“No es posible salvaguardar la vida de los líderes sociales sin combatir el narcotráfico”: defensor del Pueblo

El fenómeno del asesinato de líderes sociales se ha vuelto habitual en Colombia, pues entre el primero de enero y el 30 de septiembre, 139 fueron asesinados según los registros de la Defensoría del Pueblo, mientras que para Indepaz, al 7 de diciembre había información sobre 287 homicidios en contra de estas personas, así como de defensores de derechos humanos.

Tanto el Gobierno nacional, como ahora la Defensoría del Pueblo, aseguran que estos homicidios están relacionados con el narcotráfico. “No es posible salvaguardar la vida de los líderes y lideresas sociales sin combatir contundentemente el narcotráfico. Así lo han entendido la Fiscalía, el Gobierno y las fuerzas de seguridad. Cuando un grupo de narcotraficantes es desmantelado, se están salvando las vidas de los líderes y lideresas sociales”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, añadiendo que “es necesario comprender la relación que hay entre los crímenes en su contra y la presencia del tráfico de drogas en donde dichos líderes ejercen su indispensable vocería social”.

Algo similar manifestó la semana pasada el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, cuando tras el asesinato de Javier Francisco Parra Cubillos, funcionario de Cormacarena en La Macarena, Meta, dijo que “la prioridad del Gobierno sigue siendo la lucha contra el narcotráfico y el control de la deforestación. El narcotráfico es el principal enemigo de los colombianos y del país, el narcotráfico alimenta a las organizaciones criminales, que terminan cometiendo masacres y asesinando líderes sociales”.

Por el contrario, entre las características generales que destaca Indepaz sobre el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, aparece que algunas de las víctimas de los últimos años eran líderes campesinos y étnicos de territorios con disputas estructurales en los últimos veinte años: tierra, recursos naturales, cultivos ilícitos, narcotráfico y minería.

Sin embargo, la organización también habla sobre comunidades ubicadas en zonas que antes eran de influencia de las Farc y de conflictos con paramilitares; “de una presencia prolongada del Estado con acciones de guerra y lucha antidrogas, con débil institucionalidad civil, social y democrática; de zonas de frontera y de reciente colonización; de territorios étnicos y zonas de reserva forestal, entre otros”.

Es decir que, según la información, dichos crímenes son mucho más complejos de lo que se muestra al relacionarlos casi exclusivamente con el delito de narcotráfico. No obstante, Indepaz reconoce entre sus patrones de sistematicidad y responsables, un “nuevo desorden en la cadena del narcotráfico y mayor papel de las mafias internacionales”.

Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz ha expresado que culpar al narcotráfico de los hechos de violencia no es la verdadera respuesta. María Victoria Llorente, directora ejecutiva, y Juan Carlos Garzón Vergara, director temático de la organización, dicen en un artículo de opinión que “las masacres tienen distintas motivaciones, víctimas y determinadores, que no siempre concuerdan con la narrativa de los bandidos enfrentados por el control de esta economía ilegal. El problema es más complejo”. De hecho, aseguran que el más reciente boom de la coca en Colombia no conllevó a un aumento en los asesinatos y que, mientras que las hectáreas de la hoja crecieron casi el triple entre 2013 y 2016, las víctimas de masacres bajaron un 63 %.

“Paradójicamente, ahora que los cultivos de coca venían disminuyendo, las masacres han comenzado a incrementarse. La relación no es directa. Depende, entre otras cosas, del tipo de regulación que haya en el nivel local; es decir, de que haya un actor con la capacidad de mediar y controlar el uso de la violencia. Pero con frecuencia la cara de este actor no es la del Estado”, señalan.