Tribunal ordena al presidente apersonarse de los niños de La Guajira

Según el Tribunal Superior de Ríoahacha, el presidente Juan Manuel Santos no puede ser ajeno al drama que enfrenta la comunidad Wayúu, especialmente sus niños, que día a día encuentran la muerte por culpa del hambre. Por eso, le ordenó emprender acciones verdaderamente efectivas para atender esa crisis humanitaria.
 
Por medio de una acción de tutela, esa autoridad le dio dos días al jefe del Estado para diseñar un plan con medidas presupuestales y precisiones en materia de contratación para enfrentar de una vez la calamitosa situación, so pena de ser objeto de la apertura de un incidente de desacato.
 
Y es que en los últimos meses, las primeras planas de los medios de comunicación contienen noticias dolorosas sobre la manera como los niños wayúu, que habitan en la zona, mueren de enfermedades causadas por la desnutrición.
 
Impotentes, los espectadores observan cómo se frustran los planes para que los pequeños y sus padres superen semejante déficit de desprotección. Al final, la ambición burocrática siempre puede más que la solidaridad humana y la Guajira tiene que soportar que las iniciativas para la construcción del sistema de acueducto, mejoramiento de los sistemas de salud y programas de nutrición se frustren.
 
Convencidos de que la institucionalidad a nivel interno, por sí sola, no sería capaz de encontrar una solución, la comunidad y las organizaciones sociales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que obligara al Estado colombiano a tomar cartas en el asunto de una vez por todas.
 
Así pareció ocurrir cuando la CIDH impuso medidas cautelares, obligando al Gobierno colombiano a tomar medidas concretas para evitar que los niños tuvieran que seguir siendo los paganini de la codicia de la clase dirigente.
 
Pero ni eso fue suficiente. Al parecer, más activa fue la labor de los asesores jurídicos del Gobierno para defender al Estado ante el organismo multilateral que la de las instituciones para poner fin al inhumano drama.
 
Por eso, los demandantes acudieron al Tribunal Superior de Ríohacha que concluyó que no solo los alcaldes, el Gobernador o los organismos de control deben trabajar en la solución. A juicio de esa corporación, es el propio jefe del Estado quien debe ocuparse personalmente de la situación.
 
De ahí que, ante el incumplimiento de las órdenes impartidas para suministrar alimentos, agua potable, servicios de salud, el órgano judicial le haya impuesto al Presidente Santos el deber de preparar el plan, en un máximo de 48 horas.
 
La propuesta debe contener respuestas a problemas presupuestales y contractuales concretos y establecer cuál es la responsabilidad de las autoridades regionales y demás organismos para proteger a las comunidades wayúu afectadas en Manaure, Ríohacha, Uribia y Maicao.