“No hay en esas acciones del Estado Mayor Central ningún propósito político”: minDefensa sobre escalada violenta de las disidencias de las Farc

Colombia vive un escenario complejo en materia de orden público tras la escalada terroristas de las disidencias de las Farc que secuestran, asesinan, extorsiona y cometen otros delitos en los territorios. Para el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, todas las acciones de disidencias de las Farc, llamadas Estado Mayor Central, se deben a los operativos que ha ejecutado en su contra la fuerza pública y que han afectado sus finanzas criminales.

“Este es un fin puramente económico porque han sido golpeadas esas estructuras en sus finanzas ilegales, acción que viene desarrollando en los puntos que examinamos en materia interdicción de cocaína, pero también de la incautación de insumos, la manera como viene operando la fuerza pública cerrando espacios para la sacada de producción y salida de la droga”, dijo el ministro Velásquez.

Añadió que las acciones de la fuerza pública “los ha inquietado y los ha hecho reaccionar para pretender que la fuerza pública disminuya su accionar de un lado, porque de otro lado en la pretensión lo que viene haciendo el Estado Mayor de que se pacte con ellos un cese al fuego tiene justamente la pretensión que no se continúen afectando las finanzas criminales y se disminuya la presión que efectivamente se ha venido haciendo desde la fuerza pública”.

Agregó el ministro que “no hay en esas acciones Estado Mayor Central ningún propósito político, la manera como ha venido desarrollando las acciones contra las comunidades y su finalidad fundamental es el enriquecimiento a partir de estas actividades vinculadas con las economías ilícitas”.

La ley del monte

SEMANA reveló, en su edición impresa, cómo las disidencias de las Farc están imponiendo sus reglas de convivencia en al menos cinco departamentos, en donde les dicen a los pobladores a qué horas se pueden movilizar, a qué límites de velocidad deben transitar, dónde los motociclistas deben circular con o sin cascos, los vehículos con los vidrios abajo y cómo los campesinos son carnetizados.

Sobre estas denuncias, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, dijo que se ordenó replantear la estrategia militar y policial en los territorios.

“Yo recibí esa información de comportamientos que están demandando las disidencias en algunas partes del sur del país, eso ya lo evaluamos con el ministro de Defensa Nacional y hemos tomado la decisión de replantear y recomponer la estrategia militar y policial”, aseguró el general Salamanca.

SEMANA reveló documentos de inteligencia que muestran cómo las disidencias están regadas con cerca de 4.000 hombres en los departamentos de Meta, Caquetá, Huila, Cauca y Valle del Cauca, quienes ordenan diferentes acciones criminales, como el cobro de vacunas.

El descaro de estas organizaciones ha llegado a tal punto que, como se muestra en las imágenes, han puesto vallas en las que notifican a los pobladores las normas de convivencia que deben cumplir, sustituyendo al Estado y a las fuerzas militares y de policía.

Para ser identificados, los motociclistas no pueden ir con casco, los vehículos deben transitar con los vidrios abajo, se prohíben carros con carpas, a los comerciantes de ganado se les prohíbe moverse entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., entre otros.

Otro de los asuntos graves que conoció este medio es la cooptación de las disidencias de las Farc, a punta de fusil, de las juntas de acción comunal. A través de estas organizaciones sociales, los criminales tienen pleno control y censo de los pobladores de las veredas. Para ingresar a los territorios, los pobladores tienen que presentar el carné de afiliación de la junta, deben asistir obligados a las reuniones que convocan las disidencias, en las que dan instrucciones sobre el pago de “impuestos” (extorsiones) y, además, tiran línea sobre cuáles candidatos deben ser apoyados en las próximas elecciones del mes de octubre.

En los informes que conoció SEMANA, se puede establecer que las disidencias Estado Mayor Central de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, desplegó una de sus más sanguinarias facciones para dominar el territorio en los departamentos antes mencionados. Se trata de la estructura Jorge Briceño, que está bajo el mando de alias Calarcá, quien ha sostenido varias reuniones con el comisionado de paz, Danilo Rueda, en búsqueda, supuestamente, de la ‘paz total’.

La Jorge Briceño se divide en cuatro facciones que se extienden a lo largo de los departamentos de Meta, Caquetá, Huila, Cauca y Valle del Cauca, donde tienen continuos enfrentamientos con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, (en diálogos de paz), que busca el control del territorio con las estructuras de los Comandos de Frontera y Acacio Medina.

Por debajo de Márquez, y quienes dan las órdenes, se encuentran como coordinador de comisión, el Zarco Aldinever; como coordinador logístico, Nelson Robles, y en otros niveles Walter Mendoza, alias John 40, y Andrés Araña.

La presencia de las disidencias de las Farc en los municipios, así como las cifras disparadas en materia de secuestro y extorsión en el país, desmienten el positivo balance que en materia de orden público entregó recientemente el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El secuestro se incrementó en un 90 % y pasó de 154 casos, el año anterior, a 293, este año. La extorsión tuvo 1.348 casos más que en el 2022, para un incremento del 34 %. En el 2023 se presentaron, a junio, 5.259 hechos.

El líder social Raúl* ―quien pidió que se le cambie su nombre por seguridad― aseguró que las cosas en las regiones son a otro precio. Hoy por hoy, por la ausencia de la fuerza pública, la falta de operaciones militares contra las disidencias, se están volviendo a ver escenas de cuando la guerrilla de las Farc estaba activa, que era la que mandaba en los territorios y no las autoridades legalmente constituidas.

El líder social, que ve cómo se desmoronó la seguridad en los territorios, le entregó a SEMANA uno de los panfletos en los que las disidencias imponen tarifas para el pago de servicios de agua, imponen una multa $ 50.000 y $ 500.000 a quienes no asistan a las reuniones; y cómo la junta de acción comunal tiene que enviar un listado a la estructura criminal de las personas que incumplan con las normas fijadas por ellos.

Lo revelado por Raúl* y los documentos en poder de SEMANA son muy distantes de la realidad que presentó el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en su rendición de cuentas del primer año de gobierno, en la que, según dijo, el manejo del orden público en el país va por buen camino.

El ministro de Defensa reconoció en su rendición de cuentas que hubo disminución de capturados de integrantes de grupos armados ilegales, al pasar en 2022 de 6.875 a 4.730 en 2023: una reducción del 32 %.