Maduro solo contra el mundo

Nicolás Maduro cruzó el 10 de enero un umbral inédito. El chavismo siempre apeló a la legitimidad de origen como punto final de cualquier discusión política. Algo lógico en un país que por 60 años entendió que quien ganaba una elección, mandaba, incluyendo a los militares. Pero en 2019, el heredero de Hugo Chávez inicia un periodo distinto, sin estado de derecho, sin reconocimiento de actores clave, sin argumento jurídico, sin más que la fuerza.

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Por estos días en Venezuela las televisoras oficiales y buena parte de las privadas transmiten con insistencia propagandas sobre la juramentación de Maduro. “Yo soy presidente”, dicen grupos de personas en coro, todos portando una banda tricolor. Pero en la calle eso no se ve. “Yo creo que es ilegítimo, pero ahí está en Miraflores mandando”, dice Ramiro Salgado, un electricista de Caracas que asume que “en este país ya nada es por lo legal”.

No está solo. El rechazo a Nicolás Maduro alcanza el 80 por ciento de la población, según la encuestadora Delphos. Pero el gobernante insiste en su legitimidad. “A mí nadie me ha regalado nada. Estoy aquí por los votos del pueblo”, dijo, recordando los resultados de los comicios del 20 de mayo pasado, desconocidos por la oposición, 15 países del continente y la Unión Europea. Un “simulacro”, lo llamaron entonces.

El año pasado la protesta social en Venezuela rompió los récords. Ya no se trata de reclamos políticos, sino de las lamentables condiciones de vida.

El gobernante dice no preocuparle la postura de Bruselas, de Washington ni del Grupo de Lima. De hecho, ha insistido en que Venezuela tiene hoy más apoyo internacional que nunca. Una afirmación que lució pobre el jueves cuando juró el cargo frente a representantes de apenas 17 países y solo cuatro presidentes.

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“Soy un presidente demócrata de verdad”, repitió tres veces durante el discurso de una hora y 15 minutos que pronunció en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde debió jurar el cargo que desconoce la Asamblea Nacional, donde debía ocurrir el evento. “He cumplido. Está certificado mi juramento. Tengo los símbolos sobre mi cuerpo. La banda presidencial con el tricolor”, también dijo, mientras saludaba con particular deferencia al alto mando militar. Los uniformados, junto al ministro de la Defensa, lo aplaudieron.

Maduro dijo querer un año de prosperidad económica. En su primer periodo el PIB pasó de 5,6 por ciento a -18 por ciento; la inflación, de 21 por ciento a 1.698.488,2 por ciento; las reservas internacionales, de 30.000 millones de dólares a 8.400 millones, y la producción de petróleo, de 2,4 millones de barriles diarios a 1,1 millones.

Aferrado, a pesar de todo

Aun así sobrevivió en el poder, incluso durante 2018, cuando la escasez de insumos básicos se mantuvo por encima de 65 por ciento y la pobreza por ingresos alcanzó el 87 por ciento de los hogares. De acuerdo con las tres principales universidades del país, la moneda nacional quedó pulverizada y la capacidad petrolera perdió unos 650.000 barriles de crudo diarios, según fuentes secundarias, que representan la mitad del desplome que ha tenido la principal industria del país en los últimos cuatro años.

¿Cómo lo hizo? Aumentando el costo social. Las importaciones de Venezuela acumularon apenas unos 9.200 millones de dólares. En contraste, en 2012 alcanzaron 66 mil millones. El impacto aguas abajo se nota en desabastecimiento y pobreza. Unas carencias que empujaron la ola migratoria más acentuada del continente en los últimos 100 años.

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Además, en 2018 el gobierno entró en default con varios de sus acreedores, y aprovechó esos fondos no pagados –unos 8.000 millones de dólares– para financiar al Estado. Condicionó los subsidios directos e indirectos y permitió la extracción de oro a cualquier costo ambiental (lo que se tradujo en más de 1.000 millones de dólares en exportaciones).

Para este año, el analista Michael Penfold, Ph.D de la Universidad de Columbia y director de la consultora Strata, considera que “la posibilidad de repetir los mismos trucos en el plano económico será muy limitada”, pues la producción de crudo podría promediar apenas 950.000 barriles diarios, en un mercado de precios a la baja. Además, en 2018 China y Rusia dejaron de dar dinero fresco a Maduro, pues Caracas no tiene capacidad para pagar las deudas que ya tiene con ambas potencias. Pero, eso sí, su apoyo geopolítico sigue irrestricto.

Recortar más las importaciones es una opción limitada por la propia presión social traducida en protestas e inestabilidad. Ya en octubre de 2018 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social marcaba un récord de 10.773 protestas en el país en el año, por encima incluso del índice de las dos grandes olas de protestas recientes ocurridas en Venezuela, en 2014 y 2017, en los cuales se documentaron 9.286 y 9.787 manifestaciones, respectivamente. Pero ya no se trata de reclamos políticos, sino por condiciones de vida: alimentos, agua, gas doméstico, transporte y el colapso de otros servicios públicos. Así es en el 89 por ciento de los casos.

Además, continuar deteriorando las condiciones de vida empujará a más personas fuera del territorio hacia naciones vecinas, lo que agudizará “el problema venezolano” también puertas adentro de otros países. Ya el país ha perdido 3,3 millones de habitantes, según la Organización Internacional de Migraciones, lo que equivale al 10 por ciento de su población total. Todo ello hace que los gobiernos vecinos recrudezcan sus respuestas.

Frente a esta realidad, Nicolás Maduro no tendrá más alternativa que “flexibilizar el mercado (en espera de que el reducido sector privado que queda financie parte de las importaciones del país), ceder control petrolero y extender nuevos contratos para frenar el colapso de la industria”, ratifica Penfold.

Ya está ocurriendo con nuevas firmas en materia energética, flexibilización de facto de los controles de precios y devaluación de la moneda. Pero los capitales privados no son la panacea, pues las restricciones internacionales impiden el acceso a líneas de crédito y la economía ya es demasiado pequeña como para esperar que solo la fuerza del mercado pueda recuperarla.

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De hecho, Maduro afirmó en la ceremonia que inversionistas de Estados Unidos y de América Latina y el Caribe se agolpan a las puertas del país para producir petróleo, gas y alimentos. Una mentira abierta, pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celac) registra que Venezuela solo ha captado el 1 por ciento de las inversiones directas que han entrado a América del Sur, debido a la inseguridad jurídica y a la inestabilidad política del país.

En el fondo, ninguna de estas medidas luce viable en el marco del quiebre institucional y financiero del país, y cada vez con más limitaciones foráneas al intercambio económico y comercial. De allí que el costo social puede aumentar más, las sanciones internacionales pueden hacer más precario el margen de maniobra de Maduro y los acreedores podrían optar por cobrar sus deudas para tomar control de los activos internacionales que aún soportan la menguada operación petrolera del país.

En el camino, el autoritarismo de Maduro podría profundizarse, así como su control social –el 70 por ciento del consumo de calorías ya depende de la distribución de comida subsidiada por las estructuras partidistas del Clap–, mientras se acerca a los extremismos de las naciones petroleras de Oriente Medio, que controlan férreamente la renta estatal.

¿Camino a la transición?

La oposición insiste en que el país solo será viable si hay un cambio político. Pero cómo lograrlo permanece en la incógnita. Tres fuerzas serán determinantes para ello en 2019. La primera es la Asamblea Nacional, la única institución reconocida por la comunidad internacional, pero que enfrenta a un gran desprestigio de puertas adentro. Las encuestadoras han registrado una caída en la confianza luego de sus decisiones erráticas, sus divisiones internas y la imposibilidad de imponer sus resoluciones. Su actuación, por tanto, no puede ceñirse solo a lo jurídico, como sucedió cuando declaró el abandono del cargo presidencial o cuando nombró poderes públicos alternativos. El reto es político.

El nuevo presidente del Legislativo, Juan Guaidó, dijo un día después de la posesión que él debe tomar las riendas del poder en Venezuela. Para hacer efectiva esa previsión legal, pidió ayuda militar, civil e internacional.

Días antes ya había hecho un llamado a la sociedad para buscar “la aplicación efectiva de la Constitución”, admitiendo que “no solo depende de la Asamblea Nacional”. El parlamentario afirmó la necesidad de “lograr que las decisiones que tomemos desde este Parlamento se puedan ejercer en simultáneo con el apoyo de todos”.

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Así, buscan generar alianzas suficientes que permitan construir consensos para enfrentar a un régimen usurpador. Los llamados a que Guaidó asuma la Presidencia del país ante la ausencia de un gobierno electo, siguiendo una interpretación meramente jurídica, solo serán viables si hay fuerza política y respaldos internos para soportarlo.

Y allí entra el segundo actor importante: la Fuerza Armada. Para los cuarteles, la legitimidad de origen ha sido columna vertebral de actuación. Ahora, podrían cuestionar la línea de mando y atender el artículo 333 constitucional que llama a restaurar la vigencia del estado de derecho. Guaidó ha insistido en que la cadena de mando está rota, en que no hay comandante en jefe y por tanto los soldados deben dar un paso al frente para restaurar el estado de derecho.

Cuesta pensar en un alzamiento. Los militares venezolanos tienen demasiados intereses de por medio y un histórico sentido de conservación. Pero sí podrían convertirse en actores clave para presionar una negociación política que conduzca a un nuevo proceso electoral validado internacionalmente. Para ello no hace falta disparar un fusil, sino dar cuenta al gobierno de la fragilidad de su respaldo.

El gobierno lo sabe y se blinda: en 2018 apresó a más de 150 militares acusados de rebelión, y las prebendas al sector militar, con amplia participación en sectores económicos, han aumentado. Además, ha apelado a la carta de la soberanía, frente a una presión internacional que, asegura, está soportada en intereses territoriales y energéticos, particularmente con base en el reclamo por el Esequibo con Guyana, un tema sensible dentro del cuerpo castrense.

Por ahora, el Alto Mando dice ser leal a Maduro, pero lo que pasa más allá de las cámaras está por verse.

El otro actor clave son las fuerzas de base del chavismo. El PPT, un partido aliado, ha pedido “una manera distinta de gobernar”. Otra tolda de ese lado, el partido Redes, teme que para sobrevivir en el poder, Maduro decida abrirse al libre mercado y traicione definitivamente a la izquierda. Otras voces, como la fiscal exiliada Luisa Ortega Díaz y el otrora todopoderoso exministro Rafael Ramírez han hecho llamados abiertos a los cuarteles para buscar una transición.

Si otros actores aún en la órbita del poder se convencen de que el gobernante es un problema, podrían ver en un proceso de cambio la posibilidad de capitalizarlo. Facciones gobernantes podrían comenzar a ser relevantes. “Vivimos en una dictadura, y para la transición necesitamos de todos, incluso del chavismo, el que se ha desprendido y el que todavía queda ahí con temor de expresarse porque no tiene una pista de aterrizaje”, dijo Guaidó, quien confirmó que trazar el camino a esa trasición es una de sus tareas.

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Maduro también juega, y buscará resistir mediante concesiones económicas y políticas que no impliquen nuevas elecciones presidenciales. Si logra aguantar y se consolida en el poder, las consecuencias sociales son inimaginables. El país puede enfrentarse a lo que la nutricionista Susana Raffalli, convertida en emblema de la lucha contra la desnutrición infantil en el país (que ya ha pasado los niveles de emergencia humanitaria), llama el punto de no retorno. Este llega cuando una nación pierde la capacidad social, económica e institucional de salir de la pobreza estructural.

¿Qué viene?

Algo ha quedado claro en la Venezuela reciente: que no es un terreno fértil para las predicciones. La visión externa de la crisis del país, estimulada por los principales voceros de la oposición, indica que los días del régimen están contados. Pero quienes viven el día a día en Venezuela perciben que Maduro está atornillado. ¿Qué tan efectiva puede llegar a ser la presión internacional para propiciar un cambio de la tendencia interna? ¿Las debilidades del gobierno y su ineficiencia comprobada pueden llegar a producir la famosa implosión de la que se ha hablado tanto? ¿Buscará Maduro una apertura para aliviar la presión o se radicalizará aún más y echará mano de un creciente autoritarismo? Las respuestas no son fáciles. Lo único claro es que el futuro inmediato no permite abrigar demasiadas esperanzas de mejora o de cambio.