Nación
“No es permisible que las guardias campesinas pretendan tomar control electoral en ningún territorio”, entrevista con la procuradora Margarita Cabello
´La procuradora manifestó su preocupación por amenazas, atentados que derivan en renuncias de alcaldes y de candidatos, constreñimientos, carnetización, y el pretendido control territorial de organizaciones delictivas.
SEMANA: Procuradora usted en cada evento, en cada reunión, en cada comisión de evaluación de garantías electorales, ha expresado sus preocupaciones por el proceso electoral de este fin de semana ¿En qué sintetiza estas críticas?
Procuradora Margarita Cabello: Sí, y por eso hemos hecho requerimientos directos a las autoridades competentes. Durante toda esta etapa preelectoral hemos desplegado nuestra función preventiva haciendo vigilancia como nos corresponde por orden constitucional a todas las etapas del proceso electoral; observando infracciones en materia de financiación política, trashumancia electoral, indebida participación en política, los múltiples candidatos inscritos a pesar de estar inhabilitados y muchos otros temas; pero enfáticamente, la mayor insistencia la hemos hecho en lo relativo a la garantía de seguridad que es imprescindible para el ejercicio libre del voto. El Estado no puede ceder ante la intervención ilegal de grupos al margen de la ley que pretendan sustituirlo en su función indelegable de control de la seguridad en todo el territorio nacional.
También he requerido la garantía de seguridad en el proceso postelectoral frente a la protesta social debido a la gran y peligrosa polarización política que se vive en nuestro país, esto con fundamento en información que tenemos relativa a que en los últimos meses, cada día aproximadamente han ocurrido 8 eventos de protesta social en nuestro territorio.
SEMANA: En las condiciones actuales hay garantías de que va a haber unas elecciones en las que impere la democracia y el derecho de todos los colombianos a ejercer su voto libremente
PMC: Hay lugares del país en los que está resultando difícil el ejercicio del derecho fundamental a elegir y ser elegido. Los casos de amenazas y atentados que derivan en renuncias de alcaldes y de candidatos, los asesinatos a candidatos y a sus familiares, los constreñimientos, la carnetización, el pretendido control territorial de organizaciones delictivas, son factores desestabilizantes que afectan la libertad del sufragio y la seguridad del certamen democrático.
SEMANA: ¿Usted ha hecho una revisión detallada del proceso electoral, cuáles son los sectores o zonas del país que más le preocupan?
PMC: Todo lugar donde esté amenazado el proceso por cualquier circunstancia es importante, es de cuidado. En una elección territorial, cualquier puesto de votación, por pequeño que sea su territorio, o su número de habitantes, resulta fundamental. Cada territorio cuenta. Cada ciudadano cuenta. Dicho esto, resalto los territorios catalogados en riesgo, tanto en la alerta 030 de la Defensoría del Pueblo, como en el informe del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral y los informes que personalmente he recibido en territorio. Cauca, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Huila, Guaviare, Magdalena, Chocó y Valle del Cauca, requieren especial atención.
SEMANA: Procuradora fue usted la primera en hacer un llamado de alerta por la intención de las guardias campesinas de Iván Mordisco de ejecutar controles electorales en Cauca, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Huila, Guaviare, Magdalena, Chocó y Valle del Cauca, ¿Ese temor se mantiene cuando ya estamos cerca de la hora cero de las elecciones?
PMC: ¡Por supuesto! Por nuestra presencia continua en región ya habíamos recibido esa información y la ratificamos con el anuncio del cabecilla del “estado mayor central” de las FARC que hizo pública este martes 25 de octubre. Se lo hice saber a la fuerza publica, en reunión que sostuvimos en la PGN y lo reiteré mediante reciente oficio a los ministros del Interior y de Defensa. No es permisible que las guardias campesinas pretendan tomar control electoral en ningún territorio. Esta función es exclusiva y excluyente de nuestra Fuerza Pública, por mandato constitucional.
SEMANA: Desde la baranda uno puede ver a un Gobierno pidiendo permiso para que se puedan dar elecciones tranquilas en algunas regiones ¿Esa misma lectura la hace usted? ¿Cuál es su lectura?
PMC: Los hechos y manifestaciones frente a este tema dan lugar a esa interpretación, y es supremamente grave. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la obligación de preservar el orden público y de ninguna manera puede estar supeditado o sometido por organizaciones al margen de la Ley. Los ciudadanos de todos los territorios deben estar seguros y sentirse seguros, y la moral de nuestras Fuerzas Armadas y de policía no se puede menguar por improvisaciones como esta.
SEMANA: El mismo gobierno y las fuerzas militares están cediendo sus obligaciones legales y constitucionales de ser quienes deben tener el monopolio de las armas y se los han cedido a los grupos criminales
PMC: En mi reciente conversación con nuestras fuerzas militares y de policía, percibí compromiso y determinación. Espero que no se pierda el rumbo. El gobierno sabe que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales y no puede renunciar a ellas.
SEMANA: Procuradora, usted ha cumplido en el marco de sus funciones de estar alerta y vigilante de los riesgos en estas elecciones, pero en realidad, en el marco de la paz total, el gobierno parece estar negociando la soberanía y el control en los territorios ¿Esto puede tener implicaciones disciplinarias para funcionarios públicos y de las Fuerzas Militares y de Policía?
PMC: La Procuraduría General de la Nación a mi cargo, continuará trabajando sin descanso en el marco de sus competencias, vigilantes para que los servidores públicos cumplan con sus deberes constitucionales y legales. Las fuerzas Militares y la policía también son servidores públicos y, por tanto, sujetos disciplinables con unos límites constitucionales y legales que no deben sobrepasar.
SEMANA: ¿Cuál es su concepto de reunión entre representantes del Gobierno, Registraduría y disidencias para “facilitar” la tranquilidad en el proceso electoral en algunas regiones?
PMC: Una cosa es reunirse en el marco de la interinstitucionalidad diferentes actores de las entidades estatales y otra cosa muy distinta es lo que de esas reuniones se desprenda. En este caso particular, he sido enfática en manifestar que la función constitucional del Ministerio Público es defender el cumplimiento de la Ley y el Estado de Derecho y, por tanto, el Estado no se puede aliar con la ilegalidad para facilitar el ejercicio de la democracia.
SEMANA: El riesgo electoral actual no se veía desde hace más de dos décadas ¿Esto a qué se debe?
PMC: Hay diferentes variables, y sí, para el país es de ingrata recordación la amenaza que se cierne hoy como en aquél entonces, sobre mandatarios, candidatos y poblaciones, pero este país tiene una tradición de respeto por la institucionalidad y de apoyo a nuestra fuerza pública que no se puede perder. Los procesos de negociación con grupos al margen de la ley no pueden afectar de ninguna manera la seguridad. Confiamos en que el Gobierno enfrente esos riesgos y cumpla con su deber de garantizar la seguridad de la jornada electoral.
SEMANA: Como le decía usted ha sido la primera funcionaria que ha advertido una y otra vez los riesgos en estas elecciones ¿Siente que no la han escuchado?
PMC: El país me ha escuchado; la sociedad y las autoridades, sobre todo territoriales, nos han entregado información valiosa que ha logrado evitar muchas situaciones de peligro. Me he asegurado de estar muy atenta a cada situación, en cada territorio. He visitado las diferentes regiones en ejercicio de nuestra misionalidad, en un ciclo de foros sobre elecciones 2023, en los que revisamos los avances del proceso electoral. Desde inicios del calendario Electoral, venimos trabajando sin descanso en nuestra Comisión Nacional de Control Electoral que presido personalmente y nuestros 83 comités territoriales y, además, hemos asistido a todas las Comisiones de Seguimiento a los procesos electorales, sin excepción. Las instituciones destinatarias de nuestras recomendaciones, solicitudes, sugerencias y requerimientos, son en general receptivas. Excepcionalmente, algunos mandatarios de diverso orden han pretendido desconocer nuestras actuaciones y decisiones, pero afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho donde, al final, prima el respeto por las instituciones.
SEMANA: ¿Como están las cosas, en territorios donde es un hecho que son los criminales y no las Fuerzas Armadas y de Policía los encargados que mandan se puede garantizar un voto libre?
PMC: Repito, no puede haber territorios vedados para nuestra Fuerza Pública. Es el Estado el que tiene la obligación constitucional y legal de ejercer el control sobre todo el territorio y el gobierno está en el deber de garantizar que así sea.
SEMANA: Es claro que hay sectores políticos que no están de acuerdo con la propuesta de la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro con las organizaciones criminales ¿Los representantes de esos sectores políticos y sus electores tienen garantizados sus derechos de los ciudadanos?
PMC: El derecho fundamental a elegir y ser elegido, debe ser garantizado por todas las autoridades, independientemente de la filiación política o tendencia ideológica. Cuando los mandatarios asumen su cargo, juran cumplir la Constitución y la ley, y ello implica brindar las garantías a todos los sectores en contienda.