“Ningún veterano debe estar expuesto a este tipo de despojo”: Acore sobre petición de retiro de medallas al general (r) Armando Arias

La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore) reaccionó ante la petición que llegó al Ministerio de Justicia para que se retiren sus medallas y reconocimientos al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.

Vale recordar que Arias Cabrales ha vivido los últimos años de su vida enredado en los procesos judiciales que le abrieron por la toma del Palacio de Justicia. Durante meses intentó participar de los procesos de la justicia transicional, pero la JEP decidió excluirlo del proceso, pues aseguró que durante la audiencia única de aporte a la verdad que se realizó con el alto oficial este no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

La petición en mención fue elevada por Helena Urán, hija del desaparecido magistrado Carlos Horacio Urán, quien por años se dijo había muerto en el fuego cruzado, pero luego se confirmó que había sido sacado vivo del Palacio y torturado hasta morir. Puntualmente, le pidió al Gobierno retirar todas las medallas que el general había obtenido en su vida de servicio.

Al respecto, Acore calificó la solicitud como “injustificada” y reaccionó enfatizando que “ningún militar, policía o veterano debe estar expuesto al despojo de sus reconocimientos y merecimientos obtenidos a lo largo de su carrera al servicio de la patria y los colombianos”.

En tal virtud, la asociación rechazó con firmeza la iniciativa “que solo busca minar el honor y la dignidad de los miembros de la fuerza pública”.

“El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales ha dado una larga, penosa e infructuosa batalla judicial en defensa de su inocencia, frente a las acusaciones relacionadas con las acciones militares para la recuperación del Palacio de Justicia tras su toma violenta y criminal por parte del M-19, en asocio con el cartel de Medellín. Nuestra incondicional solidaridad con el señor general Arias Cabrales”, expresó Acore en su comunicado.

Arias fue uno de los militares señalados de la desaparición de personas en la toma del Palacio de Justicia. Lo condenaron originalmente en 2011 a 35 años de cárcel por la desaparición forzada de 11 personas. Cuatro años después, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la pena, pero redujo el número de desaparecidos a cinco. Ante eso, el oficial decidió recurrir ante la máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia en una primera instancia no le dio la razón. Aseguró en su momento que el Ejército actuó: “Sin tregua, con persistencia, utilizando todos los medios armados al alcance y contando con la temerosa actitud del presidente de la República de intervenir. La operación militar no tuvo tregua y menos reparo sobre la vida de los magistrados, empleados y ciudadanos y de los guerrilleros vencidos en esa infausta acción terrorista que nunca ha debido ocurrir”.

Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos sucedidos en el Palacio de Justicia. Pero también ha existido controversia alrededor de las pruebas que hay contra los militares. Por ejemplo, el coronel Plazas Vega fue absuelto en el año 2015. Al coronel lo habían acusado por la desaparición, también, de 11 personas en la tragedia del Palacio de Justicia.

El fallo del tribunal que ratificó su condena en 2012, sin embargo, estableció que solo existían pruebas de que salieron con vida dos de ellos: el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco. El coronel solo reconoce esta última, aunque siempre aclaró que no tuvo que ver con eso. Finalmente, se probó que él no tuvo nada que ver con las labores que sucedieron; “Plazas Vega no cumplió labores de inteligencia en la Casa del Florero… de modo que la identificación de las personas, su calificación de especiales (guerrilleros) y la remisión a otras unidades no eran su labor”.