No hubo pruebas de favorecimientos a hijos del expresidente Uribe en Zona Franca de Mosquera

El Consejo de Estado acaba de pronunciarse sobre un tema que llevaba varios años en estudio. No se encontraron pruebas de haber violación a la moralidad administrativa en el caso de los hijos del expresidente Uribe. En Sala Plena Contenciosa –confirmó el Consejo de Estado– derrotaron la ponencia del magistrado Montaña.

Los hechos se refieren a la Zona Franca de Occidente, ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, e involucran los lotes San Laureano y El Paraíso, cuyos dueños son los Uribe Moreno. Adquiridos mediante una fiducia en 2006, año en que su papá consiguió un apabullante resultado en las urnas que confirmó su reelección como primer mandatario, dos años más tarde serían declarados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como Zona Franca Permanente.

El Consejo de Estado advierte que: “para que se entienda vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa, además de verificar el elemento objetivo del acto que se presume contrario a ese principio constitucional, el juez debe valorar si en la conducta del servidor público concurren criterios de naturaleza subjetiva que demuestren el desconocimiento del interés general y los propósitos del servicio público, con fines de favorecer intereses privados durante el desarrollo de actuaciones administrativas”.

Ese criterio fue reiterado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado al confirmar un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se negaron las pretensiones de la demanda de acción popular tendientes a obtener la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Para el demandante, el mencionado derecho se habría desconocido por las presuntas irregularidades en las que la DIAN y la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, incurrieron en la declaración de la Zona Franca Permanente de Occidente y la autorización del usuario operador “Zona Franca de Occidente S.A.”. Según el accionante, las entidades demandadas privilegiaron los intereses de quienes pretendían dicha declaración en unos lotes ubicados en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, propiedad de los hijos del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La sucesión de acusaciones llevó en 2011 a Felipe Zuleta Lleras a interponer una acción colectiva que pretendía la protección del derecho a la moralidad pública que, según él, se violentó con la autorización y puesta en marcha de la Zona Franca de Occidente.

Zuleta Lleras pedía echar para atrás la decisión, ya que consideraba que los Uribe Moreno fueron favorecidos por ser hijos del entonces presidente. La acción se emprendió en contra de la DIAN, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y los ministerios de Hacienda y Comercio, Industria y Turismo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció del fallo en primera instancia y en sentencia de septiembre de ese mismo año negó las pretensiones de la acción popular.