No hay casa pa’ tanta gente

"Si el tema de vivienda era un lunar de la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón, en la de Samuel Moreno ese lunar hizo metástasis". Con esta dura frase, el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, expresó su preocupación ante la escasez de tierra habilitada en Bogotá para construir vivienda destinada a los más pobres, es decir, casas que cuesten menos de 135 salarios mínimos (68 millones de pesos). Y lo que es peor, por esa misma razón 88.000 familias bogotanas de estratos 1 y 2 están a punto de perder los subsidios que les ha asignado el gobierno nacional para cumplir su aspiración de tener vivienda propia.

El tema va más allá de ser una nueva disputa entre la ciudad y el gobierno nacional. Con Henao coinciden la Sociedad Colombiana de Arquitectos, urbanistas, abogados especializados en uso del suelo y constructores. No en vano a comienzos de junio Camacol hizo público un delicado diagnóstico: en Bogotá faltan 271.000 viviendas de interés social (VIS), las cuales no se podrán construir si no se proveen los suelos disponibles.

No es que en la ciudad ya no haya tierra urbanizable, sino que aquella que está destinada a los proyectos de interés social no ha podido ser habilitada: "Es un problema de gestión del suelo", dice el urbanista Carlos Galindo al referirse a las causas que hacen que en Bogotá la oferta de vivienda de interés sea más escasa que en el resto del país.

Las razones tienen que ver con la ineficiencia en los trámites que debe adelantar el Distrito para que se puedan desarrollar proyectos habitacionales. En particular, insisten los constructores, los planes parciales, que habilitan el urbanismo en extensiones de más de 20 hectáreas, son manejados con lentitud extrema.

En Usme, donde hay 250 hectáreas urbanizables, las autoridades han tardado casi ocho años para formular el Plan Parcial y, por ello, algunos promotores de vivienda han perdido interés en construir en esos terrenos. Es el caso de una caja de compensación que recientemente quería invertir más de 120.000 millones de pesos en VIS en esta localidad pero, por la inexistencia de la norma, desistió de hacerlo. Algo similar ocurre con el Plan Parcial del Norte, que debería estar sobre el papel hace más de un año, pero frente al cual Planeación Distrital no ha expresado ninguna posición definitiva.

Aunque en 2007 el Distrito expidió un decreto para promover un plan de choque en el tema de Vivienda de interés social, sus efectos han sido débiles por cuenta de la tramitomanía. De 25 planes parciales radicados el año pasado, sólo tres han sido aprobados. Además de que cada plan se tarda en promedio cuatro años en ser expedido, cualquiera que quiera construir VIS tiene que cumplir al menos 64 trámites para obtener la licencia, según Camacol y el Viceministerio de Vivienda.

Metrovivienda, la empresa del Distrito encargada de apoyar a las familias para el acceso y la tenencia segura de vivienda tiene los mismos problemas que las empresas privadas para construir VIS. El mejor ejemplo es que no ha podido terminar Campo Verde, una zona de 80 hectáreas en Bosa cuya construcción está paralizada desde 2007 porque ni el acueducto ni la CAR han podido determinar si en la zona existe o no un humedal.

Recientemente la Secretaría del Hábitat y Metrovivienda pusieron a disposición de los constructores nueve manzanas para levantar 1.500 viviendas de interés prioritario. Así mismo, el Distrito señaló que identificó suelo para construir 120.000 VIS. Sin embargo, el terreno por si solo no es garantía, porque en tanto la coordinación interinstitucional, la tramitomanía y la gestión del suelo no se hagan más eficientes, el déficit de vivienda de interés social seguirá aumentando. "Mientras en Bogotá no haya claridad para programar la inversión pública para habilitar el suelo, seguiremos poniendo en riesgo los subsidios. El panorama no es nada alentador: para 2020 podrán faltar 712.000 VIS", dice el viceministro, mientras saca la calculadora para hacer sus propias cuentas. "Para superar el déficit de VIS en 10 años, la ciudad tendría que habilitar 480 hectáreas al año, e incorpora 85. Sin eficiencia institucional eso será imposible", insiste.