Home

Nación

Artículo

  Escoltado por la seguridad de la Presidencia, Nicolás Petro llegó con su pareja, Laura Ojeda, a la audiencia de imputación de cargos.
Escoltado por la seguridad de la Presidencia, Nicolás Petro llegó con su pareja, Laura Ojeda, a la audiencia de imputación de cargos. | Foto: fiscalía

Judicial

Nicolás Petro deberá presentarse ante la Comisión de Acusaciones por la investigación contra el presidente por irregularidades en campaña

El exdiputado fue citado nuevamente en su calidad de gerente de la campaña de Gustavo Petro en la Costa caribe.

Redacción Semana
18 de enero de 2024

Para el próximo 29 de enero fue citado, nuevamente, el exdiputado por el Atlántico Nicolás Petro Burgos para que rinda su declaración en medio de la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades que se presentaron en la financiación de la campaña de su padre, Gustavo Petro, en el año 2022.

Petro Burgos será escuchado en su calidad de gerente de la campaña presidencial en la Costa en 2022 y después que entregara información, en el interrogatorio que rindió en agosto pasado ante la Fiscalía General, que personas cuestionadas habrían aportado dinero a la campaña. Así como omisiones en los registros enviados ante los organismos electorales.

La defensa de Petro Burgos confirmó que se presentará ante la Comisión para aclarar todo lo referente a la campaña, manifestando que están siempre prestos a cumplir con las citaciones de las autoridades judiciales y presentar toda la evidencia requerida.

La investigación en la Comisión se desprende de la compulsa de copias hechas a mediados de octubre pasado por la Fiscalía General de la Nación para que se indagara si se cometieron delitos en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.

“Nicolás Fernando Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego”, reseña la mencionada compulsa.

En el documento, firmado por el fiscal delegado ante el Tribunal, Mario Andrés Burgos, se indica que es necesario indagar “de acuerdo con la competencia de la Comisión de Acusación, la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, o cualquier otro hecho que revista característica de delito”.

El pasado 13 de diciembre, la Comisión de Acusación tomó la decisión de abrir una investigación en contra del presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

La Fiscalía General ya acusó a Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por el injustificado incremento de su patrimonio entre los años de 2021 y 2022, cuando era diputado en la asamblea del Atlántico. Con este dinero, junto a su entonces pareja, Day Vásquez, compró un lujoso apartamento en Barranquilla y una camioneta.

A Petro Burgos se le señala nada más y nada menos que de incrementar su patrimonio de manera injustificada en casi 1.053 millones de pesos en 2022, año en el cual, además, lideraba la campaña presidencial de su padre en la Costa caribe.

Habría recibido entre 400 y 500 millones de Santander Lopesierra, el Hombre Marlboro, un recordado narcotraficante que lideró durante años el contrabando de cigarrillos en La Guajira, hechos por los que pagó una condena de 20 años en los Estados Unidos.

Pese a que de manera pública y frente a todo un país Petro Burgos manifestó su decisión de colaborar con las autoridades para entregar toda la información necesaria para aclarar este caso, finalmente, después de la sorpresiva visita de su padre a la vivienda en Barranquilla, se echó para atrás.

Posterior a esto siguieron los cambios de abogado y su nueva defensa, liderada por el penalista Diego Henao, dio visos de que enfrentarán un juicio. Sin embargo, cuando tenían que presentarse a la lectura del documento, el equipo jurídico sacó un as bajo la manga pidiendo que el expendiente pasara de Barranquilla a Bogotá, argumentando que la mayoría de los hechos investigados se consumaron en la capital.