“No habrá la tierra arrasada con la que soñaba Uribe”: Iván Cepeda sobre decisión del juez

Este viernes se surtió la apelación del fallo que ordenó, el pasado 10 de octubre, la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez. Las acreditadas víctimas del proceso –Iván Cepeda Castro, Jorge Perdomo Torres y Eduardo Montealegre Lynett– interpusieron un recurso porque consideraron que el análisis de la jueza de control de garantías en primera instancia fue equivocado. Además de la libertad del expresidente, aquella providencia también dictaminó que la indagatoria que se había adelantado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte no era equiparable a la imputación que se contempla en el sistema penal acusatorio. En otras palabras, el proceso debía volver a iniciar nuevamente tras la renuncia de Uribe Vélez a su condición de senador y el paso de su expediente a un sistema procesal diferente.

En esas condiciones fue que el juez 4 Penal del Circuito de Bogotá entró a estudiar la apelación. Y su decisión, si bien no acogió todas las pretensiones de la contraparte del expresidente, reconoció que no existían motivos de peso para no adecuar a la jurisdicción ordinaria lo que previamente se había actuado en la Corte. Es decir, el togado concluyó que Uribe Vélez está, en efecto, imputado y que ahora le corresponde a la Fiscalía General de la Nación decidir si presenta escrito de acusación, precluye la investigación o abre la puerta para un principio de oportunidad.

La noticia fue celebrada por Iván Cepeda Castro. A través de un video, el senador calificó la argumentación del funcionario judicial como “impecable” e indicó que se le concedió la razón parcialmente debido a que Uribe Vélez ya fue imputado y las pruebas recolectadas por la Sala Especial de Instrucción de la Corte conservan su validez. “Desde este punto de vista no habrá la tierra arrasada con la que soñaba la defensa de Uribe”, afirmó el congresista.

Igualmente, Cepeda Castro señaló que la evidencia recolectada por el Alto Tribunal ahora deberá ser, como mínimo, evaluada por la Fiscalía en caso de que decida formular una acusación en contra del líder del Centro Democrático. Dado que se reconoció que la indagatoria hizo las veces de imputación, fue a partir de estas pruebas que al expresidente se le señaló de haber incurrido en los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

“Nosotros creemos que es imposible que, con el acervo probatorio existente, Álvaro Uribe no termine pronto frente a un juez de conocimiento y que, por lo tanto, se abra paso a nuestro derecho a la verdad y a la justicia”, manifestó.

Así las cosas, el ente acusador goza con un plazo máximo de 90 días para decidir qué camino tomar con respecto al caso de Uribe Vélez. Es probable que presente escrito de acusación para pedir la apertura de un juicio oral. Sin embargo, mientras lo hace, las víctimas podrían pedir que se celebre una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento y, en ese caso, habría que ver qué posición adopta la Fiscalía. Este es un camino que desde ya están contemplando Cepeda Castro y Montealegre Lynett.