“No existiría periodismo de investigación”: las voces que se solidarizan con SEMANA

En una decisión sin precedentes, un juez ordeno a la Revista Semana eliminar de todas sus plataformas el contenido: “¡Exclusivo! Las conversaciones del testigo Monsalve con su familia”. Además compulsó copias a la Fiscalía para que investigue por una presunta violación de la reserva sumarial a los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano.

El contenido en cuestión contiene grabaciones de interceptaciones legales en el caso de Álvaro Uribe Vélez y fue uno de los cientos de documentos publicados del expediente del expresidente. SEMANA acató, pero rechazó el fallo de la justicia.

Diferentes periodistas concuerdan en que dicho fallo tiene graves implicaciones que este tiene para la libertad de prensa en una democracia como Colombia. “Es un fallo que pone en riesgo la libertad de expresión” afirmó el presidente del Grupo Semana, Alejandro Santos Rubino. "Con la tesis del juez no existiría el periodismo de fiscalización e investigación ni se hubieran destapado los escándalos judiciales que han sacudido al país en los últimos 30 años. En estas piezas procesales hay dos temas que deben ser preponderantes: el interés público del tema y la reserva de la fuente”.

Para Ricardo Calderón, director de la Revista Semana, “el fallo sienta un grave precedente para la libertad de información" y afirma que "con este tipo determinaciones SEMANA jamás habría podido publicar las investigaciones que terminaron causando impactos en beneficio de la sociedad”. La directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz, también se refirió al fallo y lo tildó de “caso grave que atenta contra la libertad de prensa”.

Para María Jimena Duzán, directora de Semana en vivo, “el acceso a la información es uno los principales baluartes que tiene el periodismo para investigar a los poderosos. No debemos dejar que nos quiten este derecho fundamental en una democracia”. La editora general de SEMANA, Cristina Castro, aseguró que el fallo es preocupante pues “equiparar a los periodistas con los funcionarios públicos, como lo hace este fallo, crearía un precedente peligroso e irreversible”.

“Este fallo afecta la libertad de expresión, que es la base de una democracia y de una sociedad con los niveles de información necesarios para poder convivir de forma pacífica”, agregó el director editorial de la Revista Semana, Rodrigo Pardo.

La periodista Salud Hernández-Mora, columnista de SEMANA y directora del programa Al Ataque, señala que “es un mal día para el ejercicio del periodismo que cada día debe confrontar mayores cortapisas que nos pone todo mundo”.

La directora del programa de noticias de la mañana de RCN Radio, Yolanda Ruiz Ceballos, calificó la providencia como un “caso grave que atenta contra la libertad de prensa”.

En una editorial en la FM, su director Luis Carlos Vélez aseguró que el fallo “es una ofensa irreconciliable contra la libertad de prensa". Para Vélez, “esto nos pone muy cerca de ser una dictadura donde solamente se puede pensar de una manera” y afirma que es importante sentar un precedente pues “los colombianos necesitan saber todo, no porciones ni segmentos".

Jineth Bedoya, subeditora de El Tiempo y premio Unesco, Premio Mundial de Libertad de Prensa/UNESCO 2020, advirtió que “poner en la misma balanza obligaciones de funcionarios públicos y la tarea de un periodista, es un golpe a la libertad de prensa. Los medios de comunicación cumplen una función de cara a la opinión pública y la justicia no puede restringir ese derecho”.

Otras voces se han pronunciado en rechazo al fallo. En un comunicado conjunto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) calificaron la providencia como “censura”.

El fallo “desconoce el núcleo fundamental de la libertad de expresión”. Las organizaciones anunciaron su respaldo a “lo señalado por la defensa de la Revista Semana que advirtió que equiparar la divulgación de información reservada por parte de un servidor del Estado con la publicación de una información de interés general por parte de un medio es un precedente peligroso para la libertad de prensa”.

“La decisión de ordenar investigar cómo el medio tuvo acceso a las grabaciones y, con ello, determinar responsabilidades penales es preocupante porque desconoce que en el sistema constitucional colombiano NO hay fuentes prohibidas y parece criminalizar algunas” dice el comunicado.

El director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, señaló a su vez que “la intimidad es un derecho que debe ser protegido. Pero la sentencia parece haber adoptado un remedio excesivo y sienta un pésimo precedente sobre la publicación y el acceso a información de interés público”.