Nación
Niños muertos, enfermedades e invasión; así pretenden levantar la ocupación de indígenas en el Parque Nacional
A un Juzgado Administrativo llegó una demanda para que el gobierno Distrital y Nacional garanticen la protección del espacio público.
En medio de la crisis humanitaria en la que viven cientos de indígenas que invadieron hace dos años el Parque Nacional, en el centro de Bogotá, al Juzgado Administrativo 63 de Bogotá llegó una demanda con la que se pretende levantar la ocupación que ha traído consigo la muerte de niños, la proliferación de enfermedades y la acumulación de carpas.
La acción judicial fue presentada por un ciudadano identificado como Reginaldo Aduen, quien argumentó que con la ocupación en el Parque Nacional se violaron derechos constitucionales como gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la integridad del espacio público.
Las pretensiones de la acción popular se basan en “ordenar el amparo al derecho colectivo a gozar de un ambiente sano en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Ordenar la protección de la integridad del espacio público en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera”.
También le piden a la Alcaldía de Bogotá la restitución y recuperación del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y la reubicación de la comunidad indígena Embera Katio, garantizando trato digno y respeto por sus derechos.
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En un auto emitido por el Juzgado Administrativo 63 de Bogotá, la jueza Lucelly Munar aceptó la demanda con la que se pretende levantar la invasión de indígenas del Parque Nacional, que ha dejado una grave situación humanitaria en pleno centro de la capital del país.
Además, la jueza vinculó al proceso “al Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Delegada de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Restitución de Tierras, los representantes de la Sociedad de Activos Especiales SAE y la Defensoría del Pueblo”.
El juzgado explicó que la demanda cumplió con los requisitos legales para que se proteja la integridad del espacio público, el cual presuntamente quedó vulnerado por la ocupación realizada por la comunidad indígena Embera Katio en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en Bogotá.
La situación de los indígenas que llevan más de dos años asentados en el Parque Nacional exigiéndole al Gobierno soluciones para mejorar la seguridad en sus territorios, ha dejado graves consecuencias como la muerte de niños, condiciones de vida deplorables, enfermedades y proliferación de basuras. Pero lo más delicado es que no tendrían las garantías del Estado para regresar a los territorios de los que tuvieron que salir a causa de la violencia.
Hace tan solo dos meses, una bebé embera, de tan solo tres meses de nacida, murió en el asentamiento del Parque Nacional. La menor fue hallada en una hamaca por varios integrantes de la comunidad que la trasladaron de inmediato a una ambulancia que permanece en el sitio, pero ya había fallecido.
Esa comunidad ya había sido reubicada en unos albergues temporales que asignó la administración de Claudia López, pero a principios de este año, por lo menos un grupo de 500 indígenas regresaron al Parque Nacional como protesta contra el Gobierno ante los incumplimientos de promesas como el acceso a una vivienda digna y servicios públicos básicos.
