No hay contrato vigente para monitoreo de brazaletes del Inpec, ¿está en riesgo la vigilancia de más de 5.500 condenados?

Hay preocupación por la terminación del contrato entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la empresa Buddi Limited Sucursal para suministrar los brazaletes electrónicos que sirven para monitorear a la población carcelaria que hoy tiene el beneficio de casa por cárcel.

Pero mayor preocupación ha generado el hecho de que la Uspec ha celebrado desde el año 2019 cuatro contratos para el suministro y monitoreo de los brazaletes bajo la figura de urgencia manifiesta, la cual permite contratar de manera directa y que debe usarse únicamente de manera excepcional.

SEMANA conoció que la Contraloría General de la República se ha opuesto en varias oportunidades a que la Uspec siga celebrando estos contratos de manera directa y bajo argumentos como el de no contar con tiempo y recursos presupuestales suficientes para estructurar un proceso de licitación pública.

“No puede dejarse de lado el comportamiento reiterado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que desde el momento que declaró la primera urgencia manifiesta, esto es en el año 2019, argumenta que no contar con el presupuesto, ni con el tiempo suficiente para la planeación de un proceso contractual con garantías de pluralidad de oferentes y selección objetiva, y por contrario, sigue insistiendo en el uso de esta figura como mecanismo para acudir a la contratación directa”, dice una resolución de la Contraloría de enero de este año, en la que se oponen a la última urgencia manifiesta declarada por la Uspec.

Para la Contraloría, estos contratos de la Uspec “se han perpetuado en el tiempo, a pesar de que esta figura está instituida para ser utilizada en eventos excepcionalísimos, ante los cuales la situación sea tal, que se deba renunciar al agotamiento de los procesos de selección públicos como la licitación, la selección abreviada o el concurso de méritos”.

Fuentes de la Contraloría le dijeron a SEMANA que reiteradamente la Uspec ha dejado vencer los contratos para acudir, en último momento, a la figura de urgencia manifiesta, valiéndose del hecho grave que significaría la suspensión del monitoreo de la población carcelaria.

La Contraloría señala en la resolución que aún conociendo la fecha de terminación de los contratos, la Uspec no hizo nada para adelantar previamente un proceso licitatorio.

“Los antecedentes de la declaratoria de urgencia manifiesta plasmados en la Resolución No. 000588 del 1 de noviembre de 2022, dejan entre ver el sosiego de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC, al no materializar una actuación contractual, en la que prime la planeación que permita la estructuración del proceso de selección para contratar el servicio, pues como lo decanta el acto administrativo, el contrato de vigilancia fenecía en el mes de octubre de 2022, situación que evidentemente era conocida por la Uspec; no obstante, sólo ante el inminente riesgo adoptó una determinación de carácter contractual, de cara a evitar la suspensión del servicio”, dice el documento.

Así mismo, la Contraloría desestimó el argumento de falta de recursos entregado por la Uspec para no llevar a cabo la estructuración de una licitación. La entidad señaló que en Secop II quedó consignado que sí se tenia la destinación presupuestal.

“Con la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y la elaboración de un presupuesto discriminado en cada uno de los ítems necesarios para la ejecución del contrato de vigilancia de las personas privadas de la libertad, se ratifica que, la razón que ha impedido el cumplimiento de la ley contractual, no es otra que una indebida y tardía planeación”, dice la Contraloría en su resolución.

Ante este panorama, el órgano de control remitió el asunto a la Procuraduría General, donde SEMANA conoció que actualmente se investigan posibles irregularidades y faltas disciplinarias.

Pese a que el contrato actual se terminó en la noche de este lunes, la Uspec le dijo a SEMANA que el servicio de monitoreo de los brazaletes todavía se está prestando con normalidad. La entidad manifestó que acudió nuevamente a la urgencia manifiesta para mantener la vigilancia de los 5.500 condenados del país que deben estar en casa por cárcel y mientras adelanta un proceso de licitación pública.

“Para materializar la prestación efectiva y evitar el riesgo de interrupción del servicio, nos vimos en la necesidad de acudir a la figura jurídica de la ‘urgencia manifiesta’, mientras se adjudica el proceso licitatorio y se cumple con el periodo de transición entre el actual operador y el que resultare ganador del proceso de selección”, informó la Uspec.

En un comunicado de prensa la Uspec también señaló que “se ve obligada a continuar con el proveedor actual, pues actualmente no existe en el mercado tecnología que en cumplimiento de la normatividad vigente (Decreto 1069 de 2015 y demás que le complemente), pueda prestar el servicio de un día para otro, sin un debido tiempo de transición. Entiéndase por transición la actividad que consiste en cambiar cinco mil dispositivos a cinco mil personas privadas de la libertad con beneficio de prisión domiciliaria, los cuales se encuentran ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional; en este proceso participan INPEC, USPEC contratista e interventoría entrante y contratista e interventoría saliente”.