No hay derecho. Soldados denuncian que les descuentan la prima de orden público, pero no les llega la plata. ¿Quién se queda con el dinero?

Si hay algo que da alegría es que llegue el día del pago del salario, pero para algunos soldados de Colombia, los mismos que son llamados héroes de la patria, ese día se convierte en un dolor de cabeza. Las cuentas no les cuadran por más calculadora que usen.

En el desprendible de pago le suman a su sueldo 445.000 pesos de la llamada prima de orden público; sin embargo, el valor no se ve reflejado en la cuenta bancaria. Los soldados se sienten como niños a los que ilusionan con un dulce que no les dan y cuando intentan reclamar los tratan de golosos.

La mayoría de militares que denuncian estar pasando por esta situación están en el último año de servicio, soldados profesionales que inician preparación de retiro asistido (PPR). Tras 20 años de estar protegiendo a la población desde los lugares más recónditos del país, son trasladados a las unidades militares más cercanas a donde se encuentre su núcleo familiar y allí empiezan a capacitarse, gran porcentaje de ellos con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en donde se capacitan y certifican en algún oficio que podría ser fuente de empleo posteriormente.

Los comandantes les dicen que por no estar activos en operaciones ya no les llegará la prima de orden público, pues entran en una especie de comisión de estudio; argumento que algunos debaten, pues hay batallones que están en zonas de riesgo y clasificado como tal por el Ministerio de Defensa.

Para nadie es un secreto que existen territorios en los que los militares son blanco de las organizaciones criminales, así estén caminando por un andén, en un aula de clase o en la terraza de su casa. Por eso consideran que deberían seguir otorgando las primas.

Lo anterior no solo es debate constante, sino la herramienta que tienen en los batallones para decidir a dedo si entregan o no la prima de orden público. Son miles de soldados los que han dicho ser víctimas de esta situación.

“Uno pregunta al Ejército en Bogotá y le dicen: sí, esa plata está disponible para usted, pero allá en el batallón definen si se la pagan o no”, dice uno de los entrevistados. Otro agrega indignado: “Y a uno le toca llegar a donde el ejecutivo (segundo al mando de la unidad) a rogarle, si le caigo bien me la paga”. Casi al unísono, el cuestionamiento que retumba es: ¿y qué hacen con esa plata?

Para cualquier contador, esos ingresos que le suman a la nómina son declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. “A la Dian no se le puede explicar que mi mayor no me quiso desembolsar la plata”, acota uno de los afectados.

La situación estaría sucediendo en diferentes regiones del país, por nombrar algunas: Batallón Cabal de Ipiales (Nariño), Batallón de Ingenieros en Puerto Asís (Putumayo), Brigada 12 en Florencia (Caquetá), Batallón de Artillería Tarqui (Sogamoso), Batallón de Alta Montaña en Ciénaga (Magdalena), Batallón José Hilario López en Popayán, Batallón Joaquín París en San José del Guaviare, en Planadas (Tolima).

Para muchos, 445.000 pesos quizás sea poco, pero para el soldado Juan González es casi medio millón de pesos menos de mercado para sus tres hijos. Nicolás Loaiza es abogado especialista en derecho administrativo y también soldado en uso de buen retiro. Asegura que no solo está sucediendo con los soldados PPR, sino también con uniformados que son trasladados a misiones especiales o incluso heridos en combate.

“Se convirtió en un capricho para los comandantes a quién le van a pagar y a quién no. Solo un juez de la república puede debitar un dinero que ya está sumado en la nómina”, dijo el jurista. Pareciera una incongruencia lo que está sucediendo.

El Ejército aseguró que es necesario revisar cada uno de los casos o que ya es tema de cada uno de los batallones, como suelen responder en las tutelas interpuestas; mientras eso pasa, los soldados siguen ilusionados con un valor del que no pueden disponer.