¿Nicolás Petro podría ir a la cárcel? Esto es lo que sigue en el proceso judicial que enfrenta el hijo mayor del presidente

Fracasada la colaboración de Nicolás Petro con la Fiscalía, hoy el hijo del presidente de la República solamente tiene un camino: el juicio. Ante este panorama se plantea la duda de si la Fiscalía puede pedir una medida de aseguramiento en contra de Petro Burgos, quien hoy está en libertad condicional. SEMANA habló con expertos penalistas y esto dijeron sobre lo que puede pasar.

“Hay que recordar que un juez le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de unos requisitos, como, por ejemplo, no hablar con personas relacionadas directa o indirectamente con la investigación y no salir de la ciudad de Barranquilla. En caso tal que no los cumpla, la Fiscalía podría solicitarle al juez de control de garantías la revocatoria de esta medida y, en su reemplazo, imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, o sea, en detención domiciliaria o en detención en centro carcelario”, explica el abogado penalista Julián Quintana.

Justamente, una de las prohibiciones que le puso la juez al exdiputado de la Asamblea de Atlántico fue la de no participar en política ni opinar de esos temas. Sin embargo, los pocos mensajes que ha publicado en su cuenta de X, como el anterior, parece no acoger las restricciones.

Quintana también explica que Nicolás Petro podría perder su libertad en caso de que surjan hechos nuevos como, por ejemplo, que se pruebe que puede destruir las pruebas que se presentarán en el juicio o que haya indicios de que va a abandonar el país.

“En ese caso, la Fiscalía con esos nuevos hechos podría ir ante un juez de control de garantías y solicitar una nueva medida de aseguramiento privativa de la libertad”, explicó.

El abogado penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explica que se debe tener en cuenta que Nicolás Petro se encuentra en libertad porque el juez consideró que la Fiscalía no había argumentado de una forma suficiente lo que era la solicitud de una medida de aseguramiento, por lo que tendría que demostrar que Petro Burgos representa un peligro para el proceso en caso de que quiera solicitar que sea enviado a prisión durante el desarrollo del juicio.

“El hecho de que no se haya culminado la negociación es algo normal, es algo que pasa en este y en cualquier otro escenario. Ahora, si hay evidencias que de aquí en adelante el señor Petro pueda estar afectando la investigación, pueda estar teniendo contacto con testigos, existan posibilidades reales de que se vaya del país, la Fiscalía podría solicitarle a un juez nuevo una imposición de una medida de aseguramiento”, dijo Bernate, quien señala que se trataría de algo excepcional.

¿Qué sigue en el proceso?

Ahora, por solicitud de la Fiscalía que ya radicó el escrito de acusación, un juez de Barranquilla al cual le fue asignado el caso deberá fijar una fecha para llevar a cabo la audiencia en la que se hará la lectura formal de la acusación y con ello se dará el llamado a inicio por los delitos imputados: lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Posteriormente, como en cualquier proceso judicial ordinario, se fijarán las fechas para las audiencias preparatorias de juicio donde se revelan las pruebas que serán practicadas y valoradas durante el juicio.

Entre las pruebas que podrá presentar la Fiscalía están las declaraciones que Petro Burgos haya entregado previamente y que pueden tenerse a manera de documentos para confrontar eventuales versiones que se den en el juicio.

Sin embargo, Julián Quintana explica que en ese transcurso del proceso también podría suscribir un preacuerdo con la Fiscalía o un principio de oportunidad en caso de que así lo decida la defensa. “Si no es su decisión, finalmente tendrá que enfrentar el juicio oral público y concentrado”.

¿A qué pena se expone Nicolás Petro?

“Partamos de la más grave que le ha imputado la Fiscalía, el lavado de activos, y ese lavado de activos impone una pena de 10 a 30 años, pena que le podría ser impuesta siempre y cuando sea vencido en el juicio oral y sea demostrada que su presunción de inocencia no se acredita en el presente caso”, explicó Julián Quintana.

El abogado Francisco Bernate asegura que aunque la pena máxima en este caso sería la de 30 años, siendo una persona que no tiene antecedentes y demás, no va a llegar a ese máximo, pero que en caso de ser condenado no podría recibir beneficios.

“Podría ser entre 10 y 20 años de prisión, pero siendo el delito de enriquecimiento ilícito, un delito que no tiene ningún tipo de beneficios, pues si fuere condenado podría eventualmente hacerlo en prisión”, explicó el penalista.

El pasado primero de agosto, durante la audiencia de medida de aseguramiento en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sorprendió al país con un sorprendente anuncio:

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, precisó Petro Burgos, con la voz entrecortada, en su rápida intervención.

El anuncio de Petro no solo implicaba que reconocía haber recibido y gastado en lujos millonarias sumas de dinero de parte del exnarco Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, y a Gabriel Hilsaca, hijo del cuestionado empresario Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca, que tenían como destino la campaña presidencial de Gustavo Petro, sino que además significaba que entregaría información acerca de las posibles irregularidades ocurridas al interior de la campaña de su padre a la Presidencia de la República.