Niños de Pueblo Rico (Risaralda) se están muriendo por malaria. Las historias son desgarradoras

Ríos de sangre salían por la diminuta boca de un bebé que apenas cumplía su primer año de vida.Vomitaba en promedio seis veces en menos de 24 horas. Llevaba tres días con fiebre y diarrea; su mamá, una joven indígena embera chamí, lo ató con la paruma (tela de dacrón) para cargarlo cerca al pecho y caminar descalza en la madrugada por los caminos de herradura que tiene Pueblo Rico, Risaralda.

Cuando apenas se asomaba el sol, ella ya completaba cuatro horas de recorrido. Había pasado quebradas crecidas. A la orilla, esperó sentada en una piedra, una hora más o menos, a que llegara el yipao que hace el recorrido por las 85 veredas y dos corregimientos del municipio.

La dejaron en el puesto de salud de Kerberde; no había ni un médico en el lugar. Viajó otra hora más para llegar al corregimiento de Santa Cecilia. Después de 180 minutos de esperar su turno, le dijeron que el niño tenía que ser remitido al hospital de Pueblo Rico, donde no hay servicio de pediatría por ser de primer nivel. Cuando por fin un profesional de la salud lo vio, su corazón no latía, aunque sus manitas aún estaban tibias.

Esa fue la agónica travesía que sufrió uno de los diez niños menores de 5 años que han muerto en lo corrido de 2024. Se calcula que al mes fallecen dos pequeñitos por enfermedades prevenibles, en uno de los municipios más grandes y alejados que tiene el Eje Cafetero. Las principales causas de muerte son la malaria y la desnutrición, enfermedades que generan, en sus últimos segundos de vida, falla respiratoria, paro cardíaco, hipoxia cerebral, falla orgánica multisistémica, entre otras.

Aunque solo los casos de muertes en la primera infancia que se presentan en La Guajira parecieran llamar la atención del Gobierno nacional, históricamente las cifras de niños que mueren en Pueblo Rico son alarmantes. Tanto así que en junio de 2018 se profirió la sentencia T-187 que reconoce la vulneración de los derechos de esta población en cuanto al acceso a medidas de salud, seguridad alimentaria y nutricional, agua potable, entre otras.

Desde esa fecha, representantes de la Presidencia de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Pueblo Rico, el Ministerio del Interior, el de Agricultura, la Unidad para las Víctimas y líderes de los resguardos se reúnen una y otra vez para charlar, pero sin ver avances. La realidad de esta comunidad se convirtió en paisaje.

En el primer año de la sentencia murieron 27 niños menores de 5 años, de los cuales 17 no alcanzaron a cumplir un año de vida. En 2019 el panorama empeoró porque murieron 30, 14 de ellos menores de un año, y los otros no alcanzaron a vivir los cinco. En 2020, murieron 17 niños durante la primera infancia. En 2021, la comunidad tuvo que despedir a 20 pequeños menores de 5 años y el siguiente año a 13. En 2023 las cifras volvieron a dispararse a 28; a la mitad de ellos no les alcanzaron a celebrar su primer cumpleaños.

Lo que genera más indignación es que esas cifras se convierten en la piedra en el zapato para las autoridades, que tienen que mostrar resultados favorables en cada comité que realizan. Pero esos números en realidad representan decenas de familias en duelo.

En el recorrido que realizó SEMANA encontró testimonios desgarradores. Los pocos que saben español en el territorio tratan de documentar la indolencia que mata. Ángela María Maya es la rectora de la Institución Educativa Dachi Dada Kera y ha tenido que sentir el último suspiro de esos bebés en sus brazos. Muchas de sus alumnas son madres adolescentes que van a clase con sus hijos. El primer grito de auxilio lo escucha la profesora que, con los pocos medios que tiene trata de llevar a los menores a que reciban atención médica, literalmente, mueren en el intento.

En un archivo de Excel guardado con recelo en el escritorio de la rectora se lee: “Fue llevado por urgencias al puesto de salud el 10 de abril a las 8:00 a.m. Allí le tomaron los signos vitales y le dijeron que no era urgencia. Que se sentara a esperar a ver si alguien cancelaba una cita. Como nadie canceló le dieron la cita para el 29 de mayo. Se regresó para la casa en la noche, se agravó y fue llevado nuevamente al hospital. Falleció el 12 de abril en el hospital San Jorge de Pereira”, 14 meses tenía ese bebé.

Entre los casos que Ángela documenta está el de Yurani, a quien le faltaban 15 días para que cumpliera su primer año de vida. María Jimena vivió 11 meses y 10 días. Wesner, Danilo y muchos más engrosan la fatídica lista de niños que llegaron buscando atención médica y no la recibieron a tiempo. En la puerta del puesto de salud de Santa Cecilia se volvió costumbre que cuando se muere un bebé la comunidad deje durante unos minutos el ataúd blanco en el que se encuentra el cuerpo. Ya forma parte del ritual del duelo.

La maloca por la que el Estado pagó cerca de 100 millones de pesos en la que se suponía que trabajarían mancomunadamente los médicos y los jaibanas, ubicada a unos pasos del centro de salud, está deteriorada, sin estrenar y en lugar de ser un espacio de esperanza, es allí donde se reúnen las familias a despedir a sus niños en medio de cantos, velas y llanto.

“Tanto que nos dicen que nuestras costumbres ancestrales no funcionan para tratar enfermedades graves y cuando acudimos a un hospital no nos atienden. ¡Es que no somos animales!”, reclama con tono airado Jairo Queragama, gobernador embera katio. El equipo periodístico entró al hospital y evidenció que si bien es cierto la infraestructura no está en mal estado, excepto por una que otra gotera, el verdadero problema de la institución es la capacidad de atención. Hay solo 14 camas y 40 hospitalizados.

Hay niños y ancianos tirados en el piso, con un brazo canalizado y con el otro tratando de sostener el suero. Se ubican en los pasillos, debajo de los escritorios y sobre los mesones de cocina. Los medicamentos e insumos se agotaron, y buscan la manera de prestar el servicio con las uñas. No es necesario tener un vocero que lo diga, basta con ver a la paciente sostener un inhalador que está conectado con cinta al plástico de media botella de agua, remiendo que hace las veces de una máscara de oxígeno.

“La frustración que sentimos es muy grande. Solo tengo siete médicos para atender 18.000 habitantes”, dice Alexandra Castillejo Orozco, quien lleva 13 días gerenciando ese hospital y más de una década al servicio de esta población, que es triétnica. No solo los indígenas llegan buscando atención médica, también afros y mestizos. Pueblo Rico limita con Chocó y hay municipios que quedan a tres días de camino a pie. Por eso la comunidad prefiere viajar hasta Risaralda para ser atendida.

Sobre las 8:00 de la mañana llegan dos yipaos al hospital San Rafael de Pueblo Rico cargados hasta más no poder de personas que piden ser revisadas por un médico porque presentan síntomas de malaria y otras enfermedades. La mayoría son mujeres embarazadas, menores de edad y ancianos.

“Desde que vemos la fila sabemos que no vamos a poder atenderlos a todos, y aunque nos cueste, nos toca decirles que se tienen que devolver para sus hogares sin atención, que vuelvan al otro día”, dice la doctora Cristina Villota, sonrojada al poner la cara a la multitud.

El Hospital San Rafael es de primer nivel, lo que quiere decir que no tiene pediatría, ni ginecología, ni siquiera un ecógrafo ni tampoco otra especialidad. Para mayor cubrimiento tiene dos sucursales, por llamarlas de alguna manera: el centro de salud de Santa Cecilia, tiene un médico al servicio y cuando llega la noche se queda sin profesional que responda. La otra “sucursal” es el centro de salud de Kerberde, en el que el médico va solo unos días a la semana.

Si se requiere ser remitido de un sitio a otro, se turnan tres ambulancias que nunca salen con un solo paciente, han llegado a tener hasta nueve en un solo vehículo. No se entiende cómo una población tan grande y con tantas patologías no tiene al menos un especialista o un laboratorio clínico. Quizás llevar estos servicios es costoso, pero no como las vidas que se han perdido. En los últimos tres años se han registrado 30 muertes perinatales, es decir, fetos después de la semana 22 de gestación, y han muerto 28 neonatos.

“Nos duele lo que está pasando, porque todas esas muertes se pueden prevenir. Pero no damos más. Nosotros estamos trabajando hasta 300 horas al mes”, dice uno de los médicos. Lo normal es que un empleado trabaje 192 horas en el mismo periodo. Para los médicos y enfermeras es difícil ganarse la confianza de la comunidad cuando son conscientes de que, por falta de recursos, están dejando morir a sus pacientes. Hace poco el Estado dio mil millones de pesos para invertir en campañas de educación que previenen la malaria.

“El problema es que los recursos que dan para prevenir se gastan en atenderlos porque ya llegan en un estado avanzado de la enfermedad”, dijo Lizet Bustamante, directora local de salud de Pueblo Rico.

El presupuesto de gasto del Hospital San Rafael en 2023 fue de 11.199.417.483 pesos y el presupuesto de ingresos fue de 10.453.000 pesos; la cartera en mora para la fecha suma cerca de 3.500 millones de pesos, siendo Nueva EPS, Pijaos Salud EPS y la Gobernación del Chocó los mayores deudores.

Ninguno de los que conoce la realidad entiende por qué razón no permiten que el Hospital San Rafael se convierta en uno de segundo nivel y el centro de salud sea uno de primer nivel. “¿Es que acaso pesan más los temas burocráticos que nuestros niños?”, cuestiona Carlos Guevara, líder de la comunidad.

Para Miguel Ángel Moreno, representante legal de las comunidades negras de Pueblo Rico, la desilusión que ha sentido por el Gobierno nacional es total.

“Señor presidente Gustavo Petro y señora vicepresidenta Francia Márquez, nosotros creímos en el cambio y todos salimos a votar por ustedes. Vamos a completar dos años y ustedes siguen dejando que nuestra gente se muera”, dijo enfáticamente reclamando un hospital de segundo nivel para los que en algún momento en campaña llamaron los nadie.

Esa es una de las paradojas que viven los habitantes de esa región; otra, que los niños están muriendo de malaria cuando el científico que descubrió la vacuna en 1986, Manuel Elkin Patarroyo, es colombiano. Joaquín Queragama, enfermero del centro de salud, en menos de media hora hizo 15 pruebas rápidas para detectar malaria, de las cuales, nueve fueron positivas.

Albeiro Guatuqui asegura que ya está en proceso de demandar al Estado porque su sobrino de 15 años caminó por horas para que lo atendieran en el hospital, sin éxito; tan pronto llegó a su casa, murió. “La indiferencia del Estado es más peligrosa que la malaria; esa es la que nos está matando”, concluyó.