Niños de Lorica, Córdoba, no pueden recibir clases porque el colegio está inundado

Las lluvias que comenzaron a registrarse desde comienzo de este año y las afectaciones que ocasionaron en diferentes partes del país aún son razón de alerta para la comunidad.

En el departamento de Córdoba el desbordamiento del río Sinú a raíz de las fuertes precipitaciones ha causado una suma superior a los 30.000 damnificados, pertenecientes a unas 11.000 familias.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un recorrido por los municipios afectados y posterior a ello hizo un llamado a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para atender la grave situación que viven las comunidades del municipio de Lorica, por cuenta de esas inundaciones del río Sinú, y que de manera especial viene afectando a la población más vulnerable.

“Vinimos a la subregión del Bajo Sinú, para hablar con las comunidades del municipio de Lorica, para hacerles seguimiento a los llamados que le hemos venido haciendo a las autoridades en relación con las afectaciones a los derechos de los habitantes por cuenta de las inundaciones”, aseguró Carlos Camargo.

Para el funcionario, luego del diálogo con las comunidades, reiteró que lo más preocupante es la falta de articulación entre la Unidad de Gestión del Riesgo y las autoridades locales para que las ayudas puedan llegar efectivamente a la población afectada.

“Hacemos un llamado urgente para que, en el marco del principio de colaboración armónica entre las instituciones, se puedan tomar las acciones necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones sobre las comunidades”, agregó Camargo.

El trabajo de la defensoría, según puntualizó el defensor, lleva tiempo haciendo este tipo de llamados y generando alertas a las autoridades.

“A principio de este año, la Defensoría del Pueblo entregó un informe sobre el río Sinú, donde hicimos llamados a las autoridades locales y de todos los ordene y a la autoridad ambiental y sus dinámicas, para tomar medidas de mitigación en los más de 100 puntos críticos en las zonas ribereñas de la más importante cuenca hidrográfica del departamento de Córdoba”, dijo el funcionario.

Además de las graves afectaciones a los campesinos dedicados a la ganadería y a la agricultura, el defensor del Pueblo manifestó su preocupación por las afectaciones que pudo evidenciar de primera mano en diferentes instituciones educativas por las inundaciones, poniendo en riesgo el derecho a la educación y a la salud de los niños, niñas y adolescentes de esta región del departamento.

“La situación en el departamento de Córdoba es difícil dado que 28 de sus 30 municipios se encuentran declarados en calamidad pública. Desde el pasado mes de mayo, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo los riesgos para que se tomen las medidas de mitigación previas y evitar de esta manera que se consoliden las afectaciones. Sin embargo, no se tomaron las medidas por parte de alcaldías como San Bernardo del Viento donde, a pesar de las advertencias sobre puntos críticos en el corregimiento de Isla del Queso, se presentan inundaciones, manteniendo a la comunidad incomunicada”, señaló la Defensoría.

Situación similar viven los habitantes del municipio de Chimá, debido a la falta de mantenimiento del jarillón que contiene las aguas de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y que, pese al esfuerzo de las comunidades y de los requerimientos realizados desde años anteriores por la Defensoría del Pueblo, hoy se consolida la afectación a comunidades indígenas del pueblo Zenú que allí reside.