“No esperamos mucho de cualquier informe que salga de la Comisión de la Verdad”: Acore

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) repudió el secuestro de 180 militares por parte de cultivadores de sembradíos ilícitos de hoja de coca en Norte de Santander, el pasado 27 de octubre.

En un comunicado, difundido este lunes 1 de noviembre, la organización afirmó que esta situación “es desconcertante y desoladora”, ya que dichos uniformados se encontraban erradicando los cultivos por orden constitucional y bajo la legitimidad que estos soldados representan.

“No esperamos mucho de cualquier informe que salga de la Comisión de la Verdad, porque a lo largo de su desempeño esta comisión ha sido, evidentemente, estigmatizante con la Fuerza Pública mientras se ha mantenido tibia, tímida y complaciente con la extrema izquierda narcoterrorista”, aseguraron.

Acore expresó preocupación porque el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, declaró que Colombia ya no está bajo observación de esta Corte. “Aun así, congresistas del partido Comunes y de otras agrupaciones políticas afines a la izquierda radical, están solicitando que el capo del narcotráfico alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, recientemente capturado y con cargos de delitos de lesa humanidad, ingrese a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, refiere el texto de los militares retirados.

De este modo, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares reclamó que tanto la JEP, como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas son organismos derivados de un acuerdo, que fue rechazado mayoritariamente por los colombianos en una votación amplia, clara y democrática, por lo que, para ellos, carece de legitimidad.

Con esta premisa, desde Acore se abstuvieron de hacer un balance de lo que estas entidades puedan haber alcanzado hasta ahora, ya que según denunciaron, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz no se ha logrado tal tranquilidad para el país. “Por el contrario, estamos viendo cada día mayor caos en la seguridad del país, con crecientes indices de homicidios, y mayor desorden público, como el caso de los soldados secuestrados”, puntualizaron.

Los 180 soldados que se encontraban retenidos por campesinos cultivadores de hoja de coca en Tibú, Norte de Santander, fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo el pasado 28 de octubre.

El ministro de Defensa, Diego Molano, calificó el hecho como “un secuestro” y condenó el accionar de los campesinos que impidieron que los soldados iniciaran la erradicación de los cultivos de uso ilícito.

Los soldados estaban retenidos en una cancha de una escuela del sector Orú 7, de la vereda Chinquiquirá, de Tibú, custodiados por varias personas que se rehusaban a la erradicación forzada.

En diálogo con SEMANA, el comandante de la Segunda División del Ejército, el general Omar Sepúlveda, confirmó hace unos días que se adelantaron labores de inteligencia para lograr la operación de rescate.

El oficial contó que los soldados fueron agredidos físicamente e insultados por la comunidad que, además, ha intentado robarle sus fusiles. “Desde antier han sido secuestrados por parte de 600 campesinos, que hacen parte de asociaciones cocaleras, 180 integrantes del Ejército nacional. La mitad de estos hombres vienen adelantando tareas de erradicación y la comunidad se opuso a ese trabajo”, dijo la fuente en ese momento.