Tribunal Superior de Bogotá le dijo a la exministra Karen Abudinen que ella no es víctima en el escándalo de los 70 mil millones de pesos y Centros Poblados. Ella apeló

La exministra de las TIC, Karen Abudinen, reapareció para pedirle a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que revise la decisión que emitió este lunes el Juzgado 59 de Conocimiento de Bogotá que le negó su calidad de víctima dentro del proceso que se adelanta contra los empresarios que hicieron parte de la unión temporal Centros Poblados, los cuales mediante actividades ilícitas lograron la adjudicación del contrato avaluado en 1,2 billones de pesos.

Tras la decisión, Abudinen pidió la palabra con el fin de que se revise la decisión judicial. “Es un daño real y concreto, es que realmente a mí sí me han afectado, me tocó renunciar, no tengo oportunidades laborales”, explicó la exministra de las TIC al considerar que las afectaciones se extendieron a todo su núcleo familiar, quienes han sido señalados falsamente de apropiarse de estos recursos públicos.

Reseñó que un sobrino, al que considera casi que un hijo, se ha visto afectado puesto que en el colegio lo han señalado falsamente. “Esto no habría pasado, su majestad, si este hecho criminal no se hubiera dado. Yo he estado 15 años en el sector público y nunca he tenido ni una tacha administrativa, disciplinaria o fiscal, y mucho menos un proceso penal”.

En el recurso de apelación insistió en que no busca ser reconocida como víctima por intereses económicos. “Mi condición de víctima se trata porque me hicieron un daño real, concreto, visible; inclusive las redes sociales al día de hoy no paran de presionar por una situación que jamás he cometido, ni podía saber que esa unión temporal tenía ese entramado en contra de la administración pública”.

Todas estas situaciones la han afectado considerablemente. “He tenido que ir al psicólogo, pasé toda la situación de mi madre, que falleció por cuenta del covid-19 en medio de esta situación”. Visiblemente dolida por todo lo ocurrido, Abudinen le hizo un fuerte llamado de atención a los empresarios Juan José Laverde Martínez, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona y Ottomar Lascarro Torres por los actos de corrupción que se presentaron durante la licitación.

“Yo no estaría pasando por estas cargas profesionales, personales y afectivas”, aclaró la exministra de las TIC que pide que sea reconocida como víctima.

El Contrato 1043 que se celebró en noviembre de 2020 tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

En la licitación, la unión temporal Centros Poblados (conformada por las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora) presentó como soporte pólizas de seguros emitidas por el Banco Itaú con el fin de darles soporte y respuesta a los riesgos del contrato avaluado en un billón de pesos.

Poco tiempo después, ante las demoras en la instalación de los centros virtuales, el Banco Itaú le informó al Ministerio de las TIC que “no había expedido ninguna de las pólizas”, situación que motivó a que se convocara una revocatoria del billonario contrato. Para ese entonces, la unión temporal ya había recibido 70 mil millones de pesos para la compra de equipos.

El próximo 20 de octubre será presentado el preacuerdo firmado con Jorge Enrique López Benavides, señalado de haber falsificado la póliza del Banco Itaú, la cual fue clave en el proceso de licitación.

Tras negociar con la Fiscalía, López aceptó su plena responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, por lo que tendrá que pagar una pena de cuatro años de cárcel, y reintegrar 187 millones de pesos. En la actualidad, López Benavides se encuentra privado de la libertad.