No hay una ruta clara para mitigar la trata de personas en Cartagena, según la Procuraduría

La trata de personas es un delito que azota a cientos de personas en el mundo y Colombia no es la excepción. La situación en nuestro país es lamentable, razón por la cual la Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades regionales trabajar para combatir este delito.

El desalentador panorama del país quedó en evidencia gracias a un informe que presentó la Procuraduría, en el que dan cuenta como están las principales ciudades frente a la trata de personas.

Una de las ciudades más afectada por este delito es Cartagena. El Ministerio Público aseguró que en la capital de Bolívar no hay una estrategia establecida para luchar contra la trata de personas, por lo que los delincuentes cada vez encuentran más víctimas.

En cuanto a los departamentos, la situación más compleja por la trata de personas se vive en Risaralda, Nariño, Quindío, Cesar, Sucre, Valle del Cauca y Amazonas, donde se reportan más de 83 % de los casos de explotación sexual.

Procuraduría y Fundación Renacer firman convenio para luchar contra la trata de personas

En un paso significativo hacia la lucha contra la trata de personas que afecta a niñas, niños y adolescentes en Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Fundación Renacer han establecido un acuerdo de voluntades.

Esta asociación tiene como objetivo combatir este flagelo, en línea con el convenio de cooperación internacional para la protección de la infancia llamado Child Protection Compact, firmado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

El acuerdo forjado permitirá la unión de fuerzas, aprovechando las competencias del Ministerio Público, en consonancia con los compromisos adquiridos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

De acuerdo con la Procuraduría, la elección de la Fundación Renacer, como una de las organizaciones de la sociedad civil para implementar esta alianza, destaca su relevancia en la lucha contra la trata de personas, especialmente en modalidades como mendicidad ajena, explotación sexual en contextos de viajes y turismo, y entorno digital. Además, se enfocará en brindar atención integral a las víctimas de este delito.

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, expresó su agradecimiento al Departamento de Estado de Estados Unidos por su apoyo en esta causa. Enfatizó que el objetivo es lograr la eliminación de la trata de personas, especialmente cuando afecta a menores de edad.

“Hay que reconocerle y agradecerle al departamento de Estado de Estados Unidos el apoyo que está haciendo en este trabajo. La idea es hacer esa alianza de cooperación para lograr la eliminación de la trata de personas, sobre todo la afectación a niños, niñas y adolescentes en Colombia”, enfatizó la procuradora Cabello Blanco.

Colombia contra la trata de personas

En junio pasado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, presentó el informe anual de trata de personas 2023. Este informe evalúa los esfuerzos de más de 180 países, incluido los Estados Unidos, en la lucha contra la trata de personas.

Colombia fue clasificada como nivel 1, haciendo parte del grupo de países que cumple los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Este informe compila la información sobre los esfuerzos gubernamentales contra la trata de personas y evalúa los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo para combatir este delito, destacando las estrategias más relevantes para hacer frente a esta manifestación de la delincuencia organizada, prevenir el delito y proteger a las víctimas.

El informe concluye que Colombia cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y sigue demostrando que emprende esfuerzos serios y sostenibles anti trata. Adicionalmente, resalta las principales acciones adoptadas por el Gobierno Nacional y precisan una serie de recomendaciones y observaciones con el propósito de reforzar las estrategias y programas nacionales dispuestos para enfrentar el delito de la trata de personas, atender a las víctimas del delito, así como la necesidad de fortalecer los procesos de investigación, judicialización y los sistemas de información.