó a un exfuncionario de Fonade y al representante legal de la empresa que se quedó con el contrato.

Aunque la Fiscalía no solicitó una medida de aseguramiento en contra de los ahora imputados, sí advirtió que seguirán adelante con la investigación y presentarán el escrito de acusación por los delitos señalados, con la idea de que, en un evento del juicio, puedan solicitar una condena en su contra, además de las sanciones de ley que corresponda.

Los investigadores indagan en la responsabilidad que tendrían más personas en la adjudicación de ese millonario contrato, las dudas en el proceso de adjudicación y una millonaria afectación en las finanzas de Fonade, la entidad que en otro momento también se vio involucrada en otra serie de contratos e irregularidades de los entes de control.