El salvavidas para la adopción

En Chocó, el departamento más pobre del país, un mismo defensor de familia tiene a su cargo 12 adolescentes que llegaron al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) recién nacidos, y que 15 años después no han sido adoptados. Siguen allí. En el expediente de esos niños no hay evidencia de que alguien los haya ido a buscar o de que tengan algún familiar. Su estatus jurídico es “menores en situación de vulnerabilidad”, que en la práctica significa que están abandonados, pero aún no cumplen las condiciones para ser adoptados. O bien porque el Estado sigue a la espera de que aparezcan sus padres, tíos o abuelos familiares o porque el defensor de familia no ha definido su situación. “En nuestra vida, nunca hemos visto un pariente”, dice uno de ellos.

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Como la mitad de esos niños están a punto de cumplir su mayoría de edad, pronto dejarán de estar bajo la custodia del ICBF y deberán bandearse por sus propios medios. Pero ellos no representan el único caso de jóvenes que crecen en las sedes del instituto. Como ellos, hay cerca de 10.000 menores que están en el limbo jurídico y que a pesar de ser reconocidos como vulnerables están obligados a permanecer a cargo del Estado y no de una familia.

Buena parte del problema se origina en que la ley no determina tiempos para que los defensores de familia decidan si un niño puede ser entregado a una nueva familia. Es el caso de Ana Catalina, quien llegó al ICBF de 7 años después de que el Estado reconoció que había sido abandonada, y lleva 9 viviendo en una institución en Bogotá. Sueña con que la adopten, pero el defensor de familia sigue buscando familiares en otro grado de consanguinidad antes de decidir que cumple con los requisitos. Por si fuera poco, si llega a graduarse de bachiller sin haber sido declarada en condición de adoptabilidad, el Estado no tendrá la obligación de pagar sus estudios universitarios.

Para solucionar lo anterior, en el Congreso acaba de ser aprobado en primer debate un proyecto de autoría del senador Germán Varón, que busca reducir los tiempos para definir la situación jurídica de niños y adolescentes que han sido abandonados o maltratados. En otras palabras, disminuir los plazos para ser entregados a un familiar o adoptados.

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La iniciativa, que tiene el aval del ICBF, también busca acabar con la obligación de los defensores de familia de buscar parientes de los niños vulnerables hasta sexto grado de consanguinidad antes de ser entregados en adopción. En la mayoría de los casos, en la historia de los niños escasamente se conoce quién era su madre y, en otros, los familiares son imposibles de ubicar o no saben que ellos existen. Ubicar abuelos, tíos o primos a veces es imposible.

En el actual Plan de Desarrollo, todos los partidos políticos avalaron una proposición que determinó que en los procesos de adopción las autoridades no tengan la obligación de buscar parientes en un grado de consanguinidad específico. Esto implica que para que un niño sea adoptado, el Estado simplemente debe cumplir con divulgar que se encuentra en condición de vulnerabilidad y con hacer la búsqueda de familiares que reposan en su historial. De aprobarse el proyecto que pasa a la plenaria, esta disposición tendría un carácter permanente. “Se trata de la iniciativa más importante que ha cursado en los últimos años en materia de adopción, y que representa la posibilidad de darle sentido a la vida de 9.500 niños que hoy buscan una familia”, asegura Cristina Plazas, directora del ICBF, mientras insiste en que con los años la cifra de niños que quedan en el limbo ha ido en aumento.

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Sin embargo, los temas relacionados con la familia y la adopción se han vuelto cada vez más controvertidos. Algunos sectores con concepciones conservadoras de la familia, como el que representa la senadora Viviane Morales, presentaron una proposición para que se mantenga como mínimo la exigencia de buscar hasta el tercer grado de consanguinidad de un niño antes de darlo en adopción. Es decir, un tío. “La evidencia demuestra que esperando que aparezca un tío pueden irse años”, insiste Plazas.

La senadora Morales le explicó a Semana.com que la proposición fue aprobada por el ponente del proyecto y que lo que busca es hacer una precisión jurídica. Es decir, dejar claro que el defensor de familia tiene seis meses para buscar la familia del niño o la niña, como señala la norma, entre los parientes hasta el tercer grado de consaguinidad y no hasta el sexto como señaló la Corte Constitucional en una sentencia. Agrega que eso no significa que si estos no se encuentran en ese lapso el menor no pueda ser adoptado. 

El proyecto de ley para facilitar la adopción pasa ahora a plenaria del Senado, en donde se espera que los congresistas, más allá de sus consideraciones religiosas, piensen en el futuro de los miles de menores que después de permanecer años en un hogar de paso solo tienen al Estado como familia.